Pedro Sánchez está seguro de que finalmente se aprobará la ley de amnistía y negociará para ello con Junts, y aunque no prevé cambiar el texto rechazado por el pleno del Congreso, no descarta una modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para limitar los plazos de instrucción judicial. De esta forma se ha referido a la negociación que se abre ahora en la comisión de Justicia del Congreso para intentar sacar adelante medida. “Estoy convencido de que esta ley de amnistía va a salir y va a ser plenamente constitucional”, sentenció el líder del PSOE en una entrevista en La Sexta, recalcando que no se va a ampliar la amnistía a todos los delitos de terrorismo tal y como exige la formación de Carles Puigdemont.
Convencido de que entre todos se tiene que encontrar una solución, la vía no es una reforma del Código Penal, pero Sánchez no cierra la puerta a una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que podría poner un límite al tiempo de instrucción judicial. Al ser preguntado por ello, indicó: “Yo creo que hay un elemento que hemos visto durante estas últimas semanas, de instrucciones que se prolongan y que los propios fiscales han puesto en cuestión. Son elementos que se incardinan perfectamente en una reforma que hemos convalidado en los reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso y es el de la eficiencia de la Justicia”.
El decreto de la eficiencia de la Justicia se está tramitando ahora como proyecto de ley en el Congreso y puede ser objeto de modificaciones mediante enmiendas. “Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas”, consideró Sánchez, en un momento en el que tanto los independentistas, Sumar y otros socios están criticando al juez Manuel García-Castellón por tomar decisiones en función de la tramitación parlamentaria de la amnistía para torpedearla. Sánchez insistió en que, aunque son los jueces los que tienen que decidir, es “de sentido común” que no hubo terrorismo por parte de los independentistas y emplazó a que “no hay que banalizar el terrorismo ni tampoco tergiversarlo”.
PLAZOS DE LOS PROCESOS
Cabe recordar que fue el Gobierno del PP el que, con mayoría absoluta, impulsó en 2015 la fijación de un plazo máximo para la instrucción de las causas penales, una polémica medida que fue reformada cinco años después, sin apoyo de los populares, al comprobarse que numerosos procesos eran archivados por falta de tiempo para investigarlos. Las peticiones de derogar los plazos máximos de instrucción fueron lideradas en su día por jueces y fiscales y cobraron fuerza en 2018 al cerrarse diversas causas de corrupción. Acusado de haber generado espacios de impunidad, el PP alegó que su objetivo había sido agilizar los procesos, pero admitió que el polémica artículo 324 de la Lecrim había generado “disfunciones”.
Establecía un plazo general de seis meses para investigar las causas y uno especial de hasta 18 para las instrucciones declaradas complejas, pero su aplicación, sin aumentar los medios de los juzgados, había derivado en el archivo de causas o en el inicio de juicios orales sin haberse recabado todas las pruebas. A pesar de reconocer los problemas, el PP no apoyó la reforma que impulsó Podemos en el Parlamento y que acabó saliendo adelante con el apoyo del resto de grupos. Los seis meses iniciales pasaron a ser doce, las posibles prórrogas son ahora ilimitadas y todas la partes incluidas en el proceso pueden pedir una ampliación, paso que antes estaba solo en manos del fiscal.