La cuenta atrás para reformar la Ley de Secretos Oficiales del franquismo se acerca a su final. Si Pedro Sánchez cumple los plazos que él mismo anunció en el debate de política general del Congreso, donde aseguró que presentaría el anteproyecto este mes, todo apunta a que tendrá que hacerlo el martes de la próxima semana, el último Consejo de Ministros de julio. A esa fecha se llega con mucha expectación, pero muy poco a lo que agarrarse. La nueva ley que regulará los secretos es un secreto en sí misma. El presidente español se limitó a decir que el proyecto está en su última fase de elaboración, pero no adelantó ningún contenido sobre esa nueva norma, de la que solo se ha confirmado oficialmente su nombre: Ley de Información Clasificada. El resto responde a filtraciones sobre su contenido.
Sánchez anunció la fecha en respuesta al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. El presidente español escogió ese momento para anunciar la fecha, en su réplica a un grupo que lleva seis años intentando impulsar este debate y que lo ha liderado presentando una reforma, un texto que el Gobierno español no ha tenido en consideración, y que PSOE y PP trataron de sepultar prorrogando hasta el infinito los plazos para presentar enmiendas.
Aunque el anuncio se lo comunicó a Esteban en la tribuna, de momento el PNV no tiene ninguna información sobre este proyecto, tal y como explican las fuentes del grupo jeltzale en el Congreso consultadas por este periódico. Está por ver si esta situación cambia de aquí hasta la presentación del proyecto, ya sea por el interés especial del PNV, porque presentó una reforma que puede servir como aportación en este debate, o porque es un socio de investidura. Los jeltzales acaban de denunciar en el Congreso la ausencia de diálogo previo sobre las medidas económicas para afrontar el alza de precios.
En el momento en que Sánchez desveló la fecha, sus socios dentro del Consejo de Ministros también dejaron ver que los había tomado por sorpresa y le pidieron otra actitud para poder reconducir en los días siguientes esa primera impresión. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, avisó de que esa ley “no se puede hacer con secretismo” respecto a uno de los dos socios que componen el Gobierno. Pidió trabajar de manera conjunta y lealtad.
La reforma de la ley de 1968 es un debate con una afección directa en la comunidad autónoma vasca y en la navarra porque podría arrojar luz sobre graves vulneraciones de derechos humanos, como la muerte del joven navarro Mikel Zabalza en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, la muerte de cinco trabajadores que participaban en una asamblea el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, o el papel de Felipe González en la puesta en marcha del comando de mercenarios de los GAL. También suscita morbo en el Estado porque podría desvelar los entresijos del intento de golpe de Estado de 1981 y el papel del rey emérito, que muchos discuten ahora. Todo ello, en condicional. Simplemente podría ser que la ley arrojara luz. Depende de los plazos que se fijen para desclasificar documentos. Y es ahí donde todavía no hay nada claro.
MUCHAS CATEGORÍAS
El Gobierno español filtró a El País dos datos que dejaron con malas sensaciones al PNV, pero algunas de estas filtraciones son de hace meses y se desconoce si siguen vigentes o ha habido un cambio de planes, sobre todo, después de que Sánchez haya girado hacia la izquierda y se mueva cómodo en su discurso de confrontación con los grandes poderes. Pero la cuestión de los secretos oficiales sigue siendo harina de otro costal, y podría ser que en ese terreno la posición no vire hacia un discurso más ambicioso.
Se filtró que la intención de Sánchez era pactar esta ley de manera preferente con el PP, que llegó a exigir en su momento plazos de 50 años para desclasificar los documentos apelando de manera etérea a la integridad de las personas. Si el socio va a ser el PP, las expectativas no parecen muy altas. Y desde hace meses el PSOE ha puesto en circulación el argumento de que la ley tiene que adaptarse a los estándares de la OTAN, lo que apunta en dirección al PP y explica el enfado de Podemos, y podría anticipar una redacción de mínimos.
Por otro lado, el PNV mostró sus reservas ante el elevado número de categorías que planteó Moncloa para los documentos. Se hablaba de cuatro (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), los más protegidos no podrían ver la luz en 50 años, y el alto secreto y el secreto podrían prorrogarse diez años más. El PNV había apostado por desclasificar los secretos en 25 años, y los reservados en 10. En este debate sobrevuela además la posibilidad de que Moncloa impida que vean la luz de momento los secretos de la transición y la guerra sucia.
Lo que va a hacer el Gobierno español es presentar la ley, a la que le queda por delante una tramitación en un Congreso donde está en minoría, y en poco más de un año de legislatura.