Sánchez enfría el indulto a Borràs, que divide a Junts al reclamar su restitución

Pedro Sánchez enfrió ayer la concesión del indulto parcial que evitaría la cárcel a Laura Borràs, tal y como requirió el propio tribunal sentenciador, recordando que la suspendida presidenta del Parlament ha sido condenada por un caso “flagrante de prevaricación y mal uso de fondos públicos”. La líder de Junts reclama su restitución pese a que desde la Comisión de Garantías de su partido le emplazan a dimitir y arrecia la presión en el mismo sentido por parte de los diferentes grupos de la Cámara, incluso de Pere Aragonès. El presidente del Gobierno español señaló que aún no es una resolución firme porque tendrá que elevarse al Tribunal Supremo y se tendrán que pronunciar distintas instancias judiciales antes de deliberar sobre una petición de indulto en el Consejo de Ministros. De hecho, el máximo dirigente del PSOE dejó claro que no se pronuncia, no porque no tenga posición al respecto, sino porque tiene que ser respetuoso con el Estado de Derecho. Al hilo del indulto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dijo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) es “libre y soberano” para pedirlo: “Ha enjuiciado, ha verificado los hechos, ha promulgado una sentencia condenatoria y ha tomado la decisión de establecer un criterio de proporcionalidad”.

Borràs, penada con cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), rechazó dejar el cargo y exigió que se le devuelvan sus derechos y deberes si se quiere acabar “con la interinidad” en la institución catalana, después de que el president de la Generalitat instara a poner fin a la misma en la presidencia del Parlament. Según la presidenta de JxCat, el Jefe del Govern y los miembros de la Mesa son los que avalaron “la interinidad porque la provocaron con la aplicación de un artículo del reglamento del Parlament que jurídicamente presenta muchos problemas, que es inconstitucional y vulnera derechos humanos”, en referencia al artículo 25.4. Este artículo plantea la suspensión de un diputado cuando se le abre juicio oral por corrupción, práctica que asegura que la sentencia desmiente que se haya producido, y que ella vincula sólo con el delito de malversación, por el que no ha sido juzgada. Por ello, reclamó la restitución de sus funciones: “Es una interinidad que han provocado ellos y que pueden dejar de tener”. “Me han podido suspender de mis derechos y deberes, pero no de mi sentido institucional y de mi responsabilidad. A día de hoy la presidenta del Parlament se llama Laura Borràs”, recalcó.

Con todo, la abogada y presidenta de la Comisión de Garantías de Junts, Magda Oranich, aseguró que “en esta situación, si fuera yo, dimitiría. A lo mejor yo ya hubiera dimitido. No lo sé, ella hará lo que crea conveniente”, precisó, si bien es cierto que su postura siempre ha sido crítica con Borràs, como ocurrió en el caso Dalmases. Así, sostuvo que le sabe mal que no abandone su puesto porque “sería lo más digno”, y a la vez que asegura que está en su derecho de no hacerlo, avisa de que la Mesa del Parlament también está en su derecho de tomar decisiones para poner fin a la interinidad de la institución. Pese a vaticinar que la Junta Electoral Central (JEC) resolverá antes esta cuestión, llamó a tomar decisiones que aclaren que en la política catalana “no se pueden admitir determinadas corrupciones”. En ese escenario, Oranich censuró a los que apuestan por dejar vacante la presidencia del Parlament, entre ellos el expresident Quim Torra, porque defiende que “la institución está por encima de las personas”. Es más, la abogada también cree que la condena a la líder de Junts por los delitos de prevaricación y falsedad documental puede equipararse a la corrupción. Y es que, según Oranich, son delitos “comunes” y no políticos, aunque entiende que no ha habido un enriquecimiento personal y ve posible que en todo ello haya afectado el hecho de ser quien es políticamente. Sin embargo, no ve claro que sea un caso de lawfare, y apunta que, hasta que no haya sentencia firme, no es partidaria de que se la tenga que expulsar de Junts.