El Gobierno español maneja desligar la negociación sobre los próximos Presupuestos de cualquier "otra materia" política. La intención traslada un mensaje a las formaciones soberanistas que sostienen a Pedro Sánchez, principalmente a PNV y Esquerra: que no habrá concesiones a cambio de cuestiones que no estén directamente conectadas con las Cuentas. Así lo manifiesta la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que se opone a manejar este escenario como una moneda de cambio pese al impulso, a su juicio, de algunos partidos de mezclar asuntos. "No es de extrañar que en esas conversaciones algunos tengan la tentación de incorporar otras materias", recalcó la dirigente socialista. Sánchez lanzó hace ya unas semanas el mensaje de que la legislatura aguantará hasta principios de 2024 y empezó a proyectar señales para garantizarse cierta estabilidad, aunque los jeltzales le advirtieron de que no dé su apoyo por sentado, vinculando su voto favorable a uno de los puntos de discordia dentro del calendario de traspasos: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pendiente de ser transferido desde octubre del pasado año. "O aclaramos estas discrepancias antes del Presupuesto o debe ser consciente de que en caso contrario su Gobierno puede tener problemas", señalaron desde el PNV, desde donde ayer evitaron entrar al trapo y polemizar con las palabras de Montero.
El cumplimiento íntegro del Estatuto planea sobre la negociación. De hecho, el IMV no es la única demanda de la formación nacionalista, que desde hace meses mantiene serias diferencias con el ministro José Luis Escrivá ante el incumplimiento de la transferencia de la Seguridad Social en los términos acordados y la dilación y falta de diálogo al respecto. Paralelamente, Esquerra hará hacer valer su voto a base de conseguir los 56 traspasos pendientes del Gobierno con la Generalitat y que están reflejados en el Estatut, más allá del pacto para la ampliación del aeropuerto de El Prat. Tras la última Comisión Bilateral, pese a algunos avances, las propuestas les parecieron "insuficientes". El clima resultante de la próxima mesa de diálogo entre gobiernos también puede influir en el debate según sea la respuesta de Moncloa respecto a la exigencia de la Generalitat de poner sobre la mesa la amnistía y el derecho de autodeterminación, aunque los republicanos también son más partidarios de diferenciar ambos escenarios. En términos más sectoriales otro de los escollos en los encuentros con los republicanos será su petición para una Ley Audiovisual o la retirada de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Catalunya para que los Mossos asuman sus competencias.
En este contexto, la ministra Montero considera que "en la política hay tiempo para todo: para debatir Presupuestos y para debatir financiación autonómica". El Gobierno de Sánchez necesita los Presupuestos de 2022 para canalizar los fondos europeos y urge el apoyo de sus socios. Tras la aprobación del techo de gasto la pasada semana y ya con apoyos suficientes en el Congreso para mantener suspendidas las reglas fiscales, la responsable del departamento de Hacienda trabaja en la "arquitectura" del proyecto presupuestario, que prevé presentar en septiembre, tal y como marca el calendario. A partir de ahí, "si todo va bien", a final de año habrá unas Cuentas públicas aprobadas con las que el Ejecutivo pretende recuperar el crecimiento previo a la pandemia y fortalecer los servicios públicos.
ampliar los apoyos
En la negociación –que ya ha comenzado con su socio, Unidas Podemos, en medio de nuevas turbulencias en las relaciones en el seno del Ejecutivo de coalición, y que continuará con una ronda de contactos previa a la presentación del proyecto para garantizar que supera la fase de vetos–; Montero aspira a ampliar los apoyos logrados en las Cuentas de 2021, con 11 partidos y 188 votos. Cabe recordar que el sí de ERC supuso el desembolso de Moncloa de 2.339,4 millones en inversiones y la promesa de la gestión del IMV y los fondos europeos, al margen de mediar en la capacidad de la Comunidad de Madrid para bajar impuestos y "avanzar en la armonización fiscal". "Nuestra vocación tiene que ser que cuantos más, mejor", subrayó la ministra en una entrevista a la agencia Efe, al tiempo que mostraba su deseo de que "los grupos de la derecha, básicamente el PP de Pablo Casado, dejen a un lado los intereses partidistas" y, "al menos", permitan con su abstención la tramitación de la ley.
No parece que la oposición esté por la labor, acusando al Gobierno de vincular el maná autonómico a la aprobación presupuestaria. A falta de esos primeros contactos políticos, Montero evitó desvelar el contenido del proyecto presupuestario que, por el momento, no incluye ninguna recomendación del comité de expertos para la reforma fiscal. Sí admite que "hoy por hoy" no está prevista una subida de la fiscalidad del diésel, incluida en el proyecto de 2021 pero eliminada durante la tramitación. "Lo incorporaríamos en caso de que hubiera consenso", explica, y recuerda que el pasado año no se lograron apoyos para este primer paso en la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, por lo que no cree "que la situación haya variado mucho". Tampoco aclara si habrá bajadas de IVA –"es fundamental no solo saber qué hacer, sino cómo, cuándo", afirma Montero– ni si las cuentas incluirán una subida del salario mínimo interprofesional (SMI), pero avanza que los últimos datos económicos conocidos suponen "un buen signo" para la posible subida de otoño, que está ahora más cerca que "el año pasado o a principios de este año". No en vano, es una de las exigencias de Podemos. Quedan también pendientes de negociación las posibles subidas de pensiones y del sueldo de los funcionarios.
"No es de extrañar que en esas conversaciones haya quien tenga la tentación, pero en la política hay tiempo para todo"
maría jesús montero
Ministra de Hacienda y Función Pública