El Gobierno surcoreano presentó ayer un plan para compensar a 15 personas esclavizadas por empresas japonesas durante la II Guerra Mundial que ha despertado críticas por parte de algunas víctimas o sus familias al basarse en un fondo financiado con dinero de empresas surcoreanas y no japonesas. La propuesta, anunciada por el canciller Park Jin, busca resolver uno de los contenciosos que más pesa sobre las relaciones de ambos países.
El plan busca el indemnizar a 15 coreanos que ganaron demandas judiciales en 2018 contra la acería Nippon Steel y la división de industria pesada de Mitsubishi, que movilizaron a estas personas forzosamente a principios de los años cuarenta del pasado siglo, momento en el que Japón aún mantenía su dominio colonial sobre la península coreana.
El plan diseñado por el Gobierno del conservador Yoon Suk-yeol busca recolectar donaciones “voluntarias” de empresas. En concreto se espera que sean empresas como la acería Posco las que abone parte importante de estas indemnizaciones. Posco fue una de las principales beneficiarias de un paquete de ayudas valorado en 300 millones de dólares que Tokio ofreció a Seúl para compensar a víctimas de la colonización nipona como parte del acuerdo para el establecimiento de relaciones bilaterales firmado en 1965.
Las autoridades niponas defienden que todas las indemnizaciones en ese terreno quedaron resueltas con base en ese tratado bilateral. Documentos de la época han mostrado que Tokio quiso gestionar directamente las compensaciones a las víctimas, pero el Gobierno surcoreano, en manos en ese momento del general golpista Park Chung-hee, insistió en manejar esas ayudas, que acabaron sirviendo para financiar a Posco, hoy una de las mayores empresas surcoreanas, o para la construcción de la principal autopista del país