Hace 23 años, en diciembre de 2001, la situación económica se volvió insostenible en Argentina. Fue un mes dramático. La crisis que golpeó al país fue letal y el ‘corralito’ bancario ahogó a cientos de miles de familias. Un decreto impedía a los argentinos retirar más de 250 dólares a la semana. Después del estallido social y de las caceroladas contra la crisis económica y los dirigentes políticos, muchos ciudadanos optaron por marcharse del país austral. Lejos del ‘corralito’.
La periodista Silvia Carrizo, de Caleta Olivia, ciudad de la Patagonia, cruzó el océano en 2002 y terminó viviendo alejada de Argentina. En su caso, recaló en Euskadi en edad adulta, “cuando ya no era una piba”, de la mano de los familiares vascos de su marido. Carrizo se mudó concretamente a Zumaia, donde encontró un piso de alquiler, y durante “casi 10 años” regentó una tiendecita de chucherías. Enseguida se empezó a dar cuenta de que, debido a su condición de mujer migrante, había aspectos que no funcionaban adecuadamente. Vio que entre las mujeres latinoamericanas se repetía un patrón parecido: no les preguntaban por su formación y experiencia, sino que directamente se las metía en el cajón de las tareas de cuidados y de limpieza.
Es, subraya, fruto de la “etnoestratificación del mercado laboral”, donde simplemente por nacer en otro lugar y llegar a un país nuevo desaparece todo tu historial académico y profesional. “Las mujeres migrantes pierden todas las referencias cuando llegan acá. Bajas del avión y a nadie le interesa lo que estudiaste. Sos una mujer migrante que vas a trabajar en el sector doméstico y de los cuidados”, explica Carrizo. ¿Sigue ocurriendo esto mismo en la Euskal Herria de 2024? “Sí”, afirma tajante. Y a su afirmación le sigue una reflexión que va acompañada del fantasma del racismo que recorre Europa.
“Tristemente se ha agravado la situación de las mujeres migrantes. Aquí siempre nos habíamos enorgullecido de que esta era una comunidad donde no había tanto racismo ni tanta discriminación como en otros lugares”. Sin embargo, continúa, “últimamente estamos viendo situaciones que han activado las alarmas rojas en Pasaia, Donostia, Irun, Bilbao… En todas partes. No se trata de un hecho aislado, sino de una conducta generalizada. Ocurre con los casos de trata de mujeres y de explotación salvaje: si ha llegado hasta Urola Kosta, se trata de un tema que ha adquirido una dimensión importante”.
Del sofá de su casa a la sede
Silvia Carrizo se expresa con claridad meridiana. Es rotunda. Más que pesimista, se muestra realista. En 2003 constituyó la asociación Malen Etxea, con el objetivo de poder dar apoyo a las mujeres migrantes, que hallaron una red sólida de contacto en la que “encontrarse e intercambiar sus experiencias”. Durante años, el sofá de su domicilio en Zumaia era el lugar en el que se reunían. Malen Etxea ha sido literalmente su casa particular, donde desde el principio ha acogido a mujeres migrantes que buscaban un refugio. Carrizo también estudió Derecho para poder aportar conocimientos legales y jurídicos a la entidad. En la actualidad, cuenta con 200 socias que trabajan “colectivamente” para lograr “la erradicación de todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas a través del fortalecimiento y consolidación de la praxis y la cultura feminista”.
Además de la sede principal en Zumaia (Basadi Auzategia Auzoa, 14), cuentan con dos casas de acogida en Zestoa y Azpetia, que denominan “entornos seguros de migración”, y en las que durante todos estos años cientos de mujeres han podido recibir cobijo y ayuda. Según un informe de la asociación, entre las trabajadoras que prestan un servicio para el hogar en la Comunidad Autónoma Vasca, se encuentran “dadas de alta un total de 11.374” mujeres extranjeras, de las cuales un “90 por ciento son internas”. En su mayoría, proceden de Nicaragua, Paraguay, Bolivia y Honduras. “El trabajo en la modalidad de interna tiene su origen en la concepción clasista y racista de la sociedad”, critican desde la asociación. “Ninguna sociedad democrática puede admitir que existan trabajos de servidumbre las 24 horas”.
Según Carrizo, “solo un 15 o 20 por ciento” de las socias de Malen Etxea tienen unas condiciones laborales dignas. La inmensa mayoría son trabajadoras del hogar y se dedican a los cuidados. “Estamos hablando de que al menos el 80 por ciento de todas ellas no llegan a cobrar el salario mínimo estipulado por ley”, alerta. “Consideramos que la situación de las mujeres trabajadoras inmigrantes en Euskal Herria y en Europa dejan al descubierto el espejismo de la igualdad del estado de bienestar, ya que las tareas que el sistema patriarcal y capitalista impone a las mujeres se trasladan hoy a la trabajadora extranjera”, añaden en Malen Etxea.
Cambio de mentalidad: el objetivo
Según los datos facilitados en su página web, la asociación se financia en un 45 por ciento a través de las aportaciones de otras organizaciones y fundaciones; el 35 por ciento proviene de subvenciones públicas de los ayuntamientos y la Diputación; el 13 por ciento de los ingresos se genera a través de la venta de productos y servicios; y por último, un 7 por ciento de la financiación se consigue gracias a lo que aportan las socias. La ayuda más grande que los ciudadanos vascos pueden realizar, afirma Carrizo, no es económica. Lo que pide la fundadora es un cambio de mentalidad para que la situación de las empleadas del hogar deje de estar invisibilizada y cambie radicalmente.
La conquista de derechos laborales llegará cuando la población vasca “se solidarice con la situación de precariedad de las trabajadoras y no pueda permitir que los cuidados se realicen en régimen de esclavitud. El día que la sociedad vasca la haga suya, cambiará el sistema de cuidados para siempre”. La transformación social llegará gracias a la gente, insiste Carrizo, y se terminará con la “hipocresía” de mirar hacia otro lado cuando tenemos a personas “esclavizadas que viven en un tercer grado permanente y se le restringe el derecho a la libertad”.
Además del racismo común, a Silvia Carrizo le ha tocado ver (y sufrir) el “racismo institucional”, que opera de manera más sigilosa. Según cuenta, la asociación parece no ser “merecedora de una atención suficiente” por parte de nuestros gobernantes. Se explica: “No es que pidamos una relación especial, pero sí entendemos que después de tantos años de trabajo se nos debería prestar una mayor atención”.
¿Por qué cree que, a su juicio, la administración no atiende suficientemente a sus demandas? “A las instituciones no les gusta nuestra agenda”, responde. “Nosotras denunciamos que las ayudas por dependencia se destinan a la explotación laboral de las mujeres migrantes. Muestran una realidad que no les agrada. El trabajo que estas mujeres realizan en los hogares está sustentado por una estructura de esclavitud amparado por el sistema de cuidados vasco”. Y ahí, denuncia, funciona un engranaje “tramposo” y perjudicial para las trabajadoras: las familias acceden a las ayudas por dependencia, contratan a una cuidadora profesional, pero resulta que el contrato, “muchas veces precario, permite en la práctica la explotación, ya que se oficializa la esclavitud de las internas, que trabajan 24 horas al día y nadie controla”.
En el lado positivo de la balanza estaría el empoderamiento de las mujeres y los pasos que se están dando desde distintos ámbitos en promover la igualdad de género. “Estamos en unos tiempos políticos y sociales muy complicados, no hay más que ver cómo está el mundo, pero también es verdad que algunas cosas están cambiando”, admite la fundadora de Malen Etxea.
Compañeras de “hierro”
Junto a su fundadora y coordinadora, Silvia Carrizo, la asociación está formada por una junta directiva encabezada por su presidenta Jessica Guzmán y todo un equipo de compañeras “de hierro” que gestionan el funcionamiento de las casas de acogida, llevan adelante proyectos de sensibilización y detectan las necesidades de las mujeres migrantes en Gipuzkoa, especialmente en la comarca de Urola Kosta. Ofrecen asesoría legal a mujeres extranjeras, atienden a unas 100 mujeres al año, realizan cursos… Su tarea se resume en los siguientes ejes: la justicia social, el trabajo en condiciones dignas, la visibilización de las políticas migratorias excluyentes y el bienestar emocional de las mujeres.
Silvia Carrizo, a la derecha. [Fotos: Pedro Amundarain, Javier Colmenero]