El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales y la reforma de la ley orgánica del control judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sánchez ha hecho este anuncio en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar del espionaje político mediante el sistema Pegasus y en la que ha reiterado la disposición del Gobierno español a desclasificar todos los documentos que solicite la Justicia.
El jefe del Ejecutivo ha considerado que era "impostergable" aprobar una nueva ley sobre información clasificada, ya que la actual data de 1968, y ha subrayado que con la reforma del control judicial del CNI habrá aún más garantías para los derechos individuales de las personas.
La ley por la que se creó el CNI (y que partidos como el PNV vienen reclamando reformar de forma insistente) data de 2002, y remite a su vez a una ley orgánica complementaria sobre el control judicial previo de sus actuaciones cuya reforma es la que ha anunciado Sánchez.
Las medidas avanzadas ha dicho que pretenden reforzar las garantías de control y seguridad con el máximo respeto a los derechos individuales y sociales de las personas.
"Vamos a continuar trabajando para redoblar la seguridad y blindarla lo máximo posible en el futuro", ha recalcado, tras anunciar que la máxima responsable del CNI acudirá a dar cuentas anualmente al Congreso.
El presidente del Gobierno español ha explicado que se va a alinear la directiva de inteligencia al marco de la estrategia de seguridad nacional de 2021 con el objetivo de aumentar las capacidades de los servicios de inteligencia y también se va a reforzar la cooperación entre el Centro Criptológico Nacional y los organismos encargados de la ciberseguridad.
Se trata -ha precisado Sánchez- de actuar frente a peligros del uso ilegítimo de software como el Pegasus y de los que puedan llegar en el futuro porque se va a realizar una labor continua de análisis y valoración de las nuevas vulnerabilidades.
El presidente del Gobierno español ha asegurado que la actualización de la estrategia de seguridad nacional y ciberseguridad, la nueva ley de secretos oficiales y la nueva ley orgánica del control judicial del CNI evitarán que estas brechas de seguridad que se han producido puedan hacerlo en el futuro.
Sánchez, que ha repetido en numerosas ocasiones durante su comparecencia la transparencia que demuestra en todo momento el Gobierno español, ha considerado que prueba de ello es que tras difundirse el espionaje con Pegasus de dirigentes independentistas, hubo un control interno en el CNI, se constituyó la comisión de secretos oficiales en el Congreso, compareció ante ella la directora de los servicios de inteligencia y se sumó a la investigación el Defensor del Pueblo.
Todo ello cree que ha evidenciado que las actuaciones del CNI se amoldaron en todo momento a la legalidad vigente y con el objetivo de neutralizar actividades que supusieran una amenaza al orden constitucional, a la soberanía nacional o a la estabilidad de las instituciones.
En ese contexto, ha reconocido que la declaración de independencia y los sabotajes en Catalunya fueron una enorme fuente de preocupación para la seguridad nacional, y de ahí que se solicitara autorización para actuar y el juez acordara las medidas oportunas.
Pero ha afirmado que las actuaciones de los servicios de inteligencia no están sometidos a una decisión discrecional del Gobierno en general ni de él en concreto.
"El Gobierno no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso ha podido pasar con otros gobiernos, pero jamás conmigo, y les garantizo -ha apostillado- que no pasará".
Los espionajes no reconocidos a dirigentes independentistas por el Centro Nacional de Inteligencia, que ha subrayado que no han sido probados, ha dicho que serían ajenos a la administración española, y ante ello ha expresado su apoyo a cualquier persona que haya sufrido un ataque a sus derechos fundamentales porque no hay ninguna causa que lo justifique.
Además, ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a desclasificar toda la información sobre este asunto si lo solicita un juez y siempre que no afecte a la seguridad nacional.
"El compromiso del Gobierno con la Justicia es máximo y toda desclasificación que pidan los jueces para ayudar a conocer la verdad y facilitar la defensa de los derechos de los afectados van a ser atendidas con la mayor celeridad", ha recalcado.
El presidente del Gobierno, que se ha referido al espionaje al que fueron sometidos también mediante el sistema Pegasus tanto él como otros miembros del Ejecutivo, ha recordado que han tenido ataques de este tipo otros países y ha defendido que hiciera público el sufrido por él mismo.
Tras reconocer que eso evidencia que hubo un fallo de seguridad, ha explicado que conlleva asimismo una reflexión para mejorar los métodos frente a las amenazas a las sociedades libres y democráticas.