El Departamento vasco de Salud ha defendido que está "quedando claro" la "no responsabilidad" de los altos cargos del Gobierno vasco en el fraude de las OPE de Osakidetza. Asimismo, ha confiado en que el "daño reputacional personal e institucional sufrido por tantas acusaciones por agentes políticos, sindicales y mediáticos, sea superado con el ejercicio siempre riguroso de la responsabilidad de quienes están al frente del servicio público".
La jueza que instruye la investigación por las presuntas filtraciones de exámenes en las oposiciones de 2018 del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza ha prorrogado seis meses más la investigación y ha imputado a nueve personas más, lo que eleva a 20 el número de opositores y miembros de tribunales investigados. Sin embargo, ha rechazado que sean procesados altos cargos del Gobierno vasco, entre los que se encuentra el exconsejero de Salud, Jon Darpón, o la ex directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica.
En este sentido, el Departamento de Salud ha mostrado en una nota su "confianza plena en lo expresado desde el primer momento, en junio de 2018, ante el Parlamento y ante la opinión pública, tanto por los entonces consejero de Salud y directora general de Osakidetza, así como por la siguiente consejera y director general". "Y todos los máximos responsables que les han sucedido este tiempo, en orden a lo acontecido con las pruebas de determinadas especialidades de OPE 2016/17", ha indicado.
Asimismo, ha incidido en que "está quedando claro, dado el proceder de la juez instructora, la no responsabilidad de los máximos rectores de entonces, en aquello que está siendo objeto de investigación".
"De lo cual se deduce también, la pretensión expresada desde el inicio, es decir, que el fin fue el de proceder al desarrollo de un proceso lo más transparente y participado posible que contaba con cláusulas de compromiso de confidencialidad en la elaboración de las pruebas", ha añadido.
Por último, ha indicado que "desde el primer momento", el Departamento de Salud y Osakidetza han mostrado su "compromiso de colaboración con la Justicia para el total esclarecimiento de lo sucedido, en la esperanza de que el daño reputacional personal e institucional sufrido por tantas acusaciones por agentes políticos, sindicales y mediáticos, sea superado con el ejercicio siempre riguroso de la responsabilidad de quienes están al frente del servicio público".