La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, imputada por su papel en la expulsión de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, señaló ante la Fiscalía de Ceuta que cuando se produjo esa devolución no se trató de cumplir con el artículo 192 de la Ley de Extranjería relativo al procedimiento de repatriación del menor extranjero no acompañado sino que se primó cumplir con el Acuerdo con Marruecos -nunca antes utilizado- porque era una "situación excepcional".
La Fiscalía considera que tanto ella como la vicepresidenta ceutí María Isabel Deu pudieron incurrir en un delito continuado de prevaricación administrativa al omitir "de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente".
Durante el interrogatorio del Ministerio Público a Mateos el pasado 13 de diciembre "en calidad de sospechosa", y a cuya transcripción ha tenido acceso Europa Press, Mateos aseveró que en esa crisis migratoria "lo fundamental" era "el bienestar del menor, velar por el mismo", y que en ese caso "se cumplía".
Así, defendió que cumplieron con el artículo 5 del Acuerdo con Marruecos porque "no se vulneraban los derechos del menor". Ese artículo reza que cualquier repatriación de un niño migrante solo debe hacerse "con la observancia estricta de la legislación española, las normas y principios de derecho internacional y de los establecidos en la Convención sobre Derechos del Niño por parte de las autoridades competentes españolas".
"Lo mejor para los niños"
Al hilo, afirmó que "se tuvo en cuenta lo mejor para los niños, que es que estén con sus padres". Y añadió que le constaba que "los niños" llegaron a la frontera con Marruecos y dijeron que querían "volver con sus padres" y "estaban contentos por volver", lo que le produjo "tranquilidad" porque ella sabía que la entrega a las familias estaba "garantizada".
Además, indicó que el trámite de retorno se hizo siguiendo las medidas legales, con informe, tratando de manera individualizada a cada menor. De hecho, sumó, le constaba que el presidente de Ceuta había dictado un decreto para nombrar personal que atendiera a los menores, contratando varias ONG para realizar esos informes.
Cabe recordar que tras la entrada masiva de mayo, las devoluciones de menores arrancaron a mediados de agosto en tandas de quince hasta que se paralizaron. Preguntada por la razón para que esos retornos fueran con esa cadencia, Mateos explicó que se acordó con su contacto de Marruecos que fuera así para poder realizar las devoluciones con menor estancia de los mismos en un centro marroquí intermedio -el de Martil-.
Y al respecto, apuntó que al segundo día de comenzar esas devoluciones se percataron de que algunos de los menores "no lo eran", ante lo cual, la autoridad marroquí les indicó que "si querían pasar no había problema". Pasaron 55 niños de los que seis eran mayores, explicó.
La secretaría de Estado de seguridad
Durante su declaración, Mateos apuntó, además, que fue la Secretaría de Estado de Seguridad la que le informó de que se había llegado a un acuerdo para devolver a los menores, y que sería Marruecos quien los retornaría a sus familias. Afirmó, de hecho, que le comunicaron por escrito el 12 de agosto cómo se ejecutaría ese acuerdo.
Al hilo, recordó que ella se puso en contacto con el cónsul español en Tetuán porque quería asegurarse de que el edificio donde trasladarían en principio a los menores existía y reunía las condiciones necesarias, y que el diplomático le dio cumplida respuesta señalando que era "adecuado".
De hecho, explicó que mantuvo conversaciones con 'el jefe de gabinete de Rincón', la autoridad marroquí con la que trató el asunto, y que le explicó que quería garantía de que los menores iban a ser entregados a sus familias. Éste le explicó "que se iba a personar personalmente controlando la entrega" en la frontera.
La reunión en la frontera
Además, relató, se produjo una reunión entre autoridades ceutíes -asistió la vicepresidenta- y marroquíes en la frontera en la que "se constató que los menores iban a ser entregados a sus padres".
Por otro lado, sostuvo ante el Ministerio Público que ante esta situación "excepcional" nadie en la Consejería o en la Delegación del Gobierno le manifestó su desacuerdo con el procedimiento o que pudiera ser contrario a la ley. Y enfatizó que fue la Ciudad Autónoma de Ceuta la que solicitó que se pusiera en marcha el procedimiento "y cuando se vio que podía haber algún fallo, se paralizó".
Sobre esa paralización, la delegada explicó a la Fiscalía que a ella le constaba por su contacto marroquí que los menores devueltos eran entregados a sus padres, y que de hecho la autoridad marroquí con la que trataba verbalmente este asunto le indicó que estaba "molesto" por la interrupción de los traslados.
Acordado por el Gobierno de España
Por otro lado, en su declaración, Mateos aseveró que las devoluciones de los menores fueron acordadas por el Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Marruecos, y que desde que entraron en mayo a la ciudad de Ceuta ella mantuvo conversaciones al respecto con varias personas del Ejecutivo, entre las que cita al Ministerio de Justicia -en general-, al jefe de gabinete del presidente del Gobierno y a Isabel Valdecabras, quien era jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.
Mateos explicó ante el Ministerio Público que con la primera persona del Gobierno español con la que habló fue con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y posteriormente con el presidente Pedro Sánchez. Afirmó que "se planteó que habían entrado 1.108 niños y había una necesidad urgente de que los niños retornaran con sus padres"