"Si hay voluntad, Europa puede crear un foro para las regiones con un acuerdo político"

Alain Lamassoure (10 de febrero de 1944, Pau) sigue siendo una referencia hoy en día cuando se trata de debatir el papel que deben tener los territorios con competencias legislativas en Europa. El experimentado político centrista del Estado francés lo ha sido todo: alcalde de Angelu, presidente del Consejo de Electos de Iparralde, ministro de los gobiernos de Balladur y Juppé, y también trabajó en el Europarlamento, donde fue el autor del ya célebre informe de 2002 que propuso conceder el estatus de región asociada de la Unión Europea a esos territorios. Su idea inspiró al lehendakari Urkullu para impulsar el grupo de territorios con competencias legislativas Rleg, que se reunió el miércoles en Bilbao y pidió crear un foro interinstitucional. Lamassoure participó como invitado por videoconferencia, ante la imposibilidad de acudir presencialmente por la convulsa situación en Francia.

En la conferencia del grupo Rleg, los territorios que piden tener voz en Europa, se vio una imagen de unidad. ¿Usted cree que la Comisión Europea va a tomar nota o vive de espaldas a estas peticiones?

Yo creo que la Comisión Europea está abierta al problema de las regiones y está convencida de la necesidad de tener más en cuenta la dimensión regional en la política europea. Es lo que ha dicho el representante de la Comisión en la conferencia (el jefe de gabinete de la vicepresidenta Dubravka Suica). Pero lo que yo me temo es que, como la Comisión está llegando al final de su mandato al igual que el Parlamento y en un año vamos a tener elecciones, y como están muy ocupados por la crisis económica, la guerra en Ucrania y la transición climática y digital, esto no es una de sus primeras prioridades. Por eso, yo el consejo que doy es aprovechar la oportunidad de la campaña de las próximas elecciones europeas para que el Parlamento Europeo conceda el mandato a la próxima Comisión, para que esta problemática de las grandes regiones, sobre todo las que tienen competencias legislativas, entre en el funcionamiento habitual de la Unión Europea.

En la conferencia de Bilbao, algunos de los ponentes señalaron que quizás sea difícil emprender ahora una reforma de los tratados en plena guerra en Ucrania. ¿Usted cree que esa reforma debería impulsarse o no es el momento?

Yo aconsejo una estrategia en dos tiempos. En un primer tiempo, hacer todo lo posible sin cambiar el tratado. Y se puede hacer mucho, si hay voluntad por parte de la Comisión y, sobre todo, por parte de los gobiernos y del Parlamento Europeo. La experiencia nos demuestra que, mediante un acuerdo político informal, es decir, sin que se inscriba en un tratado, podemos ya actuar y hacer cambios en los procedimientos, en las maneras de decidir e, incluso, crear algunos órganos que ahora no existen en los tratados. Por ejemplo, hace unos años creamos un encuentro entre la Comisión de Finanzas del Parlamento y las comisiones de los parlamentos nacionales, para hablar sobre nuestras políticas presupuestarias. Entre 1988 y 2009, la Comisión, el Parlamento y el Consejo se pusieron de acuerdo y firmaron una carta para no aplicar el Tratado Europeo en el procedimiento del Presupuesto. Se podría aplicar a las propuestas que se han hecho en la Declaración de Bilbao. Podemos instaurar un foro que reúna a los representantes de las regiones socias de la Unión para que este foro trabaje con la Comisión Europea, para comunicar los dictámenes o las opiniones de las regiones antes de que la Comisión haya hecho ya políticas para unas competencias que son compartidas con las regiones. En un segundo momento, si es una experiencia satisfactoria, habría que introducirla en el tratado. La guerra en Ucrania tendrá cierto efecto palanca, obligará a abrir la puerta a reformar los tratados. 

¿A qué se refiere?

Va a ser la entrada de Ucrania en la Unión Europea. No se la puede dejar esperando 20 años como a Montenegro. Tiene que entrar de aquí a 5 o 10 años. Y nos vamos a ver obligados a tener que aceptar a esa media docena de países pequeñitos de los Balcanes a los que desde hace años los tenemos esperando. Estaremos obligados a actualizar el resto de las disposiciones de los tratados. Será el momento de conceder a las regiones con competencias legislativas el lugar que hoy no ocupan en los tratados. Será dentro de diez años. Hay que prepararse para una reforma de los tratados.

Desde el informe que redactó hace ya 20 años, proponiendo el estatus de región asociada, no se ha producido ningún salto cualitativo en la Unión Europea para dar voz a las regiones. ¿Existe voluntad política? 

En la actualidad, no, claramente, porque las prioridades de nuestros gobiernos están en otros lugares. Las regiones cada vez más son socias de la ejecución de las políticas europeas. Un 70% de los programas financiados por la Unión Europea está administrado por las colectividades locales, incluso en Francia, que es un país donde las regiones tienen poco poder. Gestionan los fondos estructurales europeos. En Alemania, Bélgica o Austria, las provincias, regiones o länder son los que están gestionando las ayudas europeas. Son socios políticos. Y hay unas asambleas elegidas por el pueblo por sufragio universal directo, y estas regiones que desempeñan un papel fundamental en la ejecución también tienen que jugar un papel fundamental a la hora de diseñar y elaborar estas políticas. A la pregunta de si existe voluntad política por parte de los estados miembros, no, porque no está en su agenda. Pero en cada uno de los países hay un movimiento imparable que va ya en este sentido. Creo que se va a traducir en dos tiempos: informal y luego ya más formal.

Además de no ser una prioridad y no estar en la agenda de los estados, ¿puede haber también un temor de los estados a perder poder, a perder el control de las decisiones?

Sí, por supuesto. Lo que yo temo no es tanto a los dirigentes políticos, como a la burocracia nacional. En mi vida política, he constatado que, cada vez que yo quería cambiar el reparto de los papeles de cada uno, dándole algo más hacia las regiones o un poco más hacia Europa, tenía el acuerdo político del Gobierno, incluso en un país que no es nada descentralizador. Pero, por detrás, las administraciones y la burocracia se resisten. La burocracia ha adoptado la costumbre de saber cómo actuar para sabotear un posible acuerdo político europeo. Recuerdo que había un acuerdo prácticamente unánime del Parlamento Europeo, sobre la armonización del tema del Impuesto de Sociedades, el Corporate Tax. Al Ministerio de Finanzas lo pillé en flagrante delito de dejar enterrada esa negociación en el Consejo de Ministros para que nunca apareciera realmente en el orden del día del ministro de Finanzas. Necesitamos un liderazgo nacional, dirigentes nacionales con esa filosofía europeísta y que tengan autoridad y valor ante sus poderosas administraciones.

En el Estado español, durante años ha habido un prejuicio en contra de que las regiones tuvieran mayor voz en Europa porque se interpretaba que era una reivindicación eminentemente nacionalista, pero en la conferencia de Bilbao se vio que territorios gobernados por diferentes partidos comparten esa reivindicación. ¿Se ha desmentido que sea una reivindicación nacionalista?

La situación trágica en la que estaba Euskadi tuvo consecuencias de cara al posicionamiento del Gobierno español y generaba preocupación en Europa. A partir del momento en que se ha tranquilizado esta situación, se puede gestionar. Tenemos un poco la misma situación de cara a Córcega, en Francia. Córcega experimentó un periodo también de atentados muy sangrientos. Y, hasta que no volvió la paz, sin interlocutores dispuestos a negociar pacíficamente respetando el Estado de Derecho, era muy difícil avanzar. Córcega quiere tener más poder, que el corso sea una lengua oficial de la isla, y el Gobierno francés está dispuesto a entablar negociaciones. Y añado un último punto: la futura ampliación de Europa es algo que se va a producir y va a hacer que pequeños países entren, y van a estar representados en todas las instituciones. Euskadi tiene más población que Luxemburgo, comparándola con otro Estado. Montenegro y Moldavia, que entrará prácticamente a la vez que Ucrania, tienen más o menos dos millones de habitantes. Euskadi, el País Vasco, no está representada en la Unión Europea y ni siquiera se la considera como un partner legítimo de la Unión Europea. A largo plazo, esto no es aceptable. Así que soy optimista, pero hay que seguir con mucho tesón, y Urkullu ha tenido esa virtud. Y luego, ampliar la red Rleg. Nos faltan länder alemanes y países del este.

Pedro Sánchez va a asumir la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea a partir del 1 de julio. Al ser presidente de un Estado compuesto con autonomías con un alto nivel de autogobierno, ¿espera de él que actúe con ambición?

Yo no puedo pronunciarme sobre la situación política española. Veo que los gobiernos españoles han jugado un papel importante en la construcción europea. Voy a dar un ejemplo de izquierdas y otro de derechas. Felipe González jugó un papel muy importante en la elaboración de Maastricht, para convencer a sus socios de que era interesante crear una ciudadanía europea. Fue muy importante en la creación del Comité de Regiones. Y, por parte del PP, el Gobierno de José María Aznar hizo todo lo necesario para que España entrara en la primera división desde el día 1 de la aplicación del euro. Lo que deseo, evidentemente, es que en la presidencia del Gobierno español, todas esas reuniones realmente sean un motor de modernización y quizás hacer que, desde ya, se acepten algunas de las propuestas de sus socios sin esperar a las próximas elecciones al hilo de los acuerdos lanzados este miércoles en Bilbao. 

Ha surgido una polémica en Euskadi y en las comunidades limítrofes porque el Estado francés está intentando retrasar la conexión de alta velocidad. En términos de construcción europea, se interpreta que Francia quiere que Europa acabe en los Pirineos. ¿Cómo lo ve usted?

Yo vivo esto muy mal. Yo representé a Francia con Mitterrand en 1992, en un Consejo Europeo en Alemania, en Essen, donde adoptamos el esquema de desarrollo de las infraestructuras de transporte ferroviario, que todo el gran espacio europeo tuviera comunicaciones que no se detuvieran en las antiguas fronteras nacionales. Entre los 14 enlaces de los que se habló, estaba la alta velocidad París-Madrid, hacia Catalunya, y por Euskadi. Por el lado catalán, las cosas están casi hechas. Sin embargo, en el oeste, ha habido obstáculos de tipo político que no eran objeciones nacionales. Eran locales. En Poitou-Charentes, Ségolène Royale presidía la región, y no estaba de acuerdo con el itinerario elegido, y luego, en Iparralde, hubo un cambio de opinión de los políticos, que preferían quedarse al margen del turismo de masas y no tener un enlace tan bueno con París. Hace unos meses me gustó oír que el Gobierno había decidido saltarse las opiniones negativas de los políticos locales. Desgraciadamente, entre tanto, la situación ha empeorado. Todavía no es oficial, pero parece que no está dentro de las prioridades. La influencia que todavía me queda la voy a intentar utilizar. Esto tiene consecuencias muy negativas para el País Vasco. Podríamos hacer que fuera uno de los motores del nuevo crecimiento. 

¿Es compatible con el espacio único europeo que sigan cerrados tantos pasos fronterizos entre España y Francia?

No. Esto es el resultado de una falta de auténtica voluntad política por parte de nuestros dirigentes para armonizar nuestras políticas de inmigración. Los jubilados de hoy en día están financiados por la población activa y, a la vez, si hay una proporción demasiado alta de migrantes, las relaciones se vuelven conflictivas. Entonces, hay que ver cómo podemos generar a escala de la Unión Europea una política de inmigración autorizada, que responda a las necesidades de nuestras economías. Pero tiene usted razón en insistir. Es algo muy delicado en Euskadi. Se desarrollan todo tipo de relaciones entre las dos partes del País Vasco, y bajo pretextos que no son creíbles realmente, estamos volviendo a fronteras de los años 50.

La primera ministra francesa acaba de superar dos mociones de censura por el asunto de las pensiones. Una de ellas la ha superado por tan solo nueve votos pero, aun así, el presidente Macron mantiene su reforma de las pensiones y a la primera ministra. ¿Debería haber tomado nota de lo sucedido?

Es una moción de censura que no la hace la oposición, sino que ha estado provocada por el Gobierno en cierto modo. La primera ministra ha dicho: no le gusta a usted mi reforma, pues entonces le lanzo el reto de que consiga una mayoría contra mi reforma. No salió la moción por una pequeña falta de mayoría, pero así funciona la democracia. El Gobierno se debilita porque ha sido un vía crucis. Está claro que la pedagogía no fue muy buena. Ningún partido va a subir las cotizaciones en momentos de inflación y problemas de poder adquisitivo, ni bajar las jubilaciones, y la única solución es la de todos los países europeos: jubilarse más tarde. Francia vivirá altercados políticos y sociales durante meses. Esperemos salir triunfantes nosotros y Europa.