Sánchez no recoge el guante del PNV para la Ley de Vivienda

El guante que lanzó el jueves de la semana pasada Andoni Ortuzar para abrir una negociación con el Gobierno español sobre la Ley de Vivienda ha caído al suelo sin que nadie en el Estado haya hecho el amago de recogerlo. Lo único que ha cambiado en las últimas horas es que se ha producido alguna conversación con el PNV sobre un aspecto concreto, el de los pisos turísticos, pero las posiciones del Gobierno español se mantienen inamovibles y no existe una negociación real en sentido estricto. Las espadas siguen en alto con vistas a la votación de este jueves en el Congreso de los Diputados. El PNV se reserva el sentido de su voto, que anunciará este jueves, con el apoyo totalmente descartado. Los jeltzales mantienen la mano tendida.

El Gobierno español niega la mayor y no ve ninguna invasión competencial. Ahí la cerrazón se mantiene. Se han producido algunas conversaciones sobre otra cuestión, sobre la petición del PNV de activar una percha para que los ayuntamientos puedan regular los pisos turísticos, pero la parte socialista del Ejecutivo de Sánchez ya ha declarado públicamente que no quiere actuar en ese ámbito, con el argumento de que eso sí supondría invadir competencias de las comunidades. La parte de Unidas Podemos sí tiene una propuesta sobre esos pisos, pero va más allá de habilitar a los ayuntamientos y entra a marcarles la pauta, a fijar un número límite de pisos, algo que para el PNV se extralimita e invade competencias. Lo que sí pueden confirmar fuentes jeltzales es que Podemos no parece dispuesto a cambiar esa propuesta. Sobre el PSOE, se remiten a sus declaraciones públicas.

Fuentes del grupo de Aitor Esteban consultadas por este periódico aseguran que aún no pueden adelantar su sentido de voto porque se está sopesando. “Por el momento, mantenemos vivas nuestras enmiendas y la voluntad de negociación, pero no parece que en el otro lado haya esa misma voluntad”, lamentan.

Sobre los pisos turísticos, explican que ha habido alguna conversación pero que, al menos por ahora, la otra parte no parece dispuesta a cambiar nada de su propuesta. El PNV había reclamado una simple percha para habilitar a los ayuntamientos a regular los pisos turísticos mediante las ordenanzas municipales porque, hasta la fecha, cuando han intentado actuar por esa vía, se han topado con los tribunales, que les señalan el camino de la modificación del plan general. Para cuando se cambia ese plan, el contexto ha evolucionado también y se vuelve un ejercicio estéril. El asunto preocupa, sobre todo en Donostia.

El PNV, partiendo siempre de la premisa de que la percha debe ser mínima para respetar las competencias autonómicas y que los ayuntamientos sean quienes regulen las condiciones, no concreta si el PSOE le ha trasladado personalmente su negativa a actuar, pero se remite a las declaraciones públicas de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien ha descartado ya incidir en ese ámbito. La ministra Raquel Sánchez no contempla moverse. La otra pata del Gobierno, Unidas Podemos, sí ha propuesto que se limite el número de plazas que pueden ofrecer los pisos turísticos en zonas tensionadas al 2% de la población de esas zonas pero, para el PNV, entrar a regular esas condiciones sí invade competencias como también lo hace la Ley de Vivienda en general al establecer los supuestos de las zonas tensionadas y los requisitos de renta.

Pedro Sánchez ya anticipó que no se iban a entender

Pedro Sánchez ha situado esta ley como el eje de la campaña electoral y ya había adelantado al PNV que no se iban a entender, y que el deber del Estado es “alinear” a las comunidades en las políticas de vivienda. El martes en el Senado, la jeltzale Estefanía Beltrán de Heredia le preguntó si con ello estaba cerrando la puerta a negociar. Sánchez se limitó a responder que agradece que el PNV se “abra” a hablar, pero para “incorporarse a la ley”. El acuerdo de investidura lo comprometía a mantener una comunicación fluida con el Gobierno vasco para evitar la judicialización de las discrepancias.

En comisión, el PNV se decantó por la abstención, pero el apoyo de ERC y EH Bildu garantiza la aprobación de la ley. Se podrán declarar zonas tensionadas si el alquiler y los suministros básicos superan el 30% de la renta media de los hogares o si el precio ha crecido tres puntos sobre el IPC en cinco años.