El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá un 8 % en 2023, hasta los 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas.
Así lo ha asegurado durante su intervención en el Senado, después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se haya reunido con los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, para sellar un acuerdo.
Sánchez ha destacado en su intervención que, desde que llegaron al Ejecutivo, el salario mínimo ha subido en el Estado español un 36%, pasando de 735 euros brutos al mes a 1.000 euros; lo que le convierte en el segundo país de la OCDE que más lo ha revalorizado. "Siempre con la oposición cerril de los neoliberales", ha criticado.
El presidente del Gobierno español ha puesto el acento en la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los salarios en el Estado en la última década, que ha achacado a la falta de responsabilidad política y también del sector privado.
"Las grandes empresas aumentan beneficios, pagan bonus millonarios a ejecutivos y no suben ni un céntimo los salarios (...) ¿por qué las ganancias van a parar a manos de unos pocos?", ha reflexionado.
Los sindicatos reclamaban una revalorización de hasta 1.100 euros, mientras que Díaz abogaba por la banda alta del informe del comité de expertos que planteó un alza para 2023 de entre el 4,6 % y el 8,2 %.
Los equipos técnicos de los sindicatos y el Ministerio de Trabajo se han reunido esta mañana para abordar la subida, un encuentro al que no ha acudido la patronal CEOE.
Tras este primer encuentro, Díaz se ha reunido con Álvarez y Sordo en el Ministerio de Trabajo, justo antes del inicio de la intervención de Sánchez.
La CEOE ha explicado que ya trasladó al Ministerio en el mes de diciembre su planteamiento respecto al SMI sin que haya recibido una respuesta.
La patronal ha mantenido que el salario mínimo debería de subir el 4 %, hasta 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y a modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.