Hace tiempo que las legislaturas en el Estado son impredecibles. Y da la sensación de que los partidos con representación en el Congreso, salvo el propio PSOE, se han preparado para un hipotético adelanto de las elecciones generales para el 13 de octubre, el mismo día en que tendría lugar la repetición de las elecciones catalanas si no hubiera un acuerdo para investir a un nuevo president. Pero, en otros ámbitos, se especula con que el día 13, finalmente, solo haya elecciones en Catalunya. El PSOE quiere dar a entender que le interesa que la legislatura española dure. Algunas encuestas sitúan a sus socios de Sumar en caída libre por su crítica situación interna y alimentan la idea de que Pedro Sánchez siga gobernando, porque una cita con las urnas debilitaría a los aliados que son necesarios para que se mantenga en La Moncloa. En cualquier caso, el futuro solo está en la mente de Sánchez, que durante sus cinco días de retiro ya demostró que es insondable, incluso para los suyos.
Mientras tanto, el Gobierno español actúa con normalidad y comienza a despejar los obstáculos para lanzar los Presupuestos de 2025. A los de 2024 ya tuvo que renunciar por el adelanto electoral en Catalunya. Este mes ha dado, o va a dar, tres pasos en dirección a aprobar las Cuentas. En la práctica, algunos de estos movimientos ya están condicionados por la situación en Catalunya, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades de régimen común. El PP tiene intención de forzar un compromiso con la multilateralidad por parte del Gobierno español, para que no negocie solo con los soberanistas un Concierto Económico para Catalunya a cambio de que ERC respalde la investidura del socialista Salvador Illa como president.
En primer lugar, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio de plazo hasta este lunes, 8 de julio, para que las administraciones le trasladaran sus necesidades. Y el lunes de la semana siguiente, el día 15, se reunirá con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el foro donde se pacta la senda de déficit y deuda para los territorios de régimen común que no tienen autonomía fiscal como los territorios forales vascos. El problema radica en que las comunidades del PP (y no sería descabellado que también alguna del propio PSOE, como Castilla-La Mancha) le van a pedir que aclare sus intenciones sobre la financiación singular catalana y que ese sistema se aborde en los órganos multilaterales con todos los territorios, y no a puerta cerrada con los soberanistas. El PP quiere forzar que esta cuestión se introduzca en el orden del día.
Levantar la capacidad de veto del Senado
El techo de gasto que pueda establecer el Gobierno español, de todos modos, quedaría en papel mojado otra vez en el Senado porque el PP se lo tumbaría con su mayoría absoluta, y eso supondría un serio problema para aprobar los Presupuestos. De ahí que se haya incorporado una enmienda en la Ley de Paridad para privar al Senado de esa capacidad de veto. Aquí entran varias cuestiones en juego. Por un lado, que el Senado pueda tumbar el techo de gasto es una anomalía dentro del sistema parlamentario español, porque ninguna otra ley tiene que lograr la autorización de los senadores. La Cámara de representación territorial solo puede enmendar y devolver los proyectos al Congreso, pero el apoyo de esta última Cámara basta para que una ley vea la luz, con independencia del sentido en el que se hayan pronunciado previamente los senadores.
Fue Mariano Rajoy quien introdujo en 2012 esta capacidad de veto para el techo de gasto, cuando gobernaba con mayoría absoluta, y ahora es un caramelo en manos del PP porque le da capacidad para desestabilizar la legislatura. Pero, por otro lado, el Gobierno español vuelve a incurrir en una técnica legislativa que genera dudas, ya que los objetivos de la Ley de Paridad tienen poco o nada que ver con el marco de estabilidad presupuestaria. De ahí que el PP se haya aferrado con uñas y dientes al informe de los letrados del Senado que cuestiona esta enmienda y ha apelado a la doctrina del Tribunal Constitucional. En principio, el Senado votará la ley con la enmienda el 17 de julio. Si es rechazada, la aprobará el Congreso.
En paralelo, este mismo mes de julio es el que está llamado a despejar la situación en Catalunya en dirección a una investidura o a una repetición electoral. Y también ahora, el Gobierno español quiere sondear a ERC y Junts sobre los Presupuestos estatales para comprobar si hay agua en la piscina y le merece la pena presentar las Cuentas a finales de septiembre o principios de octubre. Sánchez necesita también a otros socios como el PNV, que de momento guarda silencio, y EH Bildu. Ambos partidos vascos ya amarraron un paquete de compromisos para las Cuentas de 2024, las que finalmente no se presentaron. En ese momento, la ministra Montero confirmó su disposición a retomar las conversaciones en otoño allí donde las habían dejado. En el caso jeltzale, estaba sobre la mesa la tasa de reposición vasca y un límite salarial propio para los funcionarios de Euskadi.
Problemas a medio plazo
Pero, ¿qué pasará si se repiten las elecciones catalanas? Incluso en el supuesto de que Sánchez no optara por un adelanto electoral inmediato, parece complicado que la situación en Catalunya no afectara a medio plazo al presidente español en los meses siguientes o que no dejara congelados los Presupuestos y le generase problemas de inestabilidad. A los obstáculos que vienen desde el ámbito judicial para aplicar la amnistía a los principales dirigentes del procés se les suma la competición entre ERC y Junts en el Congreso.
De ahí que en algunos ámbitos estatales se deje caer, a caballo entre la chanza y la realidad, que la mejor opción para Sánchez sería un Govern de ERC y Junts porque así los soberanistas no competirían entre sí para ver quién saca más jugo al PSOE en el Congreso. Por el contrario, cualquier combinación entre alguno de esos dos partidos y el PSC provocaría que quien se quedara fuera de la alianza subiera su precio a Sánchez. Lo más probable es que fuera Junts quien se quedara al margen. Es quien sugiere en mayor medida esa unidad soberanista, una insistencia que el PSC interpreta como una apuesta por tensar la cuerda y entrar en un bucle de repeticiones electorales.