En el marco de su décimo aniversario, Sare ha hecho balance de estos años de andadura y sostiene que, ahora, debe de ser la sociedad vasca "a través de sus instituciones políticas y judiciales, quienes decidan cómo y cuándo regresan a sus casas los presos" de ETA.
Asimismo, ha reivindicado que víctimas y presos tienen derecho a ser "escuchados, respetados, a ver atendidos sus derechos que, en definitiva, es poner en práctica el trinomio: verdad, justicia y reparación".
Por otro lado, en el acto celebrado en Donostia, sus portavoces Joseba Azkarraga y Begoña Atxa han destacado que durante este tiempo se ha "avanzado" y se está "en la recta final".
Intencionalidad política
Tras advertir que en los últimos diez años han sido testigos de un escenario político "cambiante" y de gobiernos "de ideologías diferentes", ambos han incidido en que a unos periodos de estabilidad y avance han seguido otros "de más crispación y ralentización del proceso de resolución".
"Nos atreveríamos a señalar que una de las causas fundamentales de los momentos de crispación y bloqueo ha sido la utilización en las proclamas políticas partidistas de una violencia ya inexistente y de una utilización del dolor de las víctimas con una intencionalidad política partidista", han denunciado.
En esta línea, según han reivindicado, ahora debe de ser la sociedad vasca, "a través de sus instituciones políticas y judiciales, quienes decidan cómo y cuándo regresan a sus casas los presos" de ETA.
"Es por ello que instamos a la administración penitenciaria vasca a continuar implementando de manera diligente el itinerario de reintegración social de estos presos y, a la vez, entre todos, continuar impulsando las dinámicas de apoyo y reparación de todas las víctimas de las diferentes violencias", han reclamado.
Fin de la dispersión
Sare, que se ha felicitado por haberse puesto "punto final" a la vulneración de derechos que "han supuesto las políticas de alejamiento que han durado 34 largos años", ha advertido que esta nueva etapa será "más corta, aunque no exenta de dificultades".
"Somos conscientes de que todavía hay sectores de la judicatura, la política y de algunos medios de comunicación que se oponen a estos avances. Queremos decirles, con mucha claridad, que no vamos a callarnos ante la tropelía que supone arrogarse la facultad de vetar o bloquear el avance de un proceso, cuyo único destinatario y beneficiario último es la sociedad vasca", han argumentado.
Por ello, han considerado que es hora de poner fin a "tantas excepcionalidades que vulneran los derechos de los presos", ya que "la vida de estas personas no puede quedar al albur de tribunales de justicia ubicados a más de 400 kilómetros de distancia". "Es hora de que esa competencia pase a depender de los juzgados de proximidad", han reivindicado.
Por último, han asegurado que el derecho no puede ser utilizado para impedir que las personas en prisión puedan evolucionar en su situación carcelaria. "Un enroque judicial que vulnera derechos, no coadyuva, para nada, en mitigar el dolor de nadie. Al contrario, no puede haber satisfacción de las víctimas fuera del derecho. No se puede construir un país dando la espalda a los derechos de las personas porque de esta forma estaremos cerrando en falso una época trágica de nuestra historia", han insistido.