Sare pide “echar el resto” para dar fin a la excepcionalidad

La red ciudadana Sare recorrió ayer las calles de Donostia tras una pancarta que rezaba Etxera bidea gertu para insistir en la necesidad de dar carpetazo a la actual política penitenciaria. Durante los últimos años se han dado pasos positivos en el buen camino, si bien ha llegado la hora de poner fin “a la ilegal e inhumana política penitenciaria que se ha convertido en la norma de actuación de los poderes del Estado”. Para ello, el colectivo tiene marcado en rojo una fecha en el calendario, el 7 de enero. “Es el momento de echar el resto”, clamaron.

Sare aseguró estar “defendiendo derechos humanos, no estamos defendiendo objetivos políticos partidistas”. Y en ese camino han logrado tejer complicidades con la mayor parte del arco parlamentario vasco, los sindicatos mayoritarios y los colectivos sociales. Aun así, ven indispensable seguir en la movilización. “No pararemos hasta que estén todos y todas aquí”, ahondaron, para recordar cuáles son las metas a alcanzar: “No solo acabar con el alejamiento, sino también con el bloqueo de las progresiones de grado o las autorizaciones de permisos”.

Pese al largo camino recorrido, aún existen obstáculos por superar. “Continuamos en la excepcionalidad, más aún cuando la Audiencia Nacional, por impulso de la Fiscalía, recurre y echa abajo las progresiones de grado o permisos penitenciarios que las Juntas de Tratamiento aprueban en el caso de los presos y presas vascas”, señalaron en el discurso el cierre de la manifestación. “Una justicia, la de la Audiencia Nacional, que de manera permanente ha mirado y mira hacia otro lado cuando se trata de juzgar y condenar las torturas, abusos de poder, vulneraciones de derechos humanos, corrupción... La Justicia española solo tendrá nuestro respeto cuando aplique la misma vara de medir a todo el mundo”, zanjaron.

Por su parte, y horas antes de que la marcha arrancara, el PNV hizo suyas las reivindicaciones y se reafirmó en su apuesta en favor del traslado de los presos y presas de ETA a las cárceles de Euskadi, ya que “contribuirá a su resocialización, principio que por ley debe inspirar toda política penitenciaria, y aliviará la situación de sus familias”. La formación jeltzale se mantuvo en su postura de no acudir a las manifestaciones de Sare, una postura que oficializó el mes de enero.