La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, se ha emocionado casi hasta las lágrimas este viernes al denunciar la "criminalización" que sufren las "madres protectoras", muchas de ellas separadas de sus hijos por sentencia judicial.
Ha sido al concluir la presentación de un informe sobre "violencia institucional contra las madres" y el síndrome de alienación parental en la sede del Ministerio de Igualdad, donde Rosell se dirigía a varias de estas madres, que temen que sus hijos sean maltratados por los padres.
Rosell: "Hay mucho dolor ahí detrás"
"La verdad es que era difícil escuchar y mantener un poco la serenidad porque hay mucho dolor ahí detrás", "siento emocionarme, es muy poco institucional por mi parte", ha reconocido la delegada del Gobierno antes de garantizar a esas madres que desde Igualdad están haciendo todo lo posible para que sepan que no están solas.
Dos días después de que un tribunal italiano negara a Juana Rivas la custodia del menor de sus dos hijos, que deberá permanecer en Cerdeña con su padre, Francesco Arcuri, Rosell ha agradecido el trabajo de todas las personas que acompañan a estas madres, de abogadas a psicólogas.
Espiral de desacreditación: "Se os trata de locas"
Y ha denunciado la "espiral de desacreditación civil" en la que se encuentran estas mujeres -"porque se os quita la custodia"- y de "desacreditación penal y criminalización", llamadas "secuestradora, desobediente, resistente".
Tras criticar también el papel de los medios de comunicación en algunos de los casos, ha lamentado que en muchas ocasiones se trate a estas mujeres de "locas" y que su discurso, ante esa espiral de desacreditación, tenga cada vez menos credibilidad.
Violencia institucional
Rosell ha puesto en valor el trabajo de fiscal de sala de violencia sobre la mujer y ha recordado que Igualdad ha incluido por primera vez la "violencia institucional" en la estrategia estatal para luchar contra las violencias machistas, asumiendo que es difícil luchar contra ella.
"En la mayoría de los casos lo que detecto es negligencia, falta de diligencia institucional; y una vez cometida autodefensa, que a veces llega a extremos que parecen de casi venganza institucional contra quien se ha rebelado y está poniendo de manifiesto las costuras del sistema".
Un falso síndrome
El informe de la Universidad Complutense de Madrid encargado por el Ministerio de Igualdad sobre la aplicación del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en el Estado cuestiona a jueces, fiscales y psicólogos de alegar esta práctica, que carece de consenso científico, en detrimento de las madres en procesos de violencia de sexual o de violencia de género contra menores.
Concretamente, el trabajo señala que un 92% de las resoluciones judiciales dictadas en casos de violencia contra menores --ya sea sexual o su implicación en casos de violencia de género-- son contrarias a la voluntad manifestada por estos durante el proceso judicial.
Tal y como han indicado las expertas, este síndrome se menciona principalmente en procesos de litigios de custodia y está presente en muchos casos en los que también hay denuncias por violencia machista.
El SAP fue formulado por un forense estadounidense y está, según han destacado las investigadoras, "repetidamente desacreditado" principalmente por la "falta de rigor científico de sus formulaciones", como por "los puntos a favor" de este forense sobre "la pedofilia y la violencia machista". Según esta formulación, aparece en los procesos de custodia cuando los niños muestran rechazo hacia un progenitor --según el forense, mayoritariamente el padre-- es debido a la alienación del otro progenitor --mayoritariamente las madres-- que crean "falsas memorias" en el menor "instrumentalizándolo" y "obstaculizando la relación".
Estudio estatal
En este contexto, el estudio indica que, de las 63 sentencias penales estudiadas, 38 correspondían a denuncias por violencia sexual de niños mayores de 8 años y en un 24% de ellas se ha registrado una "presencia clara" de aplicación del SAP; mientras que en las 40 sentencias civiles este porcentaje se eleva al 50%. En cuanto a los 47 expedientes analizados, el SAP se aplica en 14 de ellos y en las entrevistas realizadas a madres con hijos en primera infancia se ha hallado en el 86% de los testimonios.
Las expertas han explicado que el uso de este síndrome se produce tanto si la madre ha denunciado en solitario, como si lo hace en colaboración de servicios sociales, médicos o psicológicos. Según ha indicado una de las investigadoras, Marta Pérez, el SAP se suele aplicación en valoración de la "incredibilidad subjetiva de los niños y a los posibles motivos espúreos de las madres".
Patrón basado en estereotipos
Su compañera en este trabajo Débora Ávila, ha apuntado, además, a un "patrón en el sistema jurídico" que se basa en los "sesgos de género, prejuicios y estereotipos" en relación a las mujeres, la maternidad, la paternidad y la familia. Principalmente, se tiene una imagen de las mujeres de "celosas", "vengativas", "sobreprotectoras" o "instrumentalizadoras", según señala Ávila, antes de señalar que en el caso de las familias lo que se hace es "desplazar la violencia" denunciada, en este caso la violencia sexual en su mayoría, tras "un conflicto familiar".
Ávila ha denunciado que el relato de los niños o adolescentes, independientemente de que llegue con informes periciales, pasan a "un segundo plano cuando se identifica una supuesta motivación espúrea de la madre".
"En todos los casos analizados, estos desaparecen en pro de la hipótesis de la manipulación materna", ha apuntado. Según ha explicado, en un 34,6% de los casos civiles el cuestionamiento del testimonio del niño es "directo" y solo en un caso se determina que se cree al menor, aunque se habla de una supuesta influencia materna.
La temprana edad es otro de los argumentos que, según el estudio, se argumentan para desacreditar a los menores, así como el uso de estereotipos sobre violencia sexual.
Condena a las madres
Las expertas denuncian la aplicación del SAP en estos casos que dan por hecho la figura de la madre manipuladora y, por tanto, que esta es un peligro y genera sufrimiento a su hijo. Esto lleva a que en un 78% de los casos estudiados el padre obtenga en algún momento la custodia exclusiva o compartida del menor y que en un 65% de ellos la madre pierda la custodia en favor del padre. Además, la patria potestad se ha retirado para la madre en el 20% de estos casos, frente al 3% de los padres.
El estudio denuncia así a la imposición de "medidas tendentes a limitar el contacto con la madre". Mientras que en un 10% de los casos se dicta una orden de alejamiento contra el padre cuando está abierta una causa por violencia sexual, en el caso de las madres son un 36% las medidas dictadas por juzgados que han supuesto la privación del contacto de sus hijos temporalmente, en periodos que van de los 6 meses a los 4 años. Además, un 33% han visto reducido su contacto a visitas tuteladas.
Jueces y fiscales
En este contexto, el estudio alerta de la "no admisión de pruebas", "tratamiento desigual de testimonios", "desatención de informes médicos y psicológicos" o la "no argumentación adecuada" por parte de los magistrados. También rechazan la investigación de la Fiscalía en estos casos.
Así, señalan que en ocho de sus informes se invoca el SAP, en tres se hace de forma explícita, en uno se oponen a medidas de protección para el menor, en tres se duda de la credibilidad del niño, en una se interpreta la denuncia de la madre como un riesgo para sus hijas y en dos se hacen referencia a teorías relacionadas con el SAP.
Pero, según el trabajo, este síndrome también entra en los procesos a través de los informes psicosociales. De hecho, en un 78,5% de los casos analizados había, al menos, un informe que invocara este síndrome.
Redirigidas a terapia
Esta aplicación, además, lleva hacia un diagnóstico de salud mental basado, a juicio de las investigadoras, en estereotipos que equiparan el sufrimiento de la madre con su incapacidad maternal. Además, ha indicado que se "desplaza" el contenido de la denuncia por violencia "hacia el marco del conflicto de la familia". "Una vez aparece el SAP, desaparece la exploración de la violencia sexual", han advertido.
Y fruto de ese desplazamiento supone que en diversas resoluciones se imponga la terapia familiar obligatoria o como sugerencia, pero supeditándolo su realización a medidas jurídicas. En este sentido, las expertas señalan que en un 48,6% de los casos las madres han sido obligadas a llevar a cabo procesos terapéuticos "Para normalizar la relación con el padre y modificar su mirada en la relación paterno filial" tras las acusaciones.