El Gobierno español desdeña el tirón de orejas de Europa por la malversación

La Comisión Europea ha dado un pequeño tirón de orejas al Estado español en materia de corrupción al fijar como planteamiento que todos los países de la Unión tengan una condena máxima de al menos 5 años para delitos de malversación; cuando el Gobierno español reformó este año a la baja este tipo penal.

Sin embargo, en Moncloa no se toman este dictamen de la UE como un reproche y aseguran que la ley española está en sintonía con los socios europeos.

Ayer mismo, el propio Pedro Sánchez desdeñó el recado de Bruselas y aseguró que el planteamiento de Bruselas de armonizar las penas en a nivel del Europa coge al Estado español “con los deberes hechos” por haber introducido ya el delito de enriquecimiento ilícito. No obstante, eludió pronunciarse sobre si España tendría que volver a reformar el citado delito para ampliar las penas en otros supuestos, después de haberlas rebajado.

Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos 5 años, un suelo para la pena máxima de cada delito que, en el caso de España, supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal, que recogen máximos de 3 y de 4 años.

En cualquier caso, Sánchez niega que de momento deba retocar ninguno de estos supuestos, mientras que el PP le tiende la mano para volver a endurecer las penas por este delito, cuya reducción hace unos meses suscitó un enorme debate político.

De esta forma, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ofreció ayer jueves al jefe del Ejecutivo español una reforma del delito de malversación para “subir” las penas a los corruptos como plantea Bruselas, “y recuperar el delito de sedición”.

Pero Feijóo advirtió de que, si Sánchez no acepta, el PP llevará a cabo esa reforma penal si llega al Gobierno a final de año. Además, recordó que Moncloa justificó la modificación de la malversación para equiparar a España con Europa y subrayó que la directiva que plantea ahora la Comisión Europea confirma que los populares estaban en lo cierto en su posicionamiento ante la reforma.

Feijóo indicó así que el PP advirtió del “error” que “suponía rebajar las penas por corrupción” con la modificación del delito de malversación. “Nos dijeron que eso era una propuesta de Europa”, recordó, para añadir que ahora Bruselas plantea una nueva directiva “no solo para no bajar las penas sino para subir las penas por corrupción de los políticos de cualquier lugar” de Europa. “Otra vez más el sanchismo nos engaña”, concluyó.

El discurso opuesto exhibió la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que rechazó que el planteamiento de la Comisión Europea suponga una desautorización a la reciente reforma del Gobierno español, aunque calificó de “lógica” la propuesta de Bruselas.

Así, afirmó en una entrevista en RNE que la última reforma del Gobierno posibilita que el Estado acuda “en mejores condiciones” a ese debate y “más allá de cuáles sean las duraciones de las penas”. A juicio de la ministra, es “muy importante que el esquema de estructura de cómo se consideran los delitos sea similar, sea homologable”; por lo que subrayó que la modificación del Código Penal “avanzó de manera consensuada” para igualarse con el resto de países europeos.

“Para hacérselo mirar”

No lo ve así una de las voces más díscolas del PSOE, la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que lamentó que en el Estado español se produjera, con la reforma del Código Penal, una reducción de penas a uno de los tipos de corrupción. “Es para hacérselo mirar”, expresó en declaraciones a Antena 3, antes de recordar que él se posicionó con “una claridad meridiana” en contra de la rebaja penal de la malversación.