Acostumbrado a salir airoso de las situaciones más adversas, Pedro Sánchez se enfrenta a uno de los retos más exigentes de su trayectoria. La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma del Código Penal para elegir a sus magistrados ha supuesto un enfrentamiento a cara de perro de la mayoría conservadora del tribunal y del PP con Moncloa. Tras el cataclismo institucional que el TC provocó a última hora del lunes, por lo inédito de su resolución al vetar de forma preventiva la acción legislativa, el PSOE se reafirmó en su afán por acabar con el bloqueo del poder judicial.
Aunque la propia noche del lunes ya fue prolija en declaraciones institucionales y tuits, ayer era el día de las reacciones y las tomas de postura. En línea con los pronunciamientos que, en caliente, hicieron la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Ander Gil, Sánchez aclaró que el Gobierno que preside acata la decisión del alto tribunal. Eso sí, anunció que adoptará “cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del CGPJ y del TC” y para que sea respetada la voluntad popular expresada en las urnas. Con este fin, apeló al “cumplimiento de la Constitución”.
Avanzada la tarde se desveló la fórmula elegida para ello: el Gobierno español tiene intención de registrar esta misma semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Constitucional para su propia renovación. Se hará mediante la tramitación urgente y en este sentido ya han hablado con varios grupos que han censurado la decisión del alto tribunal para que se sumen a la iniciativa.
El Pleno del TC paralizó la reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que querían aprovechar la modificación de los delitos de sedición y malversación para cambiar por la vía rápida el sistema de elección de los candidatos al alto tribunal que nombra el CGPJ, y acabar así con el actual bloqueo. El TC admitió el recurso del PP contra las dos enmiendas que buscaban este objetivo, con 6 votos a favor de la mayoría conservadora frente a 5 de la minoría progresista. Previamente, rechazó las recusaciones presentadas por los dos socios del Gobierno contra dos magistrados que ya tienen su mandato caducado.
La respuesta de Pedro Sánchez llegó en la mañana de ayer. Calificó como “muy grave” que, por primera vez en democracia, se haya impedido a los parlamentarios ejercer sus funciones de representación, debate y legislación, en referencia a la votación de mañana en el Senado. Dijo comprender la “indignación de muchos demócratas” y cargó contra el PP, que “cuando perdió las elecciones decidió incumplir el mandato constitucional” y bloqueó la renovación del CGPJ y del TC para “mantener una composición más favorable a su orientación”.
Esta escalada en torno al bloqueo del Poder Judicial, que se prolonga desde hace más de cuatro años, se produce en puertas de un año netamente electoral y cuando es previsible que el tribunal de garantías deba pronunciarse sobre leyes de hondo calado social que está impulsando el Gobierno de coalición, como la del aborto. Por ello, el juego de mayorías de los magistrados que lo componen se antoja fundamental. Sánchez acusó ayer a los populares de mantener “por medios espurios” un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas.
Rebajar las mayorías
Ayer tocaba Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Justicia, Pilar Llop, rechazaron hacer autocrítica o haber cometido errores en la tramitación de la reforma para elegir a los magistrados del Constitucional. “El error es bloquear el CGPJ”, dijo Rodríguez, que culpó al PP de haber creado un “germen antidemocrático” con dicho bloqueo durante cerca de un lustro.
En una jornada de nuevo frenética, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, avanzó como posible vía para renovar los órganos judiciales caducados retomar la propuesta de rebajar las mayorías necesarias para nombrar a los vocales del CGPJ. Acusó a la “derecha política y judicial” de no reconocer que en democracia la legitimidad surge de las urnas y rechazó que Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúnan para tratar de alcanzar un acuerdo por ser “un terreno baldío”. “El líder de la oposición ya ha decidido, el único pacto que le han dejado hacer es con la extrema derecha”, reprochó.
Respecto a su socio de gobierno, Unidas Podemos señaló ayer que, a instancias del PSOE, deja aparcada cualquier tipo de actitud de desobediencia ante la resolución del TC. El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, sí se mostró partidario de movilizaciones ciudadanas de rechazo, a las que en caso de producirse daría la bienvenida.
Reforma exprés
En su comparecencia, Alberto Núñez Feijóo advirtió a Sánchez de que despolitizar la Justicia “es absolutamente incompatible con la politización del Código Penal y la ruptura y anulación de las sentencias del Tribunal Supremo” en los delitos de sedición y malversación. Criticó sus “cesiones al independentismo” y pidió que renuncie a modificar el Código Penal “a toda prisa” con el fin de “controlar” a los jueces, al tiempo que reclamó “rebajar la escalada verbal”.