Sin haberlo visto venir, el decreto de ahorro energético se ha convertido en un foco de desgaste político para el Gobierno español de Pedro Sánchez, por las acusaciones de falta de diálogo que provienen de comunidades autónomas de distinto signo, y por las dudas técnicas a la hora de aplicar las medidas que entrarán en vigor de manera inminente, este miércoles. A todo ello se le suma ahora una sensación de improvisación. La vicepresidenta española y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha rectificado su agenda in extremis, y ha convocado para este lunes una reunión con los consejeros autonómicos, en la que participará ella misma. Esa reunión sustituye a la que iba a celebrarse el martes y que iba a tener carácter puramente técnico, con el responsable del instituto de ahorro energético estatal como interlocutor. Ribera da mayor rango al encuentro convocando la conferencia sectorial, ante las críticas de falta de diálogo, pero el decreto ya está publicado en el Boletín Oficial. El diálogo llega después de su aprobación y el margen es ahora mucho más limitado.
El Gobierno español lanza dos mensajes y está por ver qué quiere decir. Por un lado, subraya el carácter obligatorio del decreto ante los conatos de insumisión desde la presidencia madrileña de la popular Isabel Díaz Ayuso, cuyo ejecutivo había pedido por carta a Ribera que fuera ella quien diera la cara. En ese sentido, la ministra afronta la cita con el objetivo de “garantizar el cumplimiento del real decreto ley”, y el único punto del orden del día recoge “la aplicación” de ese decreto. La voluntad es “alinear las políticas de ahorro energético de todas las administraciones con el objetivo de garantizar el cumplimiento del real decreto ley”. Pero, por otro lado, la ministra Reyes Maroto deja caer que el decreto tiene la flexibilidad necesaria para atender demandas. La duda es si puede haber más excepciones o matices, como ocurrió con la temperatura en los bares, sin necesidad de tocar el decreto. Por tanto, la duda radica en si “alinearse” significa que todos se limiten a aplicar lo que ya se conoce, o bien consensuar y coordinarse.
Ribera será quien presida la cita, junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. La propia Maroto trató de justificar este domingo el cambio en la reunión con el argumento de que el PP había generado “confusión” acerca de este decreto, sobre todo, con las críticas de Ayuso. El PP pide ahora una conferencia de presidentes. Es ahí donde se ha desplazado el foco del conflicto, una vez que el Gobierno vasco ha dejado claro que aplicará la ley por mucho que hubiera querido que las cosas se hicieran de otra forma y tenga su propio plan.
Sin rectificar
El Gobierno español trata de proyectar que no da un paso atrás y no rectifica. Y que la decisión de flexibilizar la temperatura del aire en los bares y restaurantes tampoco es una rectificación. El Ministerio de Ribera sostiene, y es cierto, que el decreto ya recogía que los umbrales de temperatura debían ajustarse para cumplir con la legislación laboral. Ese punto se recoge en el artículo 29 del decreto, lo que ya parecía anticipar que podría modularse la temperatura de 27 grados de aire acondicionado y de 19 grados de calefacción. Pero no es menos cierto que hasta el viernes nadie del Gobierno español había dado un paso al frente para concretarlo ni para decir que estaba hablando de 25 grados en recintos como los bares y restaurantes. Y tuvo tiempo de hacerlo, porque autoridades como el Gobierno vasco ya habían puesto de manifiesto los problemas para aplicar el decreto de manera general.
Si nada vuelve a cambiar a última hora, ese será el último matiz que acepte el Estado, que sabe que tiene la sartén por el mango al haber planteado un decreto ley obligatorio de cumplir. Se someterá a votación a finales de mes en el Congreso, donde el Gobierno español no tiene mayoría.
Ribera ha convocado a las comunidades y ayuntamientos (la Federación Española de Municipios y Provincias), para “aclarar dudas” sobre el decreto 14/2022 para reducir la dependencia energética del gas ruso. En la reunión telemática, se propone que las instituciones den “ejemplo” a la ciudadanía y se puedan “alinear las políticas” con el objetivo de ahorrar un 7% del consumo, como se le prometió a la Unión Europea. Lo que no parece que permita el Gobierno español es que ese objetivo del 7%, o incluso uno más ambicioso, se pueda hacer recurriendo cada cual a sus propias vías.
Los escollos
La reunión parece concebida para que las comunidades no puedan alegar desconocimiento del plan. Quedan dudas sobre la seguridad jurídica a la hora de aplicar las sanciones de entre 60.000 y cien millones, que se remiten a una ley de 1992 y no aparecen como tal en el decreto. Sobre el apagón de los escaparates a las 22.00 horas, el Gobierno vasco ha pedido hacerlo compatible con la seguridad de las mujeres en las calles, y Ayuso, por su parte, amagó con la insumisión, pero pensando en criterios económicos y de atracción del turismo.
"Sin excusas"
Ribera ha dicho este domingo que “no valen excusas de incomprensión, de incumplimiento, ni de falta de conocimiento”, y que la responsabilidad del Gobierno español es “facilitar el cumplimiento”. Maroto recalcó: “Vamos a clarificar todos los puntos, la norma se tiene que cumplir y las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares. Las excusas, que son muchas, no sirven”. Abogó por cumplir el decreto “en sus términos”.
El Gobierno español trata de defenderse de las acusaciones de ausencia de diálogo asegurando que envió una carta a finales de julio a los representantes autonómicos, pero el PP recuerda que solo hablaba de medidas en la administración pública.