Sánchez considera que la denegación de ayudas a víctimas del GAL fue legal

El Gobierno español no revisará las denegaciones de indemnización a víctimas del GAL y del Batallón Vasco Español porque fueron confirmadas por los tribunales españoles y europeos. Así replicó ayer martes Pedro Sánchez en el Pleno del Senado a la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia, quien le cuestionó sobre si el Ejecutivo iba a proceder a ello en tanto que se ha producido una discriminación con algunas de las personas que solicitaron la indemnización acogiéndose a la ley. "No trata igual a las víctimas", aseveró la jeltzale indicando que muchos de esos solicitantes, que no han sido condenados, tienen derecho a la reparación. Sánchez quiso dejar claro que su Gobierno ha actuado de acuerdo con la ley, como han confirmado tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que "no cabe ninguna revisión por parte del Gobierno de España".

Una respuesta que, procedente de un Ejecutivo socialista, lamentó escuchar la senadora del PNV, quien insistió en que está en manos del Gobierno corregir estas situaciones. El jefe del Ejecutivo español recalcó que la Justicia confirmó las denegaciones del Ministerio del Interior e, incluso, condenó a los reclamantes a pagar las costas. "La desestimación de las peticiones es ajustada a derecho. Es lo que cree el Gobierno de España. No cabe la revisión de actos administrativos que han adquirido firmeza en la Justicia", zanjó Sánchez.

Beltrán de Heredia le advirtió de que la interpretación que el Ejecutivo hace del Convenio Europeo de indemnizaciones a víctimas "vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, generando indefensión". La senadora entiende que "se está declarando culpables a personas sin que haya mediado un procedimiento judicial, sin que haya una sentencia condenatoria, y eso nos parece muy grave". Tal y como detalló, se basa en pruebas indiciarias sin suficiente fiabilidad, "en ocasiones fundamentadas en simples detenciones o informes policiales que, en algunos casos, no contienen más de una línea".

A su juicio, la culpabilización sin posibilidad de enjuiciamiento causa un daño moral a las familias, "que se encuentran en la indefensión más absoluta", se ven abocadas a un recorrido judicial de años, y concluye con la desestimación de los recursos y la imposición del pago de grandes importes por costas; "es como si se pretendiera ejercer un mayor castigo sobre las familias", dijo Beltrán de Heredia. La jeltzale evidenció la diferencia de trato que se está dando entre las víctimas "categorizando y diferenciando en función del victimario". "Desde hace cuatro años la responsabilidad y la capacidad para hacerlo está en sus manos", le emplazó a Sánchez.