El compromiso suscrito entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el pasado viernes para desbloquear al fin la reforma del artículo 49 de la Constitución española tiene letra pequeña. El líder del PP ha vuelto a dejar claro a su interlocutor que quiere poner puertas al campo, de tal manera que la reforma se limite a ese punto, a sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”, sin abrir el debate sobre el modelo de Estado y sin que sus socios de investidura refresquen las enmiendas que ya plantearon en el pasado en este ámbito. Desde el viernes se ha dejado caer que quiere un compromiso expreso de Sumar, aliada de Sánchez en el Gobierno de coalición, para que no apoye con sus escaños la exigencia de un referéndum a la ciudadanía para ratificar el cambio (se necesitan 35 votos y Sumar tiene 26), o que no respalde las enmiendas que aspiren a ampliar la reforma más allá del artículo 49.
En este sentido, Juristes Valencians aspira a que la reforma incluya el derecho civil valenciano, una demanda que ha planteado durante todo este tiempo Compromís, uno de los socios de Sumar. El PNV ya registró enmiendas sobre el derecho a decidir en la reforma exprés sobre la estabilidad presupuestaria llevada a cabo en 2011, y en diciembre del año pasado, hace un año, volvió a hacerlo cuando el Gobierno español activó la reforma del artículo 49, que no llegó a completarse ante las largas del PP y que decayó con las elecciones generales de julio. El PNV pidió entonces reconocer el derecho a decidir del pueblo vasco, de manera pactada con el Estado y de manera legal, apelando a los derechos históricos que reconoce la propia Constitución española. Planteó también reformar la inviolabilidad del rey español, para que sí pueda ser juzgado por sus actividades privadas o sus negocios, y que solo se mantenga esa salvaguarda para sus tareas institucionales en el ejercicio de su cargo público. Además, pidió eliminar el artículo 155 que permite suspender el autogobierno de las comunidades autónomas, como ocurrió en Catalunya.
En realidad, el PNV está convencido de que la percha de los derechos históricos que reconoce la propia Constitución española permite ampliar el autogobierno sin necesidad de abordar una reforma de la ley máxima en el Estado español. Además, considera que, a través de algún acuerdo interpretativo, se puede buscar una solución para el modelo territorial. Eso sí, siempre que se ha propuesto una reforma, ha planteado estas enmiendas para que conste en acta su posición política.
Con esta, ya serían tres las modificaciones quirúrgicas de la Constitución española, después de la realizada en 1992 para adaptarse al Tratado de Maastricht y permitir que los extranjeros pudieran ser elegidos como alcaldes y concejales; y la de 2011, encarrilada entre Zapatero y Rajoy, para cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria europeos. Ahora bien, los acuerdos de investidura de Sánchez lo abocan a plantear una solución para el problema territorial en esta legislatura, ya sea con una reforma constitucional o por otras vías. El nuevo estatus debe ver la luz en dos años.
En el caso del artículo 49, todo parece ya más o menos establecido para que salga adelante sin abrir más debates, y algunos sectores tratan de acusar a los partidos que quieran presentar otras enmiendas de poner en riesgo este hito.
SEGURIDAD SOCIAL
Estefanía Beltrán de Heredia. La portavoz del PNV en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia, recuerda que la CAV aporta al Estado a través del Cupo “por encima incluso” de lo que corresponde por la población, lo que dejaría en evidencia a aquellos que, de manera interesada, “trasladan una idea equivocada y errónea” de la insolidaridad de Euskadi por solicitar el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dijo en Europa Press.