Donostia – El Gobierno no quiere contratiempos en las negociaciones sobre las reformas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las pensiones, que confía en sacar adelante antes de que acabe el mes. Con el impulso de los buenos datos de empleo conocidos ayer, el Ejecutivo confía en reconducir el ahora enquistado diálogo con sindicatos y patronal para aprobar los cambios en ambas materias, pero ayer dejó claro que, de no ser posible un acuerdo, no dudará en echar mano de sus poderes para aprobar las dos reformas. En el caso de las pensiones, además, le urge por la presión desde Bruselas, ya que se comprometió a tenerla lista antes de que finalizase el año 2022.
Sin duda, por su calado, esta última es la más importante. Los sindicatos están en desacuerdo con elevar los años de cálculo, mientras que la CEOE rechaza que se retoquen las bases máximas de cotización. El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, descartó ayer retirar los términos de la propuesta que presentó el ministro Escrivá a las partes hace varias semanas. Este planteamiento consiste en ampliar progresivamente el período de cómputo de cálculo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados , lo que significaría que la pensión se calcularía con los mejores 28 de cotización. Además, la propuesta del Ministerio aboga por subir un 30% la cotización de los salarios más altos a lo largo de las tres próximas décadas. Suárez ratificó ayer que la intención del Gobierno es cumplir con la reforma en los “términos acordados” con Bruselas y que hacen alusión “a la adecuación a las nuevas carreras profesionales del período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación”, que aparece recogido en el Plan de Recuperación enviado en su día a Bruselas. Suárez admitió que se ha rebasado el plazo que se marcó el Gobierno, pero ante lo “importante y compleja” que es la negociación, un retraso “de unos días o de unas semanas” no tiene consecuencias, porque “lo relevante es que se llegue a buen puerto”.
Sobre la actualización del SMI, el Ejecutivo también desea que esté lista antes de que acabe este mes. En su caso, las posibilidades de negociación son más amplias y se basan en la horquilla que planteó la Comisión de Expertos al Gobierno, que lo situarían entre los 1.046 euros brutos al mes por 14 pagas en el primer caso y de 1.082 euros en el segundo.
INTERVENCIÓN DE SÁNCHEZ
CCOO quiere que quede entre 1.082 euros y 1.100 euros. UGT pide llevar el SMI hasta los 1.100 euros, mientras que la CEOE plantea un incremento hasta los 1.040 euros. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Roy, asumió que las conversaciones van “con cierto retraso”, mientras que el líder de CCOO, Unai Sordo, auguró que el propio Pedro Sánchez “va a tener que acabar interviniendo” para encarrilar ambas negociaciones. Sordo confirmó que las perspectivas son mejores que en semanas anteriores, pero reiteró que aún no existe consenso entre los dos socios de Gobierno sobre el tramo de cómputo de la pensión. l
Plan en Francia
l Diálogo. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, se mostró ayer dispuesta a moderar sus planes para retrasar la edad mínima de jubilación, actualmente establecida en los 62 años y que el Ejecutivo galo quiere elevar hasta los 65. Una propuesta que cuenta con el rechazo sindical, reiterado ayer por Laurent Berger, líder de la CFDT, la central más importante en el sector privado. “Si hay un aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 o 65 años, la CFDT se movilizará para contestarla”, indicó.