Dejan desatendidos toda una noche a 88 usuarios de una residencia en Ortuella

La Diputación de Bizkaia ha abierto un expediente sancionador a la residencia de mayores Otxartaga de Ortuella por dejar desatendidos durante toda una noche a sus usuarios. Además, ha cerrado el centro Andia, de Bilbao, por incumplir, entre otros, los requisitos de temperatura y mantenimiento. Ambos casos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía. "No nos tiembla el pulso si hay que cerrar una residencia", ha advertido este lunes el diputado de Acción Social, Sergio Murillo.

El responsable foral ha comparecido esta mañana en la comisión de las Juntas Generales para dar cuenta de la encuesta de satisfacción que se ha llevado a cabo entre los usuarios de las residencias de mayores del territorio, y que alcanza una puntuación de 7,9 sobre 10, así como de las labores de inspección que se realizan en estos centros, dentro de los cuales se han detectado las irregularidades.

Según ha explicado Murillo, el expediente sancionador a la residencia Otxartaga de Ortuella, de 120 plazas y en la que vivían 88 personas en el momento en que ocurrieron los hechos, se ha abierto por una infracción "muy grave" que ya ha sido notificado a la Fiscalía y puede conllevar una multa de hasta 600.000 euros y suponer la prohibición de concertar plazas públicas. El centro es propiedad de la empresa Parque General Gorbeia.

El departamento de Acción Social recibió el pasado 7 de febrero una comunicación de la propia residencia, a través de un correo electrónico, notificando que "el personal del turno de noche que debía trabajar la noche del 1 de febrero no acudió a su puesto de trabajo y el turno de tarde se fue sin dar el relevo".

Tras analizar los hechos, ese mismo día se giró una visita al centro para recabar información sobre lo ocurrido y sus consecuencias sobre las personas residentes. Se recogieron testimonios del personal de la residencia y "se constata que durante la noche del 1 al 2 no hubo nadie para atender a las personas residentes". Por su parte, la residencia comunicó lo ocurrido las familias, estableció medidas organizativas adicionales para que una situación como esa no vuelva a suceder y dispuso un plan para paliar las posibles consecuencias.

El 16 de febrero se realizó una nueva visita de inspección, a las 21.20 horas, coincidiendo con el cambio de turno del personal. En esta ocasión, ha señalado Murillo, "se comprueba que el procedimiento seguido por las trabajadoras es acorde al establecido como medida correctora, para ser más garantistas y evitar que se reproduzcan las circunstancias del 1 al 2 de febrero".

"No garantizó los cuidados"

El informe final de la inspección, emitido el 23 de febrero, concluye que se han vulnerado "numerosos preceptos" del decreto que regula la actividad en los centros residenciales. Por ello, se ha incoado un expediente sancionador por una infracción muy grave al incumplirse la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal que corresponden a un servicio de estas características. "El incidente no garantizó los cuidados continuados o una atención personalizada", ha informado el diputado foral.

Según el acta de la empresa incluida en el expediente, y en base a lo que relató el Comité de Empresa, la falta de personal esa noche se debió a “una cadena de errores totalmente involuntarios”.

Dado que los defectos que dieron lugar al expediente están "completamente subsanados", no procede establecer medidas cautelares como la suspensión de la actividad del centro. La residencia dispone ahora de 15 días hábiles para presentar alegaciones ante un procedimiento que puede suponer una sanción económica de hasta 600.000 euros y también la inhabilitación, suspensión temporal o prohibición de la financiación pública.

Menos de 21ºC

La Diputación también ha procedido a suspender la actividad de la residencia Andia de Bilbao, por el frío que hacía en sus instalaciones, con temperaturas inferiores a los 21ºC que establece la normativa para garantizar el suficiente confort a sus usuarios.

El aviso sobre las irregularidades que se estaban produciendo en el centro, de 15 plazas y en el que residían cuatro personas, llegó el 15 de febrero desde otra administración pública, advirtiendo de que en la visita que había realizado al mismo la temperatura en las instalaciones “no era la adecuada”. Ese mismo día, técnicos del servicio de Inspección de la Diputación realizaron una visita in situ a la residencia, ubicada en Txurdinaga, y comprobaron que “ciertamente la temperatura no alcanza los niveles adecuados para garantizar unos niveles de confor térmico”. El diputado foral señaló que ese mismo día 15 se pidió a la directora del centro que tomara las medidas oportunas para que la temperatura subiera, al menos, hasta los 21ºC.

Una semana más tarde, el día 22, se realizó una segunda inspección, en la que se detectaron otras deficiencias en cuanto a mantenimiento, limpieza, y control de alimentos y medicamentos. La temperatura seguía sin ser la adecuada.

Se realizaron tres visitas más, el 24 y el 27 de febrero, y el 1 de marzo, sin que las medidas que se habían exigido cumplir “de forma inmediata” se hubieran adoptado. Por todo ello, se consideró que los constantes incumplimientos por parte de la residencia para corregir las deficiencias detectadas suponen “una situación de riesgo para la seguridad y salud de las personas usuarias”, ha detallado Murillo. Así, el 2 de marzo se suspendió de forma temporal la actividad, como medida cautelar, al tiempo que remitía lo ocurrido a la Fiscalía.

El departamento de Acción Social contactó con las familias de las cuatro personas que residían en ese momento en el centro y se planificó su traslado a otras residencias. El centro mantiene actualmente su actividad suspendida y ha presentado alegaciones a la decisión de la institución foral.

“Cuando se produce un incumplimiento actuamos para proteger la integridad de las personas residentes, incluido el cierre. Las personas mayores en situación de dependencia son nuestra prioridad. Si no se reconducen, no nos tiembla el pulso para decretar el cierre. Para la Diputación, esta es una línea roja”, ha advertido para finalizar Sergio Murillo.