En sentido estricto, la experiencia demuestra que la convocatoria de unas elecciones no ha impedido por sí sola que se produzcan acuerdos para transferir a Euskadi las competencias que recoge el Estatuto de Gernika. Por ejemplo, el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió la gestión de la autopista AP-68 en abril de 2019, a tan solo unos días de las elecciones generales. En 2020, acordó el traspaso de la legislación sobre productos farmaceúticos, el seguro escolar y las ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE, en vísperas de la campaña para las elecciones autonómicas vascas de julio. Tanto la consejería de Autogobierno como el PNV han insistido en que es posible si hay voluntad, y en que una transferencia es cumplir la ley. Otra cuestión es qué puede suceder si esa voluntad falta, o si el Gobierno español lo ve como algo no prioritario o que le resta votos. En este momento, tras el adelanto de las elecciones generales por parte de Sánchez al 23 de julio, emerge una dificultad añadida: las ministras encargadas de las negociaciones han sido llamadas a filas para formar parte de las listas electorales al Congreso y hacer campaña.
En concreto, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien coordina las relaciones con las comunidades autónomas y la negociación del Estatuto, es la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real. La única transferencia que se estaba negociando en profundidad en este momento era la de trenes de Cercanías, y a este caso también le afectan las elecciones porque la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es la número tres del PSC por Barcelona. La encargada de dar el visto bueno al cálculo económico de los traspasos y el importe que se debe descontar del Cupo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es la candidata por Sevilla. Los máximos responsables que se encargan de autorizar o dar impulso político a las negociaciones van a tener cada vez más un pie en la campaña.
¿Quiere esto decir que los ministerios han bajado ya la persiana? No parece que sea ese el problema, porque el propio portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, acaba de informar estos días de que ha mantenido reuniones con distintos ministerios para materializar los compromisos con el PNV que tienen reflejo presupuestario y que todavía no han visto la luz. Por lo tanto, se sigue trabajando. El matiz que da la clave es en qué se trabaja. Y ahí es donde Esteban ha dado a entender que no hay movimientos con los traspasos, al igual que el lehendakari ha certificado que el calendario de transferencias ha quedado sin efecto con el adelanto electoral, tras un largo incumplimiento que volvió a denunciar porque el cronograma lo aprobó el propio Consejo de Ministros de Sánchez. Por lo tanto, todo parece apuntar más bien a una cuestión de voluntad política, sumado ahora al problema de exposición pública que van a tener sus ministras candidatas, a quienes algunos ámbitos de la derecha española podrían señalar por estas negociaciones en puertas de las elecciones.
La situación podría complicarse cuando se entrara ya en los quince días de la campaña, para los que apenas quedan unas tres semanas de margen. Sánchez ya trató de medir sus declaraciones en el acto de presentación de sus prioridades para la presidencia europea con el argumento de que la Junta Electoral está en guardia para detectar un eventual uso partidista de las instituciones públicas. En cualquier caso, en la Comunidad Autónoma Vasca, la Junta Electoral ya se pronunció durante la negociación de 2020, por un recurso de EH Bildu, y no impidió la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias con el argumento de que “no le corresponde autorizar o prohibir actos institucionales” con carácter previo, sino atender después denuncias concretas. El criterio parece ser que se modere la publicidad que se le da o las declaraciones que allí se hagan. Se trata de evitar el autobombo.
Paradójicamente, uno de los pocos que se libra de ir en las listas es el ministro de la Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Con él hubo conversaciones preliminares sobre la transferencia de las autorizaciones iniciales de trabajo para migrantes, pero ya es de sobra conocido que se le atribuye una visión técnica que no acelera los acuerdos.
Estas tres ministras implicadas en las negociaciones de transferencias no son las únicas que van en las listas, sino que todo forma parte de una decisión política del PSOE, liderado por el propio Sánchez, para movilizar a su equipo como un activo. La consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi se limita a constatar que ella “sigue trabajando”. El lehendakari ha dejado constar su malestar por el incumplimiento y por el limbo en el que queda la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación donde se iba a abordar todo el proceso de transferencias en su globalidad y su metodología. Tras meses de diálogo, se había apalabrado ya la reactivación de ese grupo, y a estas alturas parece difícil materializarla. Solo se han producido 11 traspasos y queda una treintena pendiente.