Sánchez busca el voto joven con transporte y educación gratis

Pedro Sánchez vuelve a aplicar una estrategia que no le dio resultados demasiado satisfactorios en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Tras una campaña municipal con anuncios casi a diario y propuestas de gratuidad para los jóvenes para que viajen en verano por Europa con el Interrail, el candidato socialista a la reelección como presidente español comienza con el mismo espíritu la carrera para las generales del 23 de julio. Anuncia ahora que los niños y estudiantes podrán usar el transporte público urbano gratis hasta los 24 años, y una cuenta de ahorro bonificada para la compra de primera vivienda. La enseñanza universitaria y de FP superior tendrá también un coste cero si aprueban las asignaturas a la primera.

Este intento de movilizar el voto joven lo hizo público ayer, en la presentación del programa electoral para las generales. Sánchez volvió a poner el peso en el mensaje que cree que puede vender más electoralmente, en los jóvenes, con la propuesta de crear una cuenta “que permitirá ahorrar hasta 30.000 euros libres de tributación”; y con el transporte urbano gratis, para “descongestionar el tráfico de nuestras ciudades y también mitigar y adaptarnos a los efectos del cambio climático”. Lanzó otros guiños, como el diseño de una Estrategia Nacional de Trabajo Flexible, con incentivos para que las empresas ofrezcan horarios reducidos o una combinación entre trabajo telemático y presencial. En materia fiscal, propone mejorar los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados en el IRPF.

Además, el mismo día en que el PNV avisaba de que exigirá la competencia sobre los gravámenes a la banca y las energéticas si se alarga su vigencia, el PSOE confirmó que está valorando la posibilidad de mantenerlos en el tiempo más allá de 2023. En concreto, se decantará por mantenerlos si las empresas del sector siguen incurriendo en beneficios extraordinarios a cuenta de la inflación y los costes de la energía. El impuesto a los ricos se evaluará con el propósito de evitar una competencia desleal entre territorios, un mensaje que parece más dirigido a las comunidades del PP que en la práctica han anulado el Impuesto de Patrimonio con bonificaciones. El programa, en ese sentido, se propone evitar que las comunidades autónomas puedan renunciar a sus impuestos propios y, al mismo tiempo, pidan un rescate económico al Estado en tiempos de vacas flacas. Este anuncio no afecta a la comunidad autónoma vasca ni a la navarra, que tienen haciendas propias.

Sánchez dejó el problema territorial en un segundo plano y no sacó en ese caso ningún conejo de la chistera. En su discurso, realizó un análisis autocomplaciente, con el que dio por “encauzado el desafío soberanista” y consideró que ha abordado “con éxito” la crisis catalana desde el diálogo y el respeto institucional. Se propone seguir adelante con una política de “entendimiento y decisiones valientes”, es decir, seguir “en la misma dirección”, lo que no anticipa ningún contenido novedoso sobre la mesa de diálogo con Catalunya o una propuesta concreta. El programa llega a decir que “solo el tiempo permitirá valorar con justicia el éxito alcanzado” y no concreta una eventual reforma territorial, aunque sí admite que hay un “desafío” que “permanece”: “consolidar la cohesión territorial como principio estructural de toda la acción política, que garantice la adecuada integración de los territorios en una España plural”. El referéndum solo se cita de refilón al hacer un repaso histórico de la situación en Catalunya, y lo hace en sentido negativo, como una “crisis constitucional”.

Se centra en recetas ya conocidas que pasan por la colaboración, la financiación para las comunidades de régimen común, y la descentralización de sedes institucionales. Propone mejorar la cogobernanza con una Ley de Cohesión Territorial y Fomento de la Colaboración que ponga en práctica las “lecciones aprendidas durante la pandemia y cubra algunas deficiencias advertidas”. Está por ver cómo se concreta porque no solo apuesta por cooperar y compartir datos estadísticos, sino también por coordinar las políticas de ordenación del territorio para crear un paisaje armonizado, lo que puede sonar a recentralización. También se desarrollará el reglamento de las conferencias de presidentes y se creará una estructura que coordine las conferencias sectoriales. No se cita el cumplimiento de los estatutos de autonomía y sus transferencias. Tampoco la reforma de la ley mordaza de Rajoy.

Sobre las conexiones ferroviarias, que interesan a la comunidad autónoma vasca y la navarra, el programa dice que seguirá “trabajando en los corredores que conectan Navarra, La Rioja o Cantabria, así como en la Y vasca”. Sobre las conexiones en frontera con el Estado francés después de que el Gobierno de Macron haya evitado comprometerse con los plazos fijados, el programa es lacónico: “Continuaremos la ejecución de ambos corredores, atlántico y mediterráneo, bajo el objetivo marcado por la Unión Europea de completar la red básica en el año 2030, una fecha que, probablemente, adelantaremos”. Se entiende que habla de la parte del Estado español, no el francés.

Las pensiones, a la Constitución

El programa anuncia que se blindará el poder adquisitivo de las pensiones con un “cambio constitucional” para garantizar “ante cualquier circunstancia” que se actualicen con arreglo al IPC, la evolución de los precios. Esto supondrá, en principio, volver a abrir el melón de la reforma de la Constitución.