El Gobierno español sigue sin mover ficha para esclarecer la muerte de Mikel Zabalza, el joven navarro conductor de autobuses que apareció muerto en el río Bidasoa en 1985 tras su detención en el cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo. Pedro Sánchez se ha vuelto a escudar este miércoles en el Congreso de los Diputados en que son los jueces quienes deben otorgar un reconocimiento a este joven y ha añadido que, si los tribunales piden información al Gobierno español, su gabinete va a colaborar, pero ha evitado asumir una posición proactiva y dar el primer paso.
Así ha respondido a una nueva pregunta del PNV en la sesión de control, formulada por Aitor Esteban, quien le preguntaba si su Gobierno va a levantar el velo ahora que el Ejecutivo vasco ha reconocido como víctima de abusos policiales a Zabalza. Ha pedido consuelo para su familia.
Nada nuevo bajo el sol. Sánchez ha respondido con evidentes dificultades, leyendo el guion que tenía en las manos, y ofreciendo únicamente en su segunda réplica un consenso sobre la Ley de Informacióm Clasificada que aún no se ha presentado. El Gobierno vasco ha reconocido al joven como víctima de graves vulneraciones de derechos humanos tras los informes periciales que apuntan hacia la hipótesis de una muerte violenta, por sufrir prácticas de tortura como la bañera o la bolsa, y no por ahogarse en el río Bidasoa en una operación policial, el escenario más improbable para los expertos. La verdad oficial difundida desde el Estado decía hasta la fecha que había muerto mientras intentaba huir al conducir a las fuerzas de seguridad a un zulo de ETA, una ETA a la que nunca perteneció.
SÁNCHEZ EVITA VALORAR EL INFORME
Sánchez ha evitado valorar el informe de la comisión, y se ha limitado a ofrecer "colaboración" a la justicia. Esteban le ha respondido que el Estado no colaboró en su momento con la justicia al no facilitarse toda la información, y le ha recordado las grabaciones a altos mandos de la Guardia Civil que apuntan como hipótesis factible a la muerte por torturas.
Nada ha cambiado en la posición del Gobierno español. Aunque ahora hay un informe del Gobierno vasco sobre la mesa, vuelve a remitirse a la justicia como ya hizo el ministro Marlaska hace unos meses.