El BOE publica hoy las medidas sociales del nuevo decreto ómnibus que ha acordado el gobierno español con Junts y que ahora dice el PP que también apoyará en el Congreso. Medidas que incluyen las ayudas para los afectados por la DANA, la subvención al transporte público, la revalorización de las pensiones así como la moratoria que impide los desahucios de familias vulnerables y un sistema de avales y garantías para propietarios e inquilinos.
Sin duda alguna la medida que más controversia ha generado ha sido la moratoria antidesahucios que la derecha está usando para acusar al gobierno de Sánchez de fomentar la okupación. Las plataformas y asociaciones que luchan por los derechos de los inquilinos vulnerables denuncian esa demagogia y acusan a los partidos de la derecha de irresponsables y de hacer demagogia barata.
En ONDA VASCA, la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García que afirma que mienten de forma descarada porque estas personas no tienen nada que ver con los okupas que entran en las casas de particulares. En este sentido recuerda que la ley cuya actualización publica hoy el BOE ha impedido el desahucio de 57 mil familias y que en los municipios tensionados de Gipuzkoa como son Irun, Renteria y Donostia 83 familias estaban en riesgo de quedarse en la calle de no haberse aprobado el decreto.
"El PP miente"
Por eso considera que el PP, Junts y Vox han realizado un ejercicio de "irresponsabilidad". "Estas personas se iban a ver abocadas a dormir en la calle por esta irresponsabilidad", denuncia. "El PP conscientemente está mintiendo y hace demagogia barata. En los decretos ley de escudo social venía un apartado en que se decía que los que tienen contrato e alquiler si no pueden pagar por vulbnerabilidad acreditada ante un juez su desahucio se suspendía. No se les puede tildar de inkiocupación. Esto se ha venido haciendo sin problema", explica.
Acusa además al PP de mentir "de forma descarada". Asegura que los caseros "no están desamparados ni desprotegidos", matiza. "La moratoria no perjudica al pequeño propietario que alquila la vivienda" y recuerda que en el mercado del alquiler algunos propietarios han seguido la senda de la especulación de los fondos buitre y los grandes tenedores con alquileres que superan los 1000 euros.
"Cuando un casero particular que necesita ese cobro del alquiler y no está especulando el propio juez garantiza esas rentas que no percibe y se las paga el Gobierno vasco", aclara. "Nosotros tenemos gracias a la ley de Vivienda vasca el sistema Bizigune", recuerda y afirma que incluye un seguro de alquiler por el que el Gobierno se compromete a pagar el alquiler a los caseros y a rehabilitar viviendas".
No son okupas
"Estas familias no son okupas que dan la patada en la puerta y okupan viviendas. Son inquilinos que tienen un contrato de alquiler que no pueden pagar o que tienen el contrato finalizado y el casero no quiere renovarlo", insiste. Y añade que incluye un segundo supuesto. "Este decreto que hoy entra en vigor dice que aquellos inquilinos que no tengan contrato de alquiler con una necesidad extrema probada, informe de servicios sociales, que están en paro con menores a su cargo, víctimas de violencia machista, dependientes o con dependientes a su cargo y ocupan una vivienda vacía cuyo propietario es un gran tenedor no un pobre casero, si lo demuestran ante el juzgado, están protegidos por el escudo social desde hace años".
"Lo que se hace demagogia es cuando se mezcla con delincuentes que dan la patada en puerta y okupan viviendas de particulares. A esos que les caiga el peso de la ley", sentencia.
Drama social
Rosa García recuerda que estamos ante un verdadero "drama social" por las dificultades de acceso a la vivienda. Básicamente recuerda que no hay viviendas suficientes ante la demanda existente ni en Euskadi ni el Estado. "El parque público de viviendas de Euskadi es insuficiente y obsoleto. Hay un desfase tremendo. Por mucho que se empeñen en buscar debajo de las piedras, lleva tiempo. Las familias no pueden pagar el alquiler", afirma. Pide al Gobierno vasco que aplique la ley de vivienda estatal para parar a los grandes tenedores y que se ponga freno a la especulación con los pisos turísticos.
Ha señalado que las 83 familias vascas que habían perdido la protección con las que ha contactado esta semana "lloraban cuando les dije que el escudo social había sido tumbado". "La lista de demandantes es inmensa. Y esta situación de drama social lo saben los trabajadores sociales que emiten un informe de esa vulnerabilidad. Y además el juez debe pedir a los ss sociales un informe de vulnerabilidad que lo acredite. No son delincuentes sino vulnerables", insiste.
"Tengo 76 años, he vivido mucho y he visto la falta de solidaridad y empatía", lamenta y considera que nos hemos convertido en una sociedad "injusta".