Sin acuerdo en el Parlamento vasco para frenar la subida de la luz

El Parlamento vasco ha debatido este jueves sobre distintas medidas para frenar el aumento de los precios de la electricidad, un asunto que preocupa a todos los grupos que, sin embargo, han sido incapaces de llegar a un acuerdo de mínimos y finalmente no se ha aprobado ninguna iniciativa.

Este debate impulsado por EH Bildu a través de una moción se produce el mismo día en el que el Congreso debate el decreto ley del Gobierno para frenar el precio de la luz que, entre otras cuestiones, recorta los beneficios que obtienen en el mercado las instalaciones que no emplean gas ni usan derechos de CO₂.

Este decreto va a ser apoyado por EH Bildu en el Congreso, mientras que el PNV, según se ha desvelado durante el debate en la Cámara vasca, se va a abstener porque aunque comparte algunas de las medidas considera que se abocará a las empresas a unos costes energéticos que podrían repercutir en el empleo y provocar más ERTE.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya consideró ayer que la solución de recortar los beneficios a las eléctricas es "simplona" e impacta en las empresas consumidoras que además tienen que asumir la escasez de materias primas y sus elevados precios.

En el pleno del Parlamento vasco se ha votado una enmienda transaccional de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU que solo han apoyado estos grupos y una enmienda a la totalidad de PP+Cs únicamente respaldada por este grupo. Ambas han sido rechazadas y la Cámara se ha quedado en silencio ante un problema que afecta a consumidores y empresas. Vox no ha participado ni en el debate ni en la votación.

El enfrentamiento más enconado ha sido entre el PNV y EH Bildu. El parlamentario de la coalición soberanista Mikel Otero ha acusado a los nacionalistas de estar a favor de las grandes eléctricas, especialmente de Iberdrola, y el jeltzale Unai Grajales ha replicado que Euskadi no es competente en esta materia y que este problema es "mundial".

Otero ha considerado un "expolio" el precio de la electricidad y ha denunciado la "guerra" que han abierto las eléctricas cuando se ha propuesto recortar sus beneficios "ilegítimos".

Ha criticado que el Gobierno vasco haya propuesto que el Estado elimine de la factura eléctrica todas las tasas, y que asuma su coste directamente, algo que según Otero supone que todos los ciudadanos paguen una subvención de la tarifa para la industria.

En el mismo sentido se ha posicionado David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU, quien ha denunciado la defensa del PNV del oligopolio energético que está "chantajeando" al Gobierno.

El nacionalista Unai Grajales ha defendido una estrategia para defender a la industria ante los altos precios energéticos porque ponen en peligro el empleo y ha advertido de que si las eléctricas repercuten sus pérdidas a los clientes industriales se va a generar un grave problema.

Grajales no ha mencionado en su intervención las medidas que proponían EH Bildu y Elkarrekin Podemos en su transaccional y ha señalado que las instituciones vascas están trabajando "para atender las necesidades de la ciudadanía".

Desde el PSE, Alberto Alonso ha reconocido que comparte más o menos con EH Bildu el diagnóstico de la situación pero ha recalcado que desde el primer minuto el Gobierno de Pedro Sánchez ha adoptado medidas para afrontar el problema.

El grupo PP+Cs ha propuesto en su enmienda que el Gobierno Vasco garantice las prestaciones económicas para los colectivos más vulnerables por el aumento del precio de la luz, y ha instado al Gobierno central a modificar la ley del impuesto sobre el valor añadido para hacer permanente la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 10 %, entre otras medidas.

La enmienda transaccional de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU que no ha salido adelante planteaba, entre otras cuestiones, el aumento de las partidas destinadas al fomento del autoconsumo y de las comunidades energéticas, un estudio para la creación de una empresa pública que actúe como comercializadora eléctrica, y ampliar la cuantía de las ayudas de emergencia social para que los más vulnerables puedan afrontar el incremento de precios.