Calculan que el derribo del chalet que el ex futbolista de la Real Sociedad, Xabi Alonso, se ha hecho construir en el paraje conocido como Txalin, en Igeldo, podría costar unos 2 millones de euros. Y no dudan de que haya que derribarlo. La pregunta es quién debe pagar esas obras: el Ayuntamiento de Donostia o el promotor.
Miembros de Haritzalde Naturzaleen Elkartea, Igeldoko Herri Kontseilua, Ieltxo Elkartea y vecinos de Igeldo, acompañados de su abogado Javier Olaverri, han comparecido ante la prensa, esta mañana, en la Plaza de Igeldo. Querían dejar claro, de nuevo, su oposición a la construcción de esa vivienda de lujo "ilegal" e "ilegalizable". Una operación, denuncian, que ha utilizado la Ley del Suelo a su favor, para reconstruir un caserío que fue expropiado forzosamente en Martutene -el caserío Goiatz Berri- "de forma especulativa, en la mejor zona del litoral, en Igeldo". Y creen que esa es la clave de este asunto.
Dicen que "la cuestión de fondo no es la estética ni el diseño, el impacto paisajístico, la forma de la cubierta, ni la mimetización del entorno como ha querido desviar el problema que tiene el propio Ayuntamiento por permitir esta operación ilegal". Creen que el problema de fondo es si esto se va a volver a permitir, "que cualquier expropiación pueda ser utilizada para especular y construir un edificio en un lugar a la carta de quien mercadee con ese titulo expropiatorio". Y ponen como ejemplo la parcela en la que ha construido Xabi Alonso, un terreno rural que "ahora mismo vale unos 700.000 euros, pero sin permiso de construcción valdría 50.000".
Irregularidades
Estos colectivos denuncian que la villa de Xabi Alonso cuenta con una "lista inacabable de irregularidades" y, entre otras, citan algunas: vulneraciones de los plazos legales, no tener acceso propio, construir más de lo que permite la ley, hacer un sótano, construir una piscina o incluso, ubicar el edificio "girado", en un lugar y posición distintos para los que dio la licencia el Ayuntamiento de Donostia.
Por cierto, que sobre esta última cuestión, los demandantes aseguran que hace más de un año que preguntaron al consistorio sobre ello, pero que todavía no han recibido respuesta.
¿Quién paga el derribo?
El abogado de estos colectivos, Javier Olaverri, ha explicado que la sentencia que les da la razón no es firme. De hecho, el Ayuntamiento de Donostia ya ha anunciado su intención de recurrirla, pero dice el abogado que cuando la sentencia sea firme, si va en el mismo sentido que ahora, "la demolición es una consecuencia 100%. Ninguna obra que tenga falta de licencia pueda subsistir".
La duda que plantean es quién deberá hacer frente al derribo, que calculan que puede costar unos 2 millones de euros. "Aunque sorprenda, si la obra se ha hecho de acuerdo a licencia, el Ayuntamiento lo debería pagar por haber dado mal la licencia. Pero, en este caso, se ha reconocido por parte del Ayuntamiento en el juicio, no en la administración, que la obra no está hecha donde dice la licencia y entonces, eso es una obra contra licencia. Por eso solo, la obra debería ser paralizada, darle la posibilidad de legalizarla que en este caso es imposible, y por tanto, derribarla a costa del promotor".