El Gobierno español de Pedro Sánchez ultima ya su Ley de Información Clasificada, pero nada apunta a que las compuertas se vayan a abrir de par en par y los secretos oficiales vayan a fluir a borbotones, sino que se hará de manera muy tasada. El presidente español anunció el jueves que presentaría este proyecto en sustitución de la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968, y lo hizo como guiño hacia la transparencia en pleno escándalo por el espionaje al soberanismo catalán.
Aunque pareció un gesto de Sánchez hacia el PNV, los jeltzales respondieron con mucha cautela sin alzar las campanas al vuelo. Y lo han hecho por tres circunstancias que han comenzado a quedar claras en las últimas horas y que contribuyen a descafeinar el anuncio, como sucede con la contradicción que existe entre lanzar esta ley como guiño a los socios y pretender pactarla de manera preferente con el PP.
En primer lugar, según explican fuentes del grupo jeltzale en el Congreso de los Diputados a este periódico, ha existido diálogo con el Gobierno español sobre esta ley, aunque admiten que ha sido escaso (en el caso de la reforma del Centro Nacional de Inteligencia, el misterio es mayor porque no ha habido ningún contacto ni conocen qué cambios concretos se van a impulsar). Los jeltzales saben que el Gobierno español tiene un texto elaborado sobre la Ley de Información Clasificada, y que trabaja en una ley de plazos. Pero no es el único mecanismo. El escollo viene de la mano de las categorías que establece el Estado para evaluar el grado de secreto y protección de cada documento. "Su propuesta difiere de la nuestra en tanto en cuanto hacen una categorización mayor de los documentos", relatan.
ALTO SECRETO, SECRETO, CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO
Hasta ahí pueden leer pero, ¿qué supone esta discrepancia de las categorías? El PNV lanzó hace seis años una propuesta de reforma de la ley para desclasificar los documentos secretos en 25 años, y los reservados en 10. Por lo tanto, su propuesta es concisa y fija solo dos bloques. Esta iniciativa lleva años bloqueada por las solicitudes de prórroga para registrar enmiendas por parte de los principales partidos, incluido el PSOE. El Gobierno español ha decidido dejar morir esa iniciativa y arrancar de cero los trabajos con su propia ley, que al parecer fijará cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido.
Los más protegidos no podrán ver la luz en 50 años, y el periodo más corto será de cinco. Pero tanto el alto secreto como el secreto podrán prorrogarse por diez años más. La primera sensación que han arrojado estas cifras entre varios grupos progresistas es que parecen una eternidad y que, además, esta multitud de categorías brinda al Consejo de Ministros un mayor margen de discrecionalidad para jugar con el nivel de protección de los textos. Sin embargo, el Gobierno español se justifica en que otros países del entorno o de la OTAN tienen también cuatro rangos.
¿GUERRA SUCIA?
En segundo lugar, se desconoce si van a salir a la luz los documentos de la transición y la guerra sucia. Son cuestiones que todavía pueden parecer demasiado delicadas al PSOE. Abarcan el intento de golpe de Estado de 1981 y el ahora discutido papel del rey emérito aquellos días, la muerte del joven navarro Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, la muerte también de cinco trabajadores que participaban en una asamblea el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, o el papel de Felipe González en la creación del grupo de mercenarios de los GAL, un papel que han vuelto a poner sobre la mesa los documentos de la CIA de Estados Unidos sin que el Estado español haya arrojado ninguna luz al respecto.
La presidenta de la Ejecutiva del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha dado por hecho este viernes en ETB-1 que, aunque se reforme la ley, "seguramente algunos documentos siempre estarán protegidos", y vio paradójico que se logre más información a través de un papel de Estados Unidos que del propio Estado. Dejó caer que, si no se quiere ser transparente, parece que "se oculta" algo oscuro. Atutxa consideró que se necesitan documentos para poder articular un relato de la transición basado en datos.
Los historiadores del Estado tienen que peregrinar en ocasiones por documentos extranjeros para articular sus investigaciones. Sí quiso conceder al Gobierno español que han hablado sobre este asunto y que hay "voluntad", aunque tendrá que concretarse en los próximos meses.
LOS OBSTÁCULOS QUE PUSO EL PP
El tercer motivo para la suspicacia es la prioridad que parece que le va a dar el Gobierno español al PP en esta negociación. A la espera de ver lo que puede dar de sí el nuevo liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, en principio es el mismo PP que ha contribuido a bloquear la propuesta del PNV junto a los socialistas todos estos años, y que presentó enmiendas en su momento para clasificar materias durante 50 años con argumentos genéricos que aludían a la integridad de las personas.
La dinámica de acuerdos que ha comenzado con la Ley de Seguridad Nacional entre PSOE y PP contribuye a reforzar la idea de que el consenso se va a mantener también entre ambos con esta ley de los secretos. El periódico El País, próximo a La Moncloa, ha informado de que el socio prioritario para esta ley será el PP, aunque el Gobierno español no descarta ampliar el consenso más allá. También el vicelehendakari primero del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, da por hecho ya que el socio preferente va a ser el PP.
¿QUIÉN LOS CLASIFICA?
La Ley de Secretos Oficiales se remonta al año 1968, a la etapa franquista, de manera que fue concebida para la ocultación y la impunidad, y no precisamente para la transparencia. Solo experimentó un retoque mínimo en 1978. Esta ley declara como materias clasificadas todos los "asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado", un epígrafe genérico que permite clasificar prácticamente cualquier documento y deja mucho margen para la interpretación. Además, se clasifican a perpetuidad, para siempre, sin plazo de caducidad. La clasificación queda en manos del Consejo de Ministros y el Consejo de jefes del Estado Mayor.
Hace unos meses se especuló con que la clasificación ahora corresponda a un mayor número de autoridades, que incluye a las fuerzas de seguridad del Estado y al propio CNI, aunque es un punto que todavía no se ha confirmado oficialmente. La ley ha pasado por muchas manos en el Consejo de Ministros y, de hecho, el PNV tuvo interlocución con la responsable de Defensa, Margarita Robles, y ahora parece que la batuta la tiene Bolaños.