El Gobierno español revela conversaciones para la transferencia de la Seguridad Social

El PNV acordó con Pedro Sánchez a cambio de su investidura como presidente español que todas las competencias que recoge el Estatuto de Gernika pasen a manos de las instituciones vascas este año 2025. Y la ausencia de noticias sobre las más delicadas, como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, no quiere decir que no haya conversaciones exploratorias. Las hay. Pero ambas partes han apostado por proteger estas conversaciones en el ámbito de la discreción y, cuando alcancen el acuerdo final, será el momento de exponer ante la sociedad el alcance, el contenido y la forma jurídica de lo pactado. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha confirmado este domingo en Radio Euskadi que hay “conversaciones y diálogos” sobre esa materia y que el Gobierno español “cumple sus acuerdos”.

“El Gobierno de España es dialogante, cumple los acuerdos, es un Gobierno del consenso, de la mano tendida”, dijo, para añadir que hay “muchos trabajos” que se van realizando desde la “discreción” y que, cuando se alcanzan, entonces se dan a conocer “de la A a la Z”. “Efectivamente, hay conversaciones y diálogos en la línea que le acabo de decir”, añadió. El Gobierno vasco ya había insinuado que las conversaciones debían empezar cuanto antes porque es la transferencia más compleja y va a demandar tiempo. Por tanto, el inicio de las conversaciones no quiere decir precisamente que el acuerdo esté al caer, ya que esta materia es muy compleja. 

Pero sí es significativo que el Gobierno español admita en público que hay diálogo, puesto que, hasta hace unos meses, algunos portavoces trataban de relativizar las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre ese traspaso. Sin embargo, a finales de año, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue la avanzadilla de un cambio de tono en los responsables del Gobierno español y reivindicó que el gabinete de Sánchez cumple su palabra. El siguiente peldaño lo ha subido Saiz, reconociendo de manera abierta que hay conversaciones. Y es, además, la ministra del área. Sánchez, a diferencia de lo que ocurría en la legislatura pasada, sí necesita los votos del PNV.

En sede parlamentaria y en septiembre del año pasado, la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, había desvelado la existencia de trabajos preparatorios pero solo por parte del Gobierno vasco. Es decir, reveló que desde las instituciones vascas se estaba trabajando para redactar una propuesta sobre el alcance y contenido que podría tener la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La idea era adelantar al máximo los trabajos desde la parte vasca. Esa propuesta se iba a enviar al Gobierno español antes de que terminara el año, porque es la competencia más compleja y en 2025 tienen que llegar todas. Nada dijo sobre su contenido o sus detalles, para que el Gobierno español no se lo tomara como una deslealtad. Ahora, con 2025 ya iniciado, se daba por sentado que algo tendría que estar moviéndose entre bambalinas. La competencia la asumiría un departamento socialista, la vicelehendakaritza segunda de Mikel Torres.

Solidaridad y respeto al carácter unitario

Hasta que se conozcan los términos en los que negocian ambos gobiernos, se pueden tomar como referencia las fichas de los servicios jurídicos del portal Legegunea, donde se recoge la gestión del régimen económico de la Seguridad Social “dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, mediante la subrogación de las instituciones autonómicas en la posición que ocupa la Tesorería General de la Seguridad Social”. Se citan actuaciones como la inscripción de empresas y la potestad sancionadora; la afiliación, altas y bajas de los trabajadores y potestad sancionadora también en este caso; la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas; la titularidad de los bienes patrimonio de la Seguridad Social en suelo vasco... El Estado mantendrá la competencia para dictar las leyes. La disposición transitoria quinta del Estatuto abre la vía para firmar “los oportunos convenios”, y la primera vez que se activó fue con el traspaso del IMV, pero es una prestación no contributiva no ligada a la caja común ni las cotizaciones.

Migraciones

Una de cal y otra de arena. La ministra Elma Saiz, que también se encarga de las Migraciones, confirmó los avances para que las instituciones vascas puedan autorizar los permisos de trabajo de las personas extranjeras, una transferencia en la que se está “trabajando” y que la socialista defendió de manera activa porque “es muy importante lo que pueden hacer las administraciones más cercanas” y se busca “el mejor servicio al ciudadano”. Lo defendió “sin demagogias ni alharacas, porque lo recoge la Constitución”, y puso como ejemplo de éxito el traspaso del IMV a la CAV, Nafarroa y Catalunya. Pero, por otro lado, dio señales de que el Ejecutivo español se ha enrocado en una única solución para el reparto de los menores migrantes que vienen sin la compañía de un adulto. El Gobierno español insiste en la reforma de la Ley de Extranjería como única vía, a pesar del bloqueo que existe con el PP y aunque tiene sobre la mesa una propuesta alternativa del presidente canario y del lehendakari para hacerlo por otro camino.

Cuando se le preguntó si el Gobierno español tiene un plan B, Saiz dijo que “los movimientos migratorios no van a cesar, España es un país de oportunidades con un modelo antagónico al de los países que trabajan el apartheid, y el Gobierno no va a parar hasta encontrar un acuerdo para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que todas las comunidades autónomas practiquen la solidaridad aliviando a los territorios que tienen una mayor presión”. A su juicio, lo que es necesario es modificar “con seguridad jurídica” la ley. Por tanto, vino a insistir en el mensaje que ya expuso el ministro Torres tras la conferencia de presidentes en Santander: que la vía con mayor seguridad jurídica es la reforma legal, y que el Gobierno español hubiera intentado otra alternativa en el caso de que existiera.

El Ejecutivo español se escuda en que la competencia para acoger a los menores es de las comunidades autónomas, pero esto es así solo en la segunda fase, en la acogida social de los niños y niñas. En la primera fase, las competencias aduaneras en las fronteras son del Estado español, y lo que se le pide es que ponga orden en el reparto entre las comunidades autónomas.