Ruth Alonso: "El juzgado y las cárceles estamos en la misma onda que el Gobierno vasco con la reinserción; no habrá conflicto"

Ruth Alonso conoce al dedillo su labor tras dedicarle toda su vida. Controla la labor de la administración y los derechos fundamentales de los presos. Comenzó a finales de 1989, cuando desde Euskadi también se fiscalizaban las decisiones sobre los internos condenados por terrorismo, como los de ETA. El Gobierno de Aznar, incómodo con los pasos hacia la reinserción, dio un golpe sobre la mesa en 2003 y situó el centro de decisión sobre estos reclusos en Madrid, y el juzgado con sede en Bilbao se dedicaría a los presos comunes. Alonso sigue al frente, tras un paréntesis entre 2003 y 2007. Tiene la palabra cuando los presos recurren la denegación de las progresiones de grado de las instituciones penitenciarias, antes competencia del Estado y ahora de Euskadi. La jueza se lo explica a DEIA en su primera entrevista tras el traspaso de Prisiones el 1 de octubre.

El Gobierno vasco apuesta por la reinserción y que la semilibertad suponga un 40%. ¿Va a generar tensión con el juzgado de vigilancia penitenciaria, o va en la línea del trabajo que ha venido desempeñando?

—Hemos tenido sintonía con los equipos de tratamiento de las tres prisiones. Hemos trabajado siempre muy bien. La diferencia que puede haber es que, como el Gobierno vasco está más cerca de lo que estaba Instituciones Penitenciarias (Madrid), yo entiendo que va a estar en la misma sintonía que las juntas de tratamiento de las cárceles. De hecho, técnicos que están trabajando en el departamento de Justicia han estado trabajando en prisión, son muy buenos técnicos y muy reinsertadores. Por eso, creo que no va a haber ningún conflicto porque todos estamos en la misma onda. Sí me gustaría puntualizar que ese objetivo del 40% ya lo tenemos.

¿Qué quiere decir?

—Zaballa tiene 230 presos en prisión que están clasificados. De esos 230, casi la mitad, un 45%, está en tercer grado, bien sea en unidades de tratamiento de toxicomanía o en sus casas, o acudiendo a trabajar y a prisión a pernoctar. En Araba, donde está el grupo más grande de internos, más conflictivo y de condenas más largas, tienen menos en la sección abierta, pero por otro motivo: el grueso son de San Sebastián o de Bizkaia. En Basauri, en interior hay 85, y en la sección abierta o en sus casas hay 189. El trabajo del Gobierno vasco va a ir en sintonía con lo que ya estaban trabajando las juntas de tratamiento y el juzgado de vigilancia. No va a suponer que tengan que arrastrar a las juntas de tratamiento. Lo que va a beneficiar es que hay técnicos del departamento de Justicia que antes trabajaban en prisión, conocen las deficiencias del procedimiento, y van a intentar solucionarlas. Hay que darles un poco de tiempo, pero van a hacer que esto funcione mejor todavía.

¿Cuáles son esas deficiencias?

—La junta de la cárcel hace una propuesta de tercer grado, y un mes, dos, tres o cuatro puede tardar en contestar la Secretaría de Instituciones Penitenciarias (antes Madrid, ahora del Gobierno vasco). Yo entiendo que, como los técnicos del Gobierno vasco saben en qué perjudica eso al interno, lo van a agilizar. Y antes había un centro directivo para todas las propuestas del Estado, es decir, de todas las prisiones, quitando las catalanas. Creo que en eso va a ir más rápido.

¿Desde la dirección de Madrid solían tumbar las propuestas de las cárceles?

—Muchas veces. Por ejemplo, cuando la condena era larga, el centro directivo decía casi siempre que no.

Y ahora, con el traspaso, puede suceder que ese tapón deje de existir.

—Puede pasar que el centro directivo del Gobierno vasco, el Departamento de Justicia, diga que sí a la propuesta de la junta, en cuyo caso va más rápido porque el interno no me tiene que recurrir al juzgado y esperar meses, y hay veces que el interno pierde el trabajo, la plaza, porque la Diputación se la quita. Hay otro problema: sobre todo en Araba, Diputación a principios de año quitó la mitad de plazas de la Comisión Ciudadana Antisida, con la mitad para ciudadanos libres entre comillas. Desde diciembre no habrá ninguna. El Gobierno vasco necesita tiempo para asumirlo en sus Presupuestos.

Teniendo en cuenta que solo hay un juzgado de vigilancia penitenciaria en toda la comunidad autónoma, ¿sería necesario un refuerzo?

—No. Con los años, se ha ido reduciendo el número de presos. Aunque traigan a todos los que están condenados por terrorismo, no dependen del juzgado de vigilancia penitenciaria, sino del juzgado de vigilancia central (en Madrid) desde 2003. Me quedaré con unos 900 presos. Otra cuestión es que hay mucho trabajo no por número de internos, sino por su nivel de demanda: aquí los internos han recurrido más que en otros juzgados cuando el centro directivo de Madrid les decía que no, porque sabían que tenían posibilidades. Hay más volumen de trabajo porque las juntas, el equipo técnico, es más proclive a la reinserción, y el juzgado está en sintonía.

¿El juzgado es más garantista y proclive a la reinserción que Instituciones Penitenciarias?

—Todos los jueces de vigilancia tienen que ser garantistas. La pena tiene distintas finalidades. Hay jueces que le pueden dar prioridad a una y no a otra. Ahí está nuestra discrecionalidad. Para dar un permiso a un interno, la legislación penitenciaria es muy ambigua. Tiene que estar clasificado en segundo grado, tener la cuarta parte de la condena cumplida, y buena conducta. Ahí está el criterio de cada juez, y se tienen en cuenta el entorno social al que vuelve el interno, si intenta reparar el daño causado... y no tanto cuánta pena le queda o cuán larga es. La pena tiene varias finalidades, como la punitiva, pero también la reinserción que destaca la Constitución. He sido siempre partidaria de ella, sin olvidar a la víctima.

¿En qué sentido?

—Si preparas a una persona para salir a la sociedad, le enseñas que ha causado un perjuicio, que no lo tiene que volver a hacer e intentas abordar los problemas que le han llevado a eso, como la toxicomanía o que no tiene trabajo, vas a devolver a la sociedad a una persona capaz de vivir respetando la normativa penal. Si a un agresor sexual lo tienes en prisión hasta el último día de la condena, ¿qué has hecho con él? Nada. Una cosa es que no reconozca el delito, y otra que sienta dolor y se haga la justicia restaurativa con él y la víctima, que intente reparar económicamente el daño, que sienta el dolor que ha sentido la víctima... Soy partidaria, y me consta que el Gobierno vasco, su asesor (Jaime Tapia) y las juntas también. Es cierto que hay internos conflictivos. No puedes ayudar al que no se deja. Y existe un 60% o 70% de enfermos mentales.

¿60% o 70% sobre el total de presos?

—Sí, es un gran problema. No es lo mismo reinsertar a alguien que ha cometido un delito económico, que intentas que se dé cuenta de que no ha sido correcto; que una persona que ha ingresado en prisión por quinta vez, que viene de un entorno asocial, con un problema de alcoholismo o drogodependencia. Hay que trabajar y poner los medios. No se puede decir: no le damos el permiso porque no ha hecho el programa de agresores sexuales, cuando no lo puede hacer porque no hay plazas para ese programa. Es lo que el Gobierno vasco tendrá que abordar con tiempo. Hacen falta más programas para agresores sexuales y violencia de género.

Y, en el caso de los que sí pueden seguir el itinerario de reinserción, ¿qué nivel de reincidencia hay? ¿Verdaderamente funciona y cuando obtienen un permiso y progresiones de grado no reinciden?

—Antes había muchos quebrantamientos, y ahora hay muy pocos internos que durante un permiso cometan supuestamente un nuevo delito. Hay internos que, de repente, quebrantan, porque no saben gestionar los problemas como una persona que está en libertad. Se les muere el padre, les deja la pareja, y no lo saben gestionar, no van al tratamiento de toxicomanía, pierden la acogida o incumplen las condiciones. Lo habitual es eso, y no que se cometa un nuevo delito. En Basauri, donde hay 189 internos en tercer grado, en lo que va de año ha habido 17 regresiones de grado pero, de esos 17, solo tres son por presunta comisión de nuevo delito. En Martutene, donde hay 104, ha habido 14 regresiones, y seis han sido por presunta comisión de delito. Y ha habido 93 progresiones. En Zaballa, 16 regresiones de 102 que están en la sección abierta o en sus casas, pero una o dos por supuesta comisión delito. Y en libertades condicionales, el año pasado, el juzgado dio 218, y se revocaron 18. Hay reincidencia, sí, pero muy poca. Es muy difícil que un penado por delito económico o agresión sexual reincida. Que yo recuerde, en toda mi carrera he tenido uno.

A la hora de conceder estas progresiones de grado, ¿cuáles son los requisitos que se le exigen al preso? En el debate político se habla de perdón y de hacer autocrítica.

—En tercer grado, se tienen en cuenta en el artículo 102.2 la personalidad y su historial, la duración de las penas, el medio social al que retorna, los recursos con los que cuenta... En todos los delitos hace falta que el penado reconozca que ha cometido el delito, y el daño causado. Es más fácil en el delito económico porque el daño es patrimonial. Por eso soy partidaria de aplicar el 100.2, que no es tan abierto como el tercer grado, pero permite ir a trabajar y pernoctar en el centro. Algunos internos han pagado 3.000 euros al mes. Pueden compatibilizar el cumplimiento de la pena con la reparación del daño a la víctima.

¿Cuál es el papel que corresponde a las víctimas en la justicia restaurativa, como en el caso de los encuentros entre presos de ETA y víctimas?

—La ONU considera que la justicia restaurativa intenta solucionar los problemas basándose en que el comportamiento delictivo no solamente viola la ley, sino que también es un comportamiento que está hiriendo a las víctimas. Y a la comunidad. Hay muchas víctimas que quieren hacer el programa de justicia restaurativa y otras que no, y las respeto a todas. Hay otras que quieren venganza. Lo entiendo desde su dolor, pero una pena no es venganza, no es solo punitiva. Se intenta evitar la revictimización, evitar que el agresor no reconozca el delito. Por eso, se pone en un lado a la víctima y en otro al victimario. En Araba se ha hecho con muertes por imprudencia en accidentes de tráfico y asesinatos, y no hablo de delitos de la Audiencia Nacional (ETA). Funciona porque lo que se quiere hacer es que el victimario sienta el dolor que siente la víctima. Me consta que el Gobierno vasco es partidario.

¿Hay margen para decidir de inmediato la prisión domiliciaria para mayores de 70 años y los que sufren enfermedades graves e incurables?

—El problema es que, cuando están incapacitados o hay una problemática psiquiátrica, destrozan el recurso al que van. Hay que pensar en un recurso específico. Hay internos por violencia de género con 70 u 80 años, que no tienen entorno social ni familiar al que volver. Son mayores pero acaban de delinquir. Se puede conceder la libertad condicional, pero no se puede ejecutar porque no hay recurso residencial ni acogida familiar.

Con los presos a los que han aplicado la ley de 2003 que alarga hasta cuarenta años su estancia en prisión, ¿cómo se puede actuar?

—No lo hace el juez de vigilancia penitenciaria, lo hace el sentenciador (juzgado de Madrid). Están las penas que están y hay que cumplirlas, pero creo que no hacía falta alargarlas más. Hay que juzgar no a base de opinión pública, sino a base de criterios judiciales. Cuando un interno tiene a la vista tantos años sin poder moverse, ¿qué va a hacer? Me parece que es contraproducente una condena tan larga. ¿La víctima va a estar más satisfecha con una cadena perpetua? Igual sí, pero creo que la justicia restaurativa es una vía mucho más acorde con su dolor.

¿El juzgado de vigilancia central es más restrictivo que el vasco?

—Su titular, no, pero hay factores que influyen. Cuando hay una Fiscalía que recurre todo y que allí es mucho más punitiva, no se puede hacer mucho.

¿Las declaraciones políticas desde Bildu sobre el daño causado pueden tener algún efecto en las cárceles, en la situación de los presos de ETA?

—Este tipo de internos está muy politizado. Y no tendría que influir lo que diga un partido en un preso, porque la reinserción no funciona así. Las víctimas no son un colectivo. Cuando dentro de mi competencia estaban todos los presos, también los de la Audiencia Nacional, se reinsertaron 300 entre la Secretaría General de Antonio Asunción, el juzgado, las prisiones y las juntas. Asunción ideó la dispersión, porque entendió que era el sistema para romper el colectivo de presos de ETA. Hoy en día ya no tiene sentido la dispersión, porque ETA no existe y porque, cuando ya no tiene razón de ser, no puedes legalmente apartar a un preso de su entorno social, salvo que sea conflictivo y no se le pueda hacer un tratamiento en esa cárcel. Se reinsertaron presos. Tenían que arrepentirse, compensar la responsabilidad económica y se les fue dejando salir, y ha funcionado.

¿Los recibimientos al salir de la cárcel son compatibles con los requisitos para acceder al tercer grado?

—No sé si penalmente se infringe alguna norma, pero moralmente, por el dolor de esas víctimas, hay que respetarlas siempre. Imagínese que un agresor sexual vuelve a su casa y le hacen un recibimiento, y la víctima vive enfrente. Hay que tratar a todos por igual y respetar al vulnerable.

¿Las prisiones vascas tienen capacidad de recibir a los presos de ETA?

—Sí. No tenemos mucha población reclusa y en dos años terminarán la prisión de Zubieta. No solo hay que traerlos a ellos, también a otros condenados por delitos en la Audiencia Nacional si su entorno social y familiar está aquí, porque les va a dar todo a nivel económico y anímico.