La mala relación de Felipe González con los presidentes del Gobierno socialistas que le han sucedido, primero José Luis Rodríguez Zapatero y después Pedro Sánchez, es una de esas circunstancias que aportan sal y pimienta a la actualidad política cada cierto tiempo. Como el enfrentamiento entre un jarrón chino y un juego de vidrio soplado como el que se regaló a las primeras damas y los primeros caballeros la semana pasada durante la cumbre de la OTAN. Ayer, González tuvo ocasión de lanzar otra puya al actual Gobierno de coalición a cuenta de la Ley de Memoria Democrática, que encara su aprobación en el Congreso gracias a los apoyos del PNV y EH Bildu. “No lo he visto, cuando lo vea les diré, pero sonarme no me suena bien”, dijo.
De la negociación de este proyecto de ley, que vendrá a sustituir a la Ley de Memoria Histórica que impulsó Zapatero en 2007, llama la atención el acuerdo alcanzado con Bildu para ampliar su ámbito de aplicación hasta cinco años después de la aprobación de la Constitución en 1978. Eso abre la puerta a reconocer como víctimas de violaciones de derechos humanos los casos hasta 1983, lo que incluye a quienes sufrieron torturas o fueron objeto de la guerra sucia contra ETA hasta el primer año de gobierno de Felipe González.
En concreto, la ley insta al Ejecutivo a crear, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas “por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983”. Ese estudio deberá recoger “posibles vías de reconocimiento y reparación”.
Después de que esta ley saliera adelante el lunes en la Comisión Constitucional, tras lo que será sometida a votación en un Pleno del Congreso la semana que viene para recalar después en el Senado, fuentes de Moncloa salieron a la palestra para matizar el aspecto temporal de la norma. Aseguraron que las investigaciones judiciales llegarán hasta 1978, como hasta ahora, y que la extensión de un lustro se refiere al estudio de casos de vulneraciones para acometer el mencionado reconocimiento y reparación. Felipe González tuvo ocasión ayer de pronunciarse sobre un acuerdo de su partido para escarbar en uno de los pasajes más oscuros de su mandato, el de los GAL, y fue contundente: no ha escuchado la canción pero ya puede adelantar que no le gusta la melodía.
Aznar, un “disparate”
González coincidió con su otrora enemigo íntimo, José María Aznar, que calificó de “disparate” la nueva ley, entre otras cosas porque es un proyecto “hecho y pactado con terroristas”. El expresidente del Gobierno del PP, que al igual que González participó ayer en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, se dirigió a Moncloa para trasladarle que “no puede haber dos lealtades”. “O se es leal a la Constitución, o se es leal a Bildu, pero no se puede ser leal” a ambos, dijo. “Cuando un Gobierno pacta con el grupo que representa al terrorismo que se investiguen crímenes hasta diciembre de 1983, eso significa tener la casa muy en desorden”, concluyó. l