Este martes, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia, tendrá lugar una rueda de reconocimiento para identificar a los agentes de policía que participaron en la operación que hace 39 años acabó con la vida de cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA) cuando se disponían a desembarcar en la bocana de Pasaia, tras venir navegando desde Iparralde en una zódiac.
El juzgado ha ordenado que se sometan a reconocimiento los siete agentes de policía a los que en su día identificó Joseba Merino, el único miembro del comando que sobrevivió a la operación policial, que tuvo lugar el 22 de marzo de 1984, al filo de la medianoche. Precisamente, serán Merino y Rosa Jimeno los encargados de identificar a los policías. Jimeno era pareja de uno de los activistas y fue utilizada como cebo para atraer al comando. Días antes había sido detenida, pero la policía no comunicó su arresto y la familia interpuso una denuncia por desaparición.
No habrá que perder de vista la posibilidad de que la huelga de los secretarios judiciales afecte a este caso, tanto en la formación de la prueba reconocimiento como en la celebración de la vista, lo que obligaría a su aplazamiento. Grupos de apoyo a los familiares han convocado una concentración a la entrada de los juzgados.
La cita judicial de mañana es un giro inesperado en esta causa que ha conseguido mantenerse viva cuatro décadas pese a haberse archivado dos veces y avanzado entre el escaso afán investigador de la justicia y la nula colaboración de la policía.
Todas las evidencias e indicios señalan que la conocida como emboscada de Pasaia fue una “ejecución extrajudicial”. Es la conclusión del informe elaborado por la Cátedra de Derechos Humanos de la UPV/EHU por encargo del Gobierno Vasco, cuyo contenido se dio a conocer la pasada semana.
En la síntesis de conclusiones, los autores del informe, entre los que se encuentra Jon Mirena Landa, resumen el periplo judicial del caso: “Las autopsias, la ausencia de pruebas que determinaran el uso de las armas por los cuatro jóvenes acribillados, las evidentes contradicciones en el relato oficial y los testimonios y datos periféricos que las ponen objetivamente en duda, junto a la constante negativa por parte de las autoridades policiales a revelar la identidad de los agentes responsables de ordenar y/o participar materialmente en los hechos, así como sus repetidas maniobras para demorar, obstaculizar y ocultar las informaciones requeridas, en el proceso son todos los factores que acumulan un conjunto de presunciones de hecho que militan abrumadoramente a favor de una operación policial que escala a ejecución extrajudicial”.
La emboscada de Pasaia ocurrió en un tiempo de gran conflictividad política, con la violencia en pleno apogeo. Resulta difícil no vincular la operación policial con el asesinato del senador y miembro del PSE Enrique Casas a manos de los Comandos Anticapitalistas. Su muerte, que ocurrió apenas un mes antes, provocó un impacto enorme en el país, al punto de que la izquierda abertzale “condenó” el atentado, a tres días de las elecciones autonómicas, comicios en los que Enrique Casas encabezaba la lista del PSE por Gipuzkoa.
En la operación policial de Pasaia murieron los azpeitiarras Dionisio Aizpuru y Pedro Mari Isart y los navarros Jose Mari Izura y Rafael Delas. Las autopsias las realizó el forense Paco Etxeberria, que constató un total de 113 orificios de bala entre los cuatro cuerpos, incluyendo postas, munición empleada en la caza y que estaba prohibida. El quinto miembro del comando, Joseba Merino, fue detenido y pasó 17 años en prisión, acusado de participar en el asesinato del Enrique Casas.