Sortu defiende que “no hay delito” en la causa abierta con motivo de los homenajes a los presos de ETA y sostiene que se trata de “otro caso de lawfare que busca desgastar al actual Gobierno español”. El abogado Aiert Larrarte, junto a los procesados y miembros de la dirección de Sortu Haimar Altuna y Oihana San Vicente, consideró ayer en Donostia “absurdo” que se mantenga abierta esta causa ya que, según subrayan, los ongietorri son una “cuestión del pasado”.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a seis personas, en su mayoría antiguos miembros de ETA, como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo por la organización de 120 actos de homenaje a presos entre 2016 y 2020.
Las peticiones de pena contra estos seis imputados son de hasta nueve años de prisión, reclamados por la AVT, que ejerce la acusación particular junto con Dignidad y Justicia y el PP, explicó el abogado de los imputados. La Fiscalía pide por su parte 5 años y 7 meses de cárcel. Larrarte defendió que “aquí no existe ningún delito”, tampoco de humillación a las víctimas.
“Estamos hablando de libertad de expresión y del enésimo intento de criminalización de un partido político. Y de la intención de volver a llenar las cárceles, en lugar de vaciarlas”, denunció. Altuna y San Vicente, por su parte, aseguraron que los recibimientos públicos a los reclusos de ETA son “cosa del pasado” y “un escenario ya superado”.
A esta denuncia se sumó EH Bildu, que censuró que “detrás de esta clara operación contra la convivencia y la paz” se encuentra “el Estado profundo y todos aquellos sectores políticos, judiciales y policiales que creen en riesgo el régimen del 78” y que impulsan esta “clara voluntad de retroceder al pasado”.