GAsteiz – Una de cal y otra de arena. SEA Empresas Alavesas hizo público ayer el informe completo del estudio que ha realizado para conocer el impacto de la sexta ola de la pandemia en el tejido empresarial del territorio. Lo cierto es que la encuesta, elaborada entre el 10 y el 17 de enero, revela una mejoría en uno de los aspectos que más estaba golpeando la actividad productiva en el segundo semestre de 2021, el de las dificultades en las cadenas de suministro. Pero, al mismo tiempo, la patronal alavesa advierte de que el correr del tiempo también acerca el fin de la moratoria para la devolución de los préstamos recibidos para paliar los efectos de la pandemia, una herramienta a la que en estos dos últimos años en el territorio han recurrido más de 5.000 empresas.
En los dos anticipos de este informe que SEA ha hecho en las semanas precedentes, la patronal alavesa reseñó los problemas que la oleada de ómicron ha supuesto tras la Navidad en forma de crecimiento exponencial de las bajas laborales –el 54% de las empresas de Álava tenía en esa primera semana tras las navidades al menos al 10% de su plantilla de baja por covid y el 24% afrontaba esos días con más del 20% de sus plantillas de baja–. Además, avanzó que el 56% de las compañías del territorio iba a cerrar sus cuentas de 2021 con un caída de sus márgenes de beneficios superior al 11% y que un 21% afrontaba descensos superiores al 25%.
Otro elemento relevante en este paisaje de la economía alavesa en el inicio del año es la evolución de la inflación. Ayer se conocía el IPC adelantado de enero, que en el Estado se situó en el 6%. Euskadi cerró 2021 en el 6,4% y Álava, en el 6,8%. Esta evolución refleja en parte el encarecimiento de materias primas, energía y transporte de mercancías que afrontan las empresas, pero también afecta a algunas empresas alavesas por la vía laboral, en tanto un 29% tienen vinculado al IPC el incremento salarial de 2022.
En este contexto, SEA Empresas Alavesas recordó ayer que, en estos dos últimos años, más de 5.000 empresas del territorio han recurrido a los conocidos como préstamos covid del ICO o de Elkargi para poder hacer frente a las dificultades derivadas de la pandemia, de las que el 90% son pymes y autónomos y, de estas, el 74% tiene menos de diez empleados. La suma que deberá comenzar a devolverse en los próximos meses asciende a 1.336 millones de euros.
El secretario general de SEA, Juan Ugarte, subrayó que el plazo de amortización de estos préstamos comienza en los próximos meses, en un momento en el que el contexto económico sigue sometido a muchas incertidumbres "y de momento no vemos la luz al final del túnel". El 46% de las firmas encuestadas afirma que tardará un año o más en recuperar su actividad prepandemia. "La mayoría de nuestras empresas no ha podido recuperar su plena actividad y, por ende, ya anuncian la imposibilidad para hacer frente a la devolución de estos préstamos", afirmó Ugarte, para reclamar que se amplíen estos plazos.
En concreto, tres de cada diez empresas admiten que tendrán problemas para devolver los préstamos. Por sectores, la Hostelería es la que afronta mayores dificultades (62,5%), mientras que en la Industria una tercera parte reconoce afrontar con problemas la amortización de estas cantidades (33%), y en la Construcción y el sector Servicios este porcentaje es de un 25%.
El respiro en este informe viene de la mejoría en la cadena de transporte y suministros. Un 42% de las empresas manifiesta problemas por el transporte de mercancías –14 puntos menos que en la encuesta de noviembre– y un 62% sigue teniendo dificultades por falta de suministros y materias primas, 16 puntos menos que hace dos meses.