La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado partidaria este martes de que los ciudadanos puedan acceder con la nueva Ley de Secretos a documentos que hasta ahora eran confidenciales, como los relativos al GAL o los que afectan al intento del golpe de Estado del 23-F.
En una visita a la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER), en la Base Aérea de Torrejón, Robles ha sostenido que la nueva Ley de Información Clasificada impulsada por el Ejecutivo es "absolutamente necesaria" porque la actual data del año 1968 y era una reclamación de la OTAN y la Unión Europea.
A su juicio, es bueno que la sociedad pueda conocer hechos de su pasado, como los sucesos relacionados con el GAL, un asunto en el que ha recordado que ella misma tuvo oportunidad de trabajar siendo secretaria de Estado del Ministerio de Interior en los años 90.
"Ayuda al conocimiento, la transparencia", insiste, adelantando que la ley podrá ser reformada durante el trámite parlamentario para aunar el mayor consenso posible. "Se aceptarán todas las enmiendas que sean razonables", ha dicho sobre las críticas que ya han adelantado otros partidos.
La ministra ha insistido así en sumar apoyos a esta reforma porque "responde a los principios esenciales de cualquier democracia" y sitúa al Estado español en "los parámetros de otros países europeos". Sin embargo, no ha querido entrar en el detalle sobre la posibilidad de rebajar el número de años necesarios para la desclasificación de documentos.
ROBLES Y GRANDE-MARLASKA PREVÉN TESTIFICAR POR EL 'CASO PEGASUS'
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avanzado este martes que su intención y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es la de declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Pegasus' por escrito, como ya lo hiciera en su día el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
"Nuestra idea es hacerla por escrito porque la ley permite esa posibilidad (...), queremos colaborar plenamente con la Justicia", ha señalado Robles a su llegada a la base de Torrejón de Ardoz a preguntas de los periodistas. En todo caso, ha insistido en que ambos, como perjudicados por el espionaje, "poco" pueden aportar a la causa.
Robles ha deseado que se pueda esclarecer quién invadió sus terminales con ese software y ha añadido que confía en que el magistrado José Luis Calama llegue "hasta el final" para dar con el autor material del espionaje, aunque ha reconocido que será difícil.
Fuentes jurídicas indican que el juez prevé ofrecer a Robles y Grande-Marlaska tres opciones para su testifical: la presencialidad, la declaración por escrito o la declaración por medio de videoconferencia.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Pero esa citación llegará, añaden, después de que el Consejo de Ministros de luz verde a su petición de desclasificación de asuntos declarados como secreto. Sólo entonces se buscará en el calendario fecha, y estas mismas fuentes, creen que será ya en septiembre.
Fue el pasado 28 de julio cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 acordó esa declaración en calidad de testigos de ambos ministros. En una nota informativa, informaba que debía dirigirse suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que procediera a desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados por dichos testimonios.
La decisión de citar a Robles y Grande-Marlaska llegaba a la vista del contenido de las declaraciones testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario de este organismo número 7613 --que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado-- y del ministro Bolaños.
REVELACIÓN DE SECRETOS
El juez Calama empezó a investigar el 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
En esa primera resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, 'software' espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".
Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.
En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".