El PNV vaticinó a principios de esta legislatura que la relación con Pedro Sánchez iba a ser más pacífica e iba a cumplir con mayor celo sus acuerdos con los socios porque, esta vez, necesita los votos de todos sus aliados para sacar adelante todas las votaciones. Y, por ahora, parece que el análisis ha dado en el clavo. La presión del PNV a Pedro Sánchez ha provocado que se concreten ya dos de los acuerdos firmados para la investidura del presidente español, a través de dos cambios legislativos aprobados como decreto ley para la prevalencia de los convenios laborales vascos sobre los estatales, que entra en vigor de inmediato, y para la desanexión de Usansolo. El peso del grupo jeltzale ha propiciado que el Gobierno cumpla, y que lo haga antes de lo esperado, antes de los seis meses previstos para estas medidas. Se quita así la espina de los incumplimientos que se le clavó en la anterior legislatura.
El portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha comparecido este martes ante la prensa para celebrar que el Gobierno español ha aprobado en Consejo de Ministros una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para permitir la desanexión de municipios de al menos 4.000 habitantes, una reforma que supone rebajar el umbral existente hasta la fecha en la norma estatal (5.000) y que incluye una disposición transitoria para que aquellos que hayan iniciado de antemano el proceso no tengan que repetir todos esos pasos desde cero. Esteban aseguró que este paso supondrá que Usansolo se constituya como municipio "pronto", lo que pone fin a un largo y enmarañado proceso donde la Abogacía del Estado llegó a recurrir ante la justicia las decisiones de las Juntas Generales de Bizkaia para dar cauce a la voluntad de los vecinos. Además, el PNV ve cómo se sustancia una reivindicación nuclear, la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una demanda que la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, no atendió la legislatura pasada y provocó el rechazo jeltzale a la reforma laboral. El PNV siempre ha defendido que esta reivindicación es clave porque los convenios vascos suelen recoger mejores condiciones laborales que los estatales, razón por la cual Esteban celebra un acuerdo "beneficioso para todos los trabajadores vascos y que los sindicatos vascos han pedido largamente".
Este acuerdo podía tener su peso para rebajar la conflictividad laboral en Euskadi, un gran foco de desgaste electoral. Y se materializa de inmediato a través de un decreto que entra en vigor automáticamente con su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que, en el plazo de un mes, debería ser convalidado o tumbado por el Congreso, un veto que no se espera si va en el mismo paquete que la reforma de los subsidios. Se ha canalizado a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores en sus artículos 84. 3 y 84.4, en los términos pactados por el PNV y el PSOE el 10 de noviembre, y se cumple en un tiempo absolutamente récord, porque en un primer momento, en el acuerdo firmado, se habían dado de plazo seis meses para materializarlo y en realidad ha pasado poco más de un mes. El PNV ha conseguido que, en un Consejo de Ministros donde se iba a aprobar el decreto con la reforma de los subsidios, ese tren no pase de largo sin incorporar este compromiso en clave vasca. Se ha aprobado una modificación para que los convenios autonómicos tengan prioridad aplicativa sobre los estatales o sectoriales, siempre que tengan el respaldo de las mayorías exigidas y su regulación sea más favorable para las personas trabajadoras.
Son materias no negociables en la comunidad autónoma el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos y la movilidad geográfica. Este es un acuerdo que se ha negociado con el PSOE y que Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no ha querido destacar. Díaz se resistió durante la pasada legislatura a tocar una sola coma del acuerdo con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT en vista de las resistencias planteadas por la CEOE.
Esteban se ha declarado "contento" en vista de que los compromisos "se van cumpliendo", en una jornada marcada también por el primer encuentro entre la consejera Olatz Garamendi y el nuevo ministro Ángel Víctor Torres para abordar el traspaso de competencias tras dos años y siete meses de bloqueo. El lunes se sustanciaba la firma para la compraventa de los cuarteles de Loiola con el alcalde de Donostia, lo que en su caso cumplía el acuerdo para las Cuentas de 2021. El acuerdo sobre Usansolo y su desanexión de Galdakao, por otro lado, no sería aplicable a Igeldo con respecto a Donostia, puesto que se queda muy lejos del umbral de población con unos mil habitantes.
La prevalencia y la "gota malaya" de Esteban
La modificación del Estatuto de los Trabajadores introduce en la ley y, por tanto, añade seguridad jurídica al acuerdo interprofesional sellado en 2017 en Euskadi entre la patronal Confebask y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT. Durante la tramitación de la reforma laboral estatal, el Gobierno español se resistió a introducir expresamente este blindaje, lo que dejaba la puerta abierta a que la patronal se desvinculara del compromiso si de esa forma le resultaba más ventajoso para sus intereses en una negociación concreta. Aitor Esteban prometió ser una "gota malaya" con esta reivindicación y aprovechó la tramitación de otras leyes e iniciativas posteriores para volver a salirle al paso al Gobierno español con la prevalencia de los convenios e intentar introducirla a toda costa. Pero no fue hasta las elecciones generales de julio cuando fue posible hacerlo, porque ahora se ha abierto un nuevo escenario donde los cinco escaños del PNV son imprescindibles para Sánchez. Sindicatos como ELA y CCOO consideraron positivo el acuerdo de investidura que incluía este punto. ELA, que en el contexto de su enfrentamiento con el PNV había restado cierto valor al pacto asegurando que no estaba garantizada su aprobación en el Congreso (los decretos se convalidan o se tumban un mes después de su entrada en vigor, y pueden tramitarse después como proyecto de ley con opción a enmendarlos), ha aparcado este martes esa crítica y ha celebrado la "gran victoria", lo que apacigua, al menos por ahora, esas relaciones.