Mientras la oposición trata de agarrarse a la reforma del Código Penal como herramienta en su ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez, principalmente en todo lo que está vinculado con Catalunya; el líder del PSOE se pronuncia desde la prudencia a la que invita los kilómetros de distancia que separan el foco de la polémica de su estancia a Bali en la cumbre del G20, que no deja de ser una buena campaña de imagen para su figura, rodeado de mandatarios como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien esta vez se le ha visto charlar prolongadamente. El jefe del Ejecutivo español sigue abierto a una posible modificación del delito de malversación pero quiere esperar a la tramitación de enmiendas a la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para derogar la sedición.
Interpelado en varias ocasiones, Sánchez en ningún momento negó que esté abierta la posibilidad de tocar la malversación. Es más, rechazó que esta reforma vaya a suponer un desmantelamiento del Estado de Derecho porque los delitos cometidos en Catalunya en el otoño de 2017 siguen presentes en el Código Penal y además –recalcó– la Constitución tiene instrumentos para defenderse como el artículo 155. “Esperemos al contenido de esas enmiendas y se debatirá entonces, pero ahora no corresponde debatir sobre algo abstracto. No hablemos de hipótesis”, precisó el dirigente socialista, para quien lo esencial en este instante es emprender el debate en las Cortes de la propuesta que plantea eliminar el delito de sedición y sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados. “Si hay otras fuerzas que quieren incorporar otros elementos, se debatirá entonces”, reiteró.
Esquerra, a través de su portavoz Gabriel Rufián, adelantó el pasado martes que su formación y el PSOE ya estaban negociando modificar la malversación, eso sí, vinculado solo a la sedición y no a prácticas de corrupción. “Una medida quirúrgica”, dibujó, por no emplear el término de selectiva. Sin embargo ni desde el PSOE ni desde el Gobierno han confirmado estas conversaciones hasta la fecha. En este contexto, Sánchez volvió a tirar de su argumentario: que cuando llegó a La Moncloa heredó “un problemón de convivencia en Catalunya” y que hoy nadie duda de que la situación es mejor que cuando se produjo el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia. “Hemos dado un paso más para avanzar hacia la concordia entre catalanes”, ilustró. El presidente del Ejecutivo aludió nuevamente a que ante posibles ataques a la integridad territorial se encuentra el 155, que permite intervenir una comunidad autónoma desde el Gobierno de España.
Pero la derecha no va a perder ripio ni a dejar escapar esta situación para tratar de sacar usufructo en forma de futuro rédito electoral. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, desveló que llamó al presidente de Vox, Santiago Abascal, para sumar apoyos y presionar al PP a que presente una moción de censura. La líder naranja dijo ayer en la Cope no tener “ningún complejo” por hablar con su homólogo de la ultraderecha, con quien “siempre” ha tenido una relación “cordial”, al ser preguntada por la foto de Colón que reunió en 2019 en una protesta a los tres partidos de la oposición contra Sánchez.
Debate en el senado
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará el próximo martes a Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, si va a reformar también la malversación para favorecer a sus “socios” independentistas y al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. El portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, destacó ayer que el Ejecutivo persigue “perdonar a los que han cometido un golpe de Estado y liberar” también “a algunos de los suyos de entrar en prisión, como Griñán”. “Los españoles tienen derecho a saber cuál es el fondo moral y la posición que tiene el presidente del Gobierno”, enfatizó.