Sánchez deja tocada la cogobernanza con los ejecutivos autonómicos

El Gobierno español no encuentra un término medio para aplicar una cogobernanza efectiva. Esa cogobernanza, que se suponía que iba hacer posible la colaboración con las comunidades autónomas, la ha utilizado el presidente Pedro Sánchez para desentenderse de las decisiones más impopulares durante la pandemia y dejarlas en exclusiva en manos de las comunidades sin un marco legal claro para que pudieran actuar; o bien ha hecho todo lo contrario, y ha centralizado desde La Moncloa la toma de ciertas medidas especialmente estratégicas para él, en cuestiones que son competencia de las autoridades autonómicas, con el argumento de que están recogidas en órdenes de obligado cumplimiento.

Las críticas que ha despertado la gestión del plan de ahorro energético ante un posible corte del gas desde Rusia, con el Gobierno español avisando de que su aplicación es obligada, recuerdan al choque que se produjo el año pasado con una directriz para cerrar el interior de los bares, también obligatoria hasta que Moncloa rectificó por la avalancha de reproches.

La cogobernanza lleva en funcionamiento algo más de dos años, y parece haber perdido el sentido inicial para el que fue concebida. Fue en abril de 2020 cuando comenzó a tomar fuerza el concepto. Pedro Sánchez venía de tomar el mando único de la pandemia del coronavirus con el estado de alarma y el confinamiento total en las casas. Pero, en el momento en que tuvo que acudir al Congreso de los Diputados para pedir prórrogas, se vio obligado a abrir la mano para conseguir los votos necesarios y dar cierto margen de actuación a las comunidades. En concreto, el lehendakari Urkullu le había pedido “más criterios y menos tutelas”, es decir, que se fijara una especie de marco de actuación con distintos parámetros para gestionar la desescalada y la vuelta a la normalidad, pero que cada presidente autonómico pudiera dirigir los ritmos y el proceso en su territorio, de manera asimétrica.

El nivel de contagios no era el mismo en todas partes y existían también distintas peculiaridades sobre la actividad económica. El lehendakari apostó por la cogobernanza, pero Sánchez todavía defendía en aquel momento que no pensaba “dimitir” de sus responsabilidades. Un mes después, en mayo, Sánchez cedía en el último instante para garantizarse el apoyo del PNV y salvar la prórroga. Urkullu gestionó la situación con el plan Biziberri.

SIN LEY ANTIPANDEMIA

Parecía haberse alcanzado cierto equilibrio, pero duró poco. Sánchez había pasado del mando único al estado de alarma cogobernado pero, finalmente, optó por esquivar por completo la gestión de la pandemia. La fatiga hacía mella en la sociedad, y tomar decisiones como prorrogar el estado de alarma o redactar una Ley Antipandemia eran impopulares y provocaban desgaste. La petición del lehendakari de fijar criterios volvió a situarse en el centro del debate. Urkullu no pedía que el Estado actuase en lugar de las autoridades vascas, pero sí le pedía un marco que hiciera posible la actuación autonómica. Muy pronto, ese marco general se evaporó por completo, y entonces la cogobernanza dio paso a una especie de sálvese quien pueda.

Y la crítica no era solo del PNV. Presidentes autonómicos del PP acusaron también a Sánchez de lavarse las manos, por ejemplo, con su negativa a articular una Ley Antipandemia que habilitara a las comunidades a limitar el movimiento de los ciudadanos. Simplemente les señaló la vía de los tribunales para que pidieran permiso para aplicar el toque de queda, lo que desembocó en una cascada de decisiones contradictorias. Comunidades socialistas compartían la preocupación.

Pero, en otras ocasiones, Sánchez hizo todo lo contrario y trató de obligar a los territorios a tomar medidas, ante el desconcierto de Urkullu. Lo hizo a través del Consejo Interterritorial de Salud que reune a los responsables autonómicos y al Ministerio. El choque más grave se produjo en junio de 2021, aunque el Gobierno español terminaría rectificando. El motivo: una declaración de actuaciones coordinadas aprobada en el Consejo Interterritorial, con el voto en contra de Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía y Catalunya, y la ausencia de Euskadi. Tras haberse negado a prorrogar el estado de alarma y haber proclamado a los cuatro vientos que el turismo tenía las puertas abiertas, el Gobierno español pedía para sorpresa de todos que se cerrara el interior de los bares en las comunidades con más de 150 casos de covid de incidencia acumulada, lo que afectaría a la comunidad autónoma vasca, que en aquel momento se encontraba en los 204.

Darias sostuvo que la orden era de obligado cumplimiento, y esgrimió para ello la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en función de la cual, cuando el Ejecutivo desempeñe funciones de coordinación, el pacto será de “obligado cumplimiento” para todas las administraciones “con independencia de su sentido de voto”. Pero el reglamento del Consejo Interterritorial se refería a los acuerdos adoptados como meras recomendaciones.

Ante las críticas, el Gobierno español rectificó. El entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, confirmaba en una entrevista concedida a este periódico que las medidas se podrían “modular, adaptar y contextualizar a cada territorio según la evolución epidemiológica, porque no es homogénea en todo el país; ni siquiera lo es en cada comunidad autónoma”. “El ánimo de este Gobierno ha sido, es y será el del diálogo, la coordinación y la cogobernanza en el Consejo Interterritorial de Salud”, decía el ministro.

Salvando las distancias, la situación recuerda al debate del plan de eficiencia energética, donde el Gobierno español defiende que es de obligado cumplimiento, aunque ya ha matizado algunas medidas y las ha flexibilizado por sectores económicos. Eso sí, no lo ha hecho por comunidades, y la decisión de rectificar ha sido tan unilateral como el decreto inicial. Y la rectificación ha sido solo parcial.

¿ACUERDO O RECOMENDACIÓN?

Si los acuerdos son de obligado cumplimiento o no es un asunto que lleva meses coleando y la respuesta depende de la institución a la que se formule la pregunta. El propio lehendakari ha planteado una propuesta de reforma del reglamento de otra conferencia, la de Sánchez con los presidentes autonómicos, para solicitar que los acuerdos tengan rango de mera recomendación y se respete así el reparto competencial. Esta propuesta está registrada por escrito en el documento Dos años de Gobernanza y Gestión de la pandemia en Euskadi, lecciones aprendidas para el futuro, que Urkullu depositó en el Archivo Histórico de Bilbao.

El lehendakari ya trasladó sus objeciones en persona al presidente español en la reunión que mantuvieron en febrero de 2021, cuando le pidió una cogobernanza real. Urkullu era muy crítico con el funcionamiento de las conferencias de presidentes, que se convertían en una sucesión de monólogos de los mandatarios autonómicos. Cada uno lanzaba su discurso, sin margen para replicarse, interactuar o debatir entre ellos, y Pedro Sánchez acudía con decisiones que, con frecuencia, ya había anunciado previamente ante los medios de comunicación.

Urkullu le solicitó en su reunión que, además, aplicara una cogobernanza real al reparto de los fondos europeos Next Generation, para que Euskadi tuviera capacidad de decidir en qué sectores debían inyectarse. El segundo semestre de este año será clave, porque parece que Nadia Calviño se abre a las aportaciones de los gobiernos autonómicos y está por ver si se concreta en alguna novedad en el procedimiento. La gestión de la crisis inflacionista por la invasión de Ucrania amenaza con resucitar los viejos fantasmas y la tensión de la cogobernanza vivida en pandemia.