La red ciudadana Sare en favor de los derechos de los presos de ETA y otras organizaciones cercanas a la izquierda abertzale como Etxerat han convocado para esta tarde en Bilbao su anual manifestación multitudinaria para denunciar la política penitenciaria del Estado español con respecto a los reclusos del colectivo EPPK.
Como viene ocurriendo desde hace más de una década, la marcha reunirá a decenas de miles de personas por la calle Autonomía de la capital vizcaina, con el apoyo de las formaciones que conforman EH Bildu y de algunos miembros de Podemos Euskadi que acudirán “a título personal”.
Sin embargo, en el plano de los apoyos de colectivos sociales, este año ha habido algunos desmarques de organizaciones que consideran que con el fin de la dispersión –apenas queda una docena de miembros del colectivo en prisiones fuera de Euskal Herria y se espera que se culmine este proceso en las próximas semanas– y con los cambios en política penitenciaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez la iniciativa de Sare deja de cobrar sentido.
Entre ellas está Comisiones Obreras, que otros años ha secundado la marcha anual, pero que ahora considera que sus objetivos ya están cumplidos. Más allá, otras voces que antaño reivindicaban el fin de la dispersión y el cumplimiento de los derechos humanos de los presos temen que ahora, una vez consumado el acercamiento, se aprovechen actos como el de hoy para reivindicar la excarcelación o la amnistía de todos los exmiembros de ETA que siguen cumpliendo condena.
En esa línea, se basan en el nuevo lema y la nueva estrategia de Sare y Etxerat, que esta semana cambiaron el tradicional eslogan pro-acercamiento de Euskal presoak Euskal Herrira por Etxera (A casa) y reivindicaron el “camino de vuelta a casa” de los reclusos, lo que algunos interpretan como una nueva dinámica que exija directamente la puesta en libertad de este colectivo.
Así lo ven, por ejemplo, en la asociación Gogoan-Por Una Memoria Digna, que esta semana ha impulsado una campaña en las redes sociales en la que, bajo el lema Ez nire izenean (No en mi nombre), muestra su rechazo a las peticiones de excarcelación o amnistía de los reclusos del EPPK.
A esta campaña se han sumado nombres como la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, el exrector de la UPV/EHU Pello Salaburu o Txema Urkijo, asesor de víctimas y exdirigente de Gesto por la Paz. Tanto Salaburu como Urkijo se habían mostrado en otras ocasiones favorables a iniciativas para denunciar la dispersión y la política penitenciario del Estado español, pero creen que este objetivo ya se ha materializado y ahora los reclusos de ETA deben cumplir sus penas con respecto a la legalidad penitenciaria ordinaria.
“Denme una razón por la que un defensor de los derechos humanos habría de asumir la reivindicación de que los presos de ETA vuelvan a casa. Yo defiendo que se les aplique la ley exactamente igual que a cualquier otra persona presa”, expresaba esta semana Txema Urkijo en la red social Twitter.
Pello Salaburu se unía a este argumento en la misma red social: “Antes se pedía, con razón, el acercamiento de los presos a las cárceles cercanas. Ahora, como la mayoría está ya aquí, se pide que los traigan a casa. Esos héroes que tanta gente han matado y que tan satisfechos parecen de lo hecho, deben cumplir condena. ¿En casa? No en mi nombre”.
A ese Ez nire izenean se ha unido también Consuelo Ordóñez a través de su asociación, Covite. “Antes disfrazaban su verdadero objetivo con la exigencia del fin de la dispersión, ahora lo hacen con los supuestos obstáculos para conseguir terceros grados”, critica el colectivo de víctimas.
Comisiones Obreras
El pasado jueves, también anunciaba su desmarque de la marcha CCOO, que considera que el fin de la política de alejamiento y la creciente concesión de terceros grados “son ya un avance crucial en la política penitenciaria”.
Según relataba el sindicato en un comunicado, es de celebrar que “estamos ante un escenario inimaginable hace algunos años”. Y es que Comisiones Obreras cree que la política penitenciaria, con los cambios desde Moncloa y con la transferencia de Prisiones a Euskadi, “ha evolucionado de forma sustancial, y el alejamiento, territorio común de una denuncia y reivindicación compartida durante muchos años, por fin ha terminado”.
Respecto a la dispersión, los números señalan el avance producido en los últimos años y que se ha acelerado en los últimos meses. Y es que, según las estadísticas que ofrece Etxerat, solo 14 de los 173 presos del EPPK están todavía en cárceles de fuera de Euskal Herria, mientras que hace menos de dos años el alejamiento afectaba a un total de 191. l