Amnistía Internacional ha aplaudido este domingo la abolición de la pena de muerte en Sierra Leona aprobada en la víspera por el Parlamento nacional pero ha recordado al país africano que todavía tiene muchas cuentas pendientes con el derecho Internacional, especialmente en lo que se refiere a la protección de los disidentes.
"La abolicion de la pena de muerte es una victoria para los Derechos Humanos en Sierra Leona", ha explicado el asesor legal de Amnistía, Oluwatosin Popoola, antes de recordar al Gobierno sierraleonés que debe hacer todo lo posible para proteger a activistas, periodistas y opositores.
Las autoridades sierraleonesas, ha recordado igualmente, han sido acusadas de tergiversar la ley para eliminar a sus oponentes políticos, mientras que sus fuerzas de seguridad han sido responsabilizadas de emplear excesiva violencia en las protestas de sus críticos. Con todo, "el progreso que estamos viendo de cara a la abolición de la pena de muerte en Africa es algo a destacar", y "Amnistía se muestra optimista en que otros países del continent seguirán su ejemplo", señala.
La antigua colonia británica se encuentra todavía devastada por la pobreza y por la guerra civil de 1991-2002 que se cobró 120.000 vidas. En 2006, una comisión de la verdad y la reconciliación creada para investigar el conflicto pidió la abolición de la pena de muerte, al entender que se trataba de "una afrenta a la sociedad civilizada".
Las autoridades han adoptado esta decisión dos meses después de que Malaui declarara la pena de muerte como inconstitucional en abril. Chad la abolió en 2020 y un año antes, el tribunal africano de Derechos Humanos dictaminó que la imposición obligatoria de la pena de muerte por parte de Tanzania era "evidentemente injusta".
La pena de muerte es un legado de la era colonial amparado en vetustas leyes y reservado a personas condenadas por asesinato en virtud de la Ley de Delitos contra la Persona de 1861, robo con agravante en virtud de la Ley de Hurto de 1916 o la Ley de las Fuerzas Militares de 1961, apunta el diario 'Sierra Leone Telegraph'.
Tal y como apuntaron en su momento diputados como Hindolo Moiwo Gevao durante el debate en el Parlamento, varios líderes sierraleoneses habían empleado esta herramienta para eliminar a opositores políticos como Mohamed Sorie Fornah, condenado en los años 70 por traición, o Kula Samba, ejecutada a finales de los años 90.
En todo el Africa subsahariana, el año pasado, los investigadores de la ONG Amnistía Internacional registraron una caída del 36% en las ejecuciones en comparación con 2019, de 25 a 16. Las ejecuciones se llevaron a cabo en Botsuana, Somalia y Sudán del Sur.