El Gobierno español afronta este viernes una jornada importante para los Presupuestos del próximo año con el agua al cuello y sin haber convencido a sus dos socios de investidura, PNV y ERC. A las 14.00 horas finaliza el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad, y ambos partidos podrían dar el paso si no hay avances en sus negociaciones. Al cierre de esta edición, no se habían producido movimientos suficientes. Los votos de estos dos partidos, además, han ganado valor: Junts y la CUP confirmaron la presentación de sus textos alternativos, lo que hace más acuciante la necesidad de Pedro Sánchez, hasta la fecha bastante confiado en su suerte. Los teléfonos echan humo.
Sus socios de investidura mantienen abierta la puerta a que en las próximas horas se produzca un acuerdo in extremis. En el caso del PNV, según ha podido saber DEIA, el mayor escollo se centra en la transferencia íntegra del Ingreso Mínimo Vital para que Lanbide pueda gestionar de principio a fin el pago de esta ayuda. Un avance en ese sentido podría inclinar la balanza, tener el peso suficiente y ser decisivo para que los jeltzales no presenten una enmienda a la totalidad. El soterramiento del Tren de Alta Velocidad en su entrada a Bilbao y Gasteiz ofrece un mayor margen de maniobra para reconducir el desencuentro por otras vías, con inversiones presupuestarias.
ERC también se queja de los incumplimientos, pide corregir las cuestiones que no se reflejaron en las Cuentas de 2021, y añade otra exigencia: garantizar un contenido en catalán del 7,5% en plataformas como Netflix dentro de la Ley Audiovisual. No hay nada cerrado. Sánchez se expone a recibir unas enmiendas de castigo de sus dos socios de investidura. En el caso particular del PNV, es su aliado más fiel. Esa enmienda sería un problema para el PSOE y proyectaría que su mayoría es débil, en unas semanas marcadas por la tensión con Unidas Podemos dentro del Consejo de Ministros por la reforma laboral.
ASÍ ESTÁN LAS MAYORÍAS
Presentar una enmienda a la totalidad redoblaría la presión sobre Sánchez y tendría valor simbólico como muestra de descontento. No supondría romper la baraja de la negociación, porque las enmiendas pueden retirarse antes de su votación el próximo jueves y estos grupos quieren que la legislatura aguante. Los primeros en confirmar sus enmiendas fueron los partidos de la derecha española (PP, Vox, C's y Foro Asturias), de manera que rondarán los 150 votos como mínimo. Desde Catalunya, Junts y la CUP también presentarán las suyas, lo que eleva la cuenta en seis escaños más.
Los 155 votos del PSOE y Unidas Podemos no bastarían para tumbarlas, pero tendrán el apoyo de otras formaciones que han descartado presentar un veto (cuatro escaños del PDeCAT, uno de BNG, otro del regionalismo cántabro de Revilla, y los tres de Más País y Compromís). Sánchez ha proyectado la sensación de tenerlo todo bajo control, pero ERC (13), PNV (6) y EH Bildu (5) mueven un total de 24 votos que le pueden descuadrar por completo el cálculo. Coalición Canaria tampoco lo descarta.
LA MONTAÑA RUSA CON EL PNV
El grupo vasco en el Congreso constata que se han producido "bastantes conversaciones", pero el acuerdo no está decantado, entre otras razones, porque se han producido "vaivenes" en las ofertas del Gobierno español, matizadas después a nivel técnico. La semana ha sido una montaña rusa donde, por momentos, parecía que iba a producirse un acuerdo y, segundos después, se matizaba la oferta.
Sobre el IMV, fuentes del Gobierno vasco consultadas por este periódico tienen constancia de que el Ejecutivo español no se ha olvidado de los plazos prometidos para enviar su oferta, hasta el día 31 de este mes. Pero no pueden confirmar que vaya a cumplirlo. Sobre el TAV, el Ayuntamiento de Bilbao no tenía este jueves por la tarde una fecha cerrada para celebrar un encuentro con la ministra de Transportes, pero Madrid ha confirmado que tendrá lugar y esta cita se sumará a la ya celebrada con Gasteiz. El Estado ha deslizado que podría haber una encomienda de gestión para que las instituciones vascas avancen en las obras.
Por otro lado, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, se reunió con el presidente de la Ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, y proyectó una imagen de concordia con el PNV, con quien su partido ha chocado en ocasiones por la reforma laboral, el precio de la luz o la mayor proximidad de la coalición de izquierdas a EH Bildu. Podemos acaba de acusar a los jeltzales de alinearse con el oligopolio de las eléctricas. La reunión se produjo después de firmar un convenio sobre los fondos europeos con el Gobierno vasco, y en puertas de la presentación de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.
NOVEDAD EN LA 'LEY MORDAZA'
Por último, PSOE y Unidas Podemos dieron también un empujón a la reforma de la Ley Mordaza, exigida por el PNV. Tras prorrogar sucesivamente el plazo para registrar enmiendas parciales, PSOE y Podemos parecen haberse puesto las pilas y este jueves mantuvieron una reunión que se saldó con un principio de acuerdo. En realidad, algunas cuestiones ya estaban apalabradas, pero se quiso lanzar el mensaje de que la reforma se va a mover. Se mostraron de acuerdo en el derecho de reunión y la toma de imágenes de manifestaciones y de la actuación de las fuerzas de seguridad, pero persiste el desencuentro sobre las devoluciones en caliente. El PSOE lo presentó como una muestra de voluntad también en otras reformas, como la laboral.
EH BILDU: LAS REFORMAS
EH Bildu no es un socio de investidura, pero ha sido uno de los respaldos habituales de Sánchez. La coalición que lidera Mertxe Aizpurua en el Congreso se inclinaba en un primer momento por no presentar una enmienda a la totalidad y permitir la tramitación de las Cuentas, pero no hará pública su decisión hasta este viernes. "No hay una decisión definitiva al respecto", dicen, tras haber mantenido conversaciones "sin grandes novedades ni avances considerables". Además, con vistas a las próximas semanas, aclaran a este periódico que su voto no está garantizado, con la intención de presionar así a Sánchez y que dé pasos en cuestiones como la derogación de la reforma laboral y la Ley Mordaza.
EH Bildu cree que el Gobierno español tiene la mayoría política y social para acometer reformas y blindar derechos sociales y económicos, y no debería quedarse inmóvil por la presión que ejercen las derechas. "Nuestro voto en ningún caso está garantizado y el Gobierno tendrá que ganárselo en las próximas semanas. No ponemos líneas rojas, pero tampoco daremos cheques en blanco", explican. La izquierda abertzale ya tomó el año pasado por primera vez la decisión de no enmendar a la totalidad las Cuentas para dar una oportunidad al diálogo. En las últimas jornadas, EH Bildu ha desligado esta negociación de la situación de los presos de ETA, tras el polémico discurso de Arnaldo Otegi ante su militancia.
ERC: LEY AUDIOVISUAL
Fuentes de ERC consultadas por este periódico aseguraron que ha habido contactos, pero no avances. Tienen redactada la enmienda a la totalidad por si tuvieran que presentarla. Plantean blindar el catalán en la Ley Audiovisual también por su impacto en el empleo para una industria que genera más de 26.000 puestos de trabajo y factura 6.702 millones de euros en Catalunya. El primer secretario de los socialistas catalanes, Salvador Illa, aseguró que la Ley Audiovisual será respetuosa, pero sin concretar la forma de garantizarlo. Tampoco a ERC se lo han aclarado en privado. Además, los republicanos exigen que se cumplan las inversiones de 2021, que han tenido una escasa ejecución.
ERC aclara que tomará su decisión de manera autónoma, sin el frente común al que le quiere empujar Junts desde una posición habitualmente menos pragmática y más partidaria de la confrontación. Tanto Junts como la CUP confirmaron sus enmiendas a la totalidad y complicaron un poco más la negociación a los republicanos. En Junts se habían mostrado dispuestos a negociar y lo mantienen, pero Míriam Nogueras confirmó que de entrada habrá enmienda a la totalidad, y presionó a ERC para que también presente la suya porque estas Cuentas no garantizarían la inversión para Catalunya.
Junts pedía mantener el fondo covid, una gestión territorializada de los fondos europeos, cumplir las inversiones, incorporar el catalán a la Ley Audiovisual, y la transferencia de Rodalies. El Gobierno español no respondió a ninguna de esas demandas del soberanismo.