Julio termina con la actualidad política y judicial a todo gas. Salvo giro de los acontecimientos, el juez Juan Carlos Peinado tomará declaración en la Moncloa como testigo a Pedro Sánchez por el caso que afecta a su esposa. Además, antes del miércoles sabremos si hay acuerdo entre ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa como president.
Martes, 30 de julio
Sánchez declara ante el juez Peinado
A un día de la citación de Pedro Sánchez para declarar como testigo en la investigación a su esposa por supuesta corrupción, no está claro si se va a producir, y en caso afirmativo, cómo.
Hasta última hora, la fiscalía, la defensa de Begoña Gómez y el propio interesado están intentando que, en todo caso, el testimonio se preste por escrito. Habrá que ver si las instancias judiciales superiores se pronuncian y en qué sentido lo hacen.
Si finalmente hay declaración, quedará para la historia la imagen de un juez entrando a la residencia oficial de un presidente del gobierno español para recoger su testimonio, aunque sea como testigo.
Será, en todo caso, un episodio más de un caso impulsado por un seudosindicato de extrema derecha aportando como indicios titulares de prensa que su señoría consideró suficientes para abrir las diligencias y mantenerlas contra viento y marea.
Martes, 30 de julio
El nuevo CGPJ elige a su presidenta o presidente
Después del larguísimo proceso para su renovación, los veinte vocales del recién elegido Consejo General del Poder Judicial deben designar este martes a su presidenta o presidente.
Por falta de candidatos no va a ser. Hay nada menos que siete aspirantes al cargo. Es decir, que optan un 35 por ciento de los integrantes del órgano de gobierno de la judicatura.
En concreto, se presentan tres jueces progresistas y cuatro conservadores. Hay que recordar que, merced al acuerdo entre PSOE y PP, las ideologías están repartidas al 50 por ciento, así que la elección tendrá su intríngulis.
Miércoles, 31 de julio
Termina el plazo de ERC al PSC para la investidura de Illa
Este miércoles puede quedar despejado el futuro inmediato de Catalunya. Termina el plazo que ERC le dio al PSC para aceptar sus condiciones de cara a facilitar la investidura de Salvador Illa.
El precio del pacto por parte de los republicanos es la concesión de la soberanía fiscal plena. Ya han dicho que no aceptarán nada por debajo de ese compromiso y que tampoco darán sus votos a cambio de vagas promesas enfocadas al futuro.
La formación liderada provisionalmente por Marta Rovira no se puede permitir menos. Su debilidad demostrada en la última cita con las urnas puede profundizarse si sus votantes perciben que entregan el gobierno al unionismo a cambio de nada. El relato para vender el pacto como la consecución de un gran logro será fundamental.
Y ni siquiera así está todo dicho. El acuerdo deberá ser ratificado por las bases de Esquerra y no se descarta la rebelión. Durante el proceso negociador, diferentes voces de peso de la formación soberanista se han pronunciado en contra de investir a Ila.
Claro que la opción de la repetición electoral tampoco sería ventajosa para ERC.