Pedro Sánchez está normalizando en su discurso la apuesta por intervenir en las políticas sociales desde el Gobierno español, aunque sea en ámbitos donde el Estado no tiene competencias y donde la actuación corresponde a las comunidades autónomas. En un clima electoral no solo a nivel municipal y autonómico sino también en puertas de las generales de diciembre, el presidente español está fiando la suerte del PSOE a presentarse como antagonista del PP, confrontar con él y marcar perfil social, y para ello necesita adentrarse en el terreno de la gestión de esas políticas públicas, con una batería de anuncios que empezaron por la Ley de Vivienda estatal recién aprobada en el Senado, y que han tenido continuidad con las inversiones en materia de salud mental. La semana pasada, en los mítines de campaña, Sánchez consolidó esa estrategia y sacó pecho de un Gobierno que actúa “sin tener competencias” pero teniendo “el compromiso”, y trató de presentarlo como una virtud, como la demostración de que “da la cara” y no “escurre el bulto”.
Hace tan solo unas semanas, el Gobierno de Sánchez respondía a la defensiva cuando formaciones como el PNV, PDeCAT y Junts le recriminaban la invasión competencial que supone la Ley de Vivienda, que va más allá de brindar un paraguas a las comunidades para que actúen, sino que les impone las condiciones y requisitos para declarar zonas tensionadas y limitar la subida de precios del alquiler. El Gobierno español comenzó negando esa invasión competencial, y después pasó a restarle importancia con el argumento de que el ciudadano quiere que se solucionen sus problemas. Sánchez fue después a pecho descubierto, y admitió que su misión es alinear las políticas públicas en el Estado. Son unas políticas que, en el caso de la vivienda, son competencia autonómica (competencia exclusiva vasca según el artículo 10.31 del Estatuto de Gernika).
Sánchez ha profundizado en ese discurso y ya presenta abiertamente las actuaciones del Estado como una virtud, no ya por haber legislado en el ámbito de la vivienda, sino más bien porque está aprobando inversiones en distintas políticas sociales. Pero, de todos modos, su discurso de fondo deja como mensaje que el reparto de competencias es algo que se puede pasar por alto si el Estado considera necesario potenciar una determinada actuación. La necesidad de marcar perfil con el PP y dejarlo en evidencia por no impulsar el sector público en sus comunidades autónomas tiene como víctimas colaterales a los territorios donde sí se actúa desde hace décadas. La polémica está desdibujando el contenido de los estatutos de autonomía y el modelo descentralizado y, a su vez, deja en una situación complicada a EH Bildu y ERC, que se han alineado con Sánchez para apoyar la Ley de Vivienda y habían negado la invasión competencial.
"No le decimos a un vecino que no tenemos competencias; nos arremangamos"
La estrategia de Sánchez comenzó a perfilarse la semana pasada. En un mitin en Alcalá de Henares, empezó aludiendo al plan de salud mental del Ayuntamiento, aunque el consistorio no tenga la competencia. Trazó un paralelismo con las actuaciones del Gobierno español, también en ámbitos donde carece de esas competencias. “La diferencia entre el PSOE y el resto de formaciones es que, allí donde gobernamos, damos la cara, no nos escondemos, nos arremangamos y damos soluciones donde hay problemas. Eso es lo que hace el Gobierno de España: sin tener competencias, ante una comunidad autónoma gobernada por la derecha que lo que hace es recortar el sistema nacional de salud, hemos aumentado en 800 millones de euros todo lo que tiene que ver con la renovación de equipos, maquinaria, para poder mejorar la atención de los pacientes y las capacidades de los profesionales sanitarios para reducir listas de espera”, dijo, para añadir que han inyectado “mil millones de euros en toda España para reforzar la atención primaria y mejorar las infraestructuras”. “Eso lo hace el Gobierno de España, sin tener competencias, pero con el compromiso”, repitió, lo que no deja lugar para malinterpretar su mensaje.
En otro discurso en Palma de Mallorca, Sánchez se refirió al problema para “cubrir la gratuidad” en la enseñanza de cero a tres años en el Estado. Dijo que han invertido más de 600 millones y han firmado convenios con ayuntamientos. “Ahí está la diferencia entre los gobiernos socialistas u otros gobiernos. Nosotros apostamos por la igualdad de oportunidades. Pero también dice algo importante. Se necesitan gobiernos que den la cara, que aun no teniendo competencias sobre una cuestión u otra, sean la salud mental o la educación infantil, cuando llega un vecino no le responden lo siento, esta no es mi competencia, sino que se arremangan, dan la cara, ponen recursos, dialogan con el resto de instituciones y dan respuestas a los problemas de los vecinos y vecinas”, defendió.
Medio año de legislatura
A la legislatura estatal le queda medio año de trayectoria, hasta las elecciones de diciembre, y está por ver si este discurso de Sánchez, que va in crescendo, es solo coyuntural para movilizar el voto socialista, o se traduce en la recentralización que teme el PNV también cuando se calmen las aguas y comience una nueva legislatura. El plan normativo para este año incluía ya varias leyes que inciden en competencias vascas, sobre todo por el flanco de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.