Quince asociaciones sanitarias han reclamado, a través de la ONG Nofumadores.org, a los gobiernos de Madrid, Cataluña, Euskadi y Navarra que conviertan las terrazas de hostelería en espacios "sin humos y sin aerosoles", más allá del periodo de pandemia, una cuestión, han destacado, "para lo cual tienen plenas competencias".
En un comunicado, la organización señala que ha solicitado en un escrito -que cuenta con el respaldo de quince asociaciones sanitarias y de derechos civiles- a los consejeros de Sanidad de dichas comunidades que "la transformación de las terrazas en espacios sin humo de tabaco ni aerosoles de cigarrillos electrónicos" sea "con carácter permanente más allá de la pandemia de la Covid-19, como medida de salud pública".
Se trata, explican, de evitar la exposición pasiva al humo de tabaco y garantizar así el derecho a la salud, recogido en la propia Constitución, un derecho "tanto de adultos, como de niños y como de los trabajadores del sector".
Recuerdan que hace semanas, y en coincidencia con la explosión de contagios que ha provocado la sexta oleada del coronavirus, que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) alertó de que el humo del tabaco o de dispositivos electrónicos en terrazas de hostelería convierte estos espacios "en lugares inseguros" para sus usuarios por la posible transmisibilidad del covid, así como de "sustancias cancerígenas" cuando se fuma "a menos de ocho metros de distancia".
"Por ello es imprescindible que se prohíba fumar y vapear en las terrazas de estas comunidades como ya lo llevan haciendo, desde hace más de un año, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Comunidad Valenciana y La Rioja con un alto grado de aceptación por parte de la población", añade la Nofumadores.org en la nota.
Su presidenta, Raquel Fernández Megina, corrigió al consejero de Salud de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, quien afirmó recientemente que "la prohibición de fumar en las terrazas es una decisión que tiene que tomar el Sistema Nacional de salud", puesto que el consumo de tabaco está regulado en una reglamentación básica que es la Ley Antitabaco vigente. Fernández Megina explicó que "la ley 28/2005" es una norma "de mínimos, cuyas competencias están transferidas a las autonomías, que tienen todas las potestades para endurecerla y hacerla más restrictiva".