Cuando parecía que las mascarillas en entornos sanitarios habían llegado para quedarse, epidemiólogos y expertos en enfermedades infecciosas de ocho instituciones creen que ha llegado el momento de poner fin a las políticas que obligan a llevar mascarilla en los centros sanitarios, residencias o farmacias, según han publicado en la revista Annals of Internal Medicine. La Comunidad de Madrid ya ha abierto la veda de la insumisión y ha trasladado al Ministerio de Sanidad que se trate a nivel técnico su eliminación en la Comisión de Salud Pública.
Hay que recordar que hace poco más de dos meses, el pasado 8 de febrero, se retiraron los cubrebocas en el transporte público, adelantando así la fecha inicial que habían recomendado los expertos de la ponencia de alertas, órgano técnico –aunque no vinculante– que asesora al Ministerio y a las comunidades, que en octubre abogaron por mantenerla hasta marzo, coincidiendo con el fin de la temporada de las infecciones respiratorias.
También se cumple poco más de un año –fue el 18 de abril de 2022– desde que el BOE dejara sin efecto la obligatoriedad en interiores. Sin embargo, entonces se apostó por mantenerlas siempre en sitios cerrados, mal ventilados y con mucha gente “porque sigue suponiendo un cierto riesgo”, por lo que se recomendó su permanencia en el transporte público o centros sanitarios.
Ahora, un nuevo panel de expertos, coordinado por Erica S. Shenoy, de la Universidad de Harvard y el Hospital General de Massachussets, pide que se reconsidere el fin de la mascarilla obligatoria para profesionales de salud, pacientes y visitantes, y en su lugar se retomen los protocolos ya establecidos de control de la transmisión de patógenos conocidos, como ya es el covid. Países como Portugal ya han comenzado la marcha atrás, y han retirado su obligatoriedad el pasado día 18 en centros de salud, incluidos hospitales y residencias de mayores. Sin embargo, los estados de la UE todavía están divididos al respecto.
Un patógeno como otro
Los que ahora reclaman su retirada argumentan que, a lo largo de la pandemia, el uso generalizado de los protectores faciales en los centros sanitarios estuvo justificado para reducir el riesgo de transmisión y para preservar al personal sanitario. La mascarilla fue un elemento de un conjunto más amplio de estrategias para limitar la transmisión en una época en la que se sabía poco sobre el patógeno y aún no se habían identificado intervenciones eficaces.
Desde entonces, la carga del Sars-CoV-2 se ha mitigado. Esto significa que “ha llegado el momento de gestionar el covid como otros virus respiratorios endémicos mediante la aplicación correcta y coherente de las precauciones estándar”, según señalan. Estas incluyen el uso de mascarillas y protección ocular por parte del personal sanitario cuando realice actividades que generen salpicaduras o aerosoles en la cara, independientemente de los síntomas del paciente, y colocar protectores a los enfermos cuando presenten síntomas, entre otras precauciones.
Además de poner fin al uso universalizado de las mascarillas, los expertos sugieren que, en la era endémica, se reconsideren otras estrategias de la época pandémica, como las pruebas asintomáticas y el rastreo de contactos.
Las opiniones no son, ni mucho menos, unánimes. Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, opina que es prematura su retirada. “Tenemos muchas incertidumbres desde el punto de vista científico porque aventurar cuáles pueden ser los impactos de retirarlas o dejarlas es difícil”, destaca.