La voluntad del Gobierno español para transferir a Nafarroa la gestión del tráfico comienza a quedar en entredicho. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no termina de concretar las razones técnicas y presupuestarias que retrasan el acuerdo y, para rematar el desconcierto, ayer prometió "más agentes de la Guardia Civil" en el territorio para una "mejor gestión" del tráfico. Supone toda una contradicción, porque lo que pretende la transferencia es que la competencia la asuma la Policía foral, de manera que fiar la gestión a más guardias civiles querría decir todo lo contrario y que se quiere perpetuar la situación actual. La ministra se pronunció en esta clave en una respuesta a EH Bildu que no pasó inadvertida para el PNV, porque los jeltzales tienen un acuerdo de investidura con el presidente Sánchez en cuyo punto número tres aparece esta transferencia.
El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, criticó en Twitter que la ministra Rodríguez diga que "seguiremos trabajando...y además lo haremos con más agentes de la Guardia Civil, como ya estamos haciendo. Que no, ministra. Se trata de que se encargue la Policía foral. Transferir. Eso fue lo acordado", avisó. El tercer punto del acuerdo de investidura, firmado a finales de 2019, estipulaba que "se procederá en el plazo de seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que las realizadas en su momento a la CAV". No queda margen para la interpretación.
La cuestión la suscitó la diputada de EH Bildu Bel Pozueta, quien preguntó en el pleno a la ministra a qué se debe el retraso en la transferencia de Tráfico y Seguridad Vial. Vio solo "excusas" y pidió que concrete las razones técnicas que demoran el acuerdo. Recordó que el 7 de septiembre de 2021 prometió reunir la Comisión de Transferencias el 1 de diciembre para ese traspaso y no lo hizo, y dejó caer que el retraso puede deberse a que el Gobierno español pretende que sea Nafarroa quien asuma el coste del personal de la Guardia Civil hasta que se materialice la transferencia, o a que existan presiones en el Ministerio del Interior. Se temió que la cuestión seguirá así hasta 2025. Este traspaso se ha enfrentado a una dura campaña de la derecha navarra y española, que intenta extender la idea de que se va a expulsar a las fuerzas de seguridad estatales, cuando en realidad seguirían desempeñando labores de control de fronteras o extranjería y, además, existe la opción legal de que los guardias civiles de tráfico se integren en la Policía foral.
EXHIBE EL IMV
Rodríguez justificó que no se pactara el traspaso en diciembre en que se hizo con el IMV (dijo literalmente que se "adelantó" ese traspaso del Ingreso Mínimo Vital, aunque en realidad llegó con año y medio de retraso) y se escudó en que Sánchez ha puesto fin a veinte años de congelación del proceso con dos transferencias. Dijo que se han cruzado documentos en abril y podría haber novedades en unas semanas. Apostó por trabajar en el servicio "con más agentes de la Guardia Civil, como ya estamos haciendo en Navarra".