Sare carga contra una Audiencia que ejerce de “órgano jurídico de la extrema derecha”

Sare, la red de apoyo a los presos de ETA, puso ayer sobre la mesa su balance anual de política penitenciaria y fijó el foco sobre las actuaciones de una Audiencia Nacional que se muestra muy reacia a conceder permisos a los reclusos o a autorizar las progresiones de grado. En ese sentido, considera que este tribunal opera como un “órgano jurídico de la extrema derecha política” debido a su “cerrazón” e inmovilismo.

En el plano positivo, la red de apoyo a los reclusos ve una evolución –lenta, eso sí– en el acercamiento de presos de ETA durante el último año, en el que los traslados se han incrementado. A día de hoy, solo un 28% de quienes cumplen condena (un total de 47 internos) siguen sufriendo las políticas de dispersión. De cara a los próximos meses, Sare confía en que “se llegue al kilómetro cero” y una parte importante de los reclusos del EPPK “se encuentren ya ubicados en centros penitenciarios de Euskal Herria”.

A este respecto, y en lo que a la CAV concierne, los traslados de presos de ETA a los centros penitenciarios de Basauri, Zaballa y Martutene se han incrementado desde que el Gobierno vasco asumió la competencia de Prisiones en octubre del pasado año.

Ayer, los portavoces de Sare Bego Atxa y Joseba Azkarraga realizaron en una rueda de prensa en Donostia su valoración de los últimos meses y destacaron que se han dado algunos pasos en la buena dirección; entre ellos, poner fin al uso de las cárceles de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Galicia para internar a presos del colectivo.

En Sare aprecian una pausada evolución en la que en el último año se han dado nuevos movimientos que “permiten albergar la esperanza de que lleguemos a este kilómetro cero en los próximos meses y de que una parte importante de estos presos se encuentren ya ubicados en centros penitenciarios de Euskal Herria”.

Llaman a seguir presionando

En cualquier caso, Atxa y Azkarraga llaman a no confiarse y a seguir añadiendo presión a las autoridades del Estado español: “La experiencia nos está demostrando que estos movimientos que dependen de la Administración española se atascan, por lo que es necesario continuar insistiendo y empujando para que lo que ahora ya la inmensa mayoría política entiende que era un derecho indubitado, el de cumplir las penas en las cárceles más cercanas al domicilio de cada cual, se acabe respetando de manera absoluta y urgente”.

Además, los portavoces de Sare quisieron hacer una mención especial a los 20 reclusos de la organización armada que cumplen condena en el Estado francés, “en algunos casos con cadenas perpetuas”. En esa línea, lamentan que “la excepcionalidad continúa siendo la norma de actuación de la Administración penitenciaria”.

Por último, se refirieron a los permisos penitenciarias y las progresiones de grado y denunciaron que “la Fiscalía de la Audiencia Nacional; el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y la Sala de lo Penal de la Audiencia, con alguna matización, están ancladas en una posición de bloqueo de cualquier avance hacia la normalidad” en la aplicación de la legalidad ordinaria.

Al respecto, Sare constata que “existe una cerrazón ante la posibilidad de que las personas presas puedan disfrutar de permisos, cerrazón también ante la posibilidad de que estas personas puedan progresar a este régimen de semilibertad”, así como “ante la posibilidad de que se recorten las penas como consecuencia de los beneficios penitenciarios a los que todo preso tiene derecho”.

Dispersión de presos

“El alejamiento no ha finalizado”

Contabilizan 47 presos “lejos de sus casas”. Los portavoces de Sare aseguraron también que “la política de alejamiento no ha finalizado”, aunque confían en que este mismo año se pueda “cerrar este capítulo nefasto de vulneración de derechos de presos y familiares” si se confirma la tendencia de traslados de los últimos meses. En este contexto, explicaron que, cuatro años después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, “anunciara un cambio de la política penitenciaria y el fin del alejamiento”; desde la asociación contabilizan que un 28% de los presos de ETA, 47 personas, “se encuentran todavía ubicados lejos de sus casas”.