Stop Desahucios: "El Código de Buenas Prácticas Bancarias se ha quedado inservible por la subida del Euribor"

Elena cobra la RGI; Mercedes y José Ramón reciben una pensión complementada por la RGI ya que él tiene una discapacidad de entorno al 95%; José y Narcisa, con una hija a su cargo, trabajan pero su sueldo no les llega para afrontar la hipoteca de su vivienda; y Leyre es madre soltera de una niña menor de edad. Todos ellos tienen en común que son familias vulnerables, que adquirieron una vivienda en plena burbuja inmobiliaria y que hoy en día no pueden afrontar las cuotas que les pide el banco.

La subida del Euribor ha puesto en la cuerda floja a muchas familias guipuzcoanas, especialmente, a quienes están en una situación de vulnerabilidad. Hasta ahora estas familias podían acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias que, aunque con requisitos muy estrictos, les permitía un desahogo ya que podían beneficiarse de una carencia de 5 años, durante los que su cuota se limitaba a los intereses (calculados en base al Euribor -0,10%). 

Sin embargo, Stop Desahucios denuncia que la "escandalosa subida" del Euribor, que se sitúa en el 4,25%, ha provocado que estas familias no puedan hacer frente ni siquiera a las cuotas de ese periodo de carencia. Por poner un ejemplo, en el caso de Elena Pando, durante la primera carencia su cuota era de algo más de 16 euros. Ahora, al pedir una segunda carencia, las cuotas se han "disparado" hasta superar los 700 euros. Como su caso -ella está cobrando una RGI de 800 euros- supondría destinar a la vivienda más del 50% de los ingresos, el banco le ha denegado esta segunda carencia. Lleva 4 meses sin poder pagar las cuotas de su hipoteca. Cuando lleve 12 recibos impagados, el banco puede interponer una demanda de ejecución hipotecaria para subastar su vivienda y, por tanto, desahuciarle.

Temen que los casos se incrementen

Stop Desahucios advierte que el número de casos en Gipuzkoa puede ser mucho mayor. Por un lado, dicen, "hay muchas familias que, por miedo o por vergüenza, no piden ayuda". Y, por otro lado, al colectivo de familias vulnerables habrá que sumar, alerta la plataforma, a "quienes hasta ahora han venido pagando a duras penas sus cuotas pero que, con el incremento del Euribor, se han encarecido de tal manera que no podrán seguir haciéndolo". Stop Desahucios cree que cuando estas familias soliciten acogerse a la carencia de 5 años, incluida en el Código de Buenas Prácticas Bancarias, "muchas de ellas se encontrarán con que se les deniega por rebasar los requisitos".

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, explica que esos requisitos marcan, por ejemplo, que el precio de compra de la vivienda no supere los 300.000 euros "cuando Donostia es, junto a Madrid y Barcelona, una de las ciudades en las que el precio por metro cuadrado es más alto". Otro de los requisitos es el tope de ingresos de la unidad familiar que debe oscilar, como mucho, entre los 25.200 y los 29.400 euros brutos anuales. "Son requisitos marcados para todo el Estado Español y no tiene en cuenta que en Euskadi el nivel salarial es mayor".

Por ello, piden que se flexibilicen estos requisitos, para que un mayor número de familias puedan acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias. Y que se cambie la fórmula que calcula las cuotas durante el periodo de carencia, que se pase de ese Euribor -0,10% a un "Euribor -2 puntos o menos una escala que dependa de la oscilación de ese índice, con el objetivo de que las cuotas sean más asequibles para las familias vulnerables".

Comparecencia en el Parlamento Vasco

Conscientes de que el reglamento que regula ese Código de Buenas Prácticas Bancarias es estatal y, por tanto, Euskadi no tiene competencia para cambiarlo, los voluntarios de Stop Desahucios piden "a los partidos políticos vascos que están negociando en Madrid la investidura de Pedro Sánchez" que presionen para que se dé ese cambio.

Por otra parte, van a solicitar una comparecencia urgente ante la Comisión de Vivienda del Parlamento Vasco para poder explicar "esta tragedia habitacional y la dramática situación que afecta a cada vez más familias hipotecadas vascas". Además, le pedirán a la cámara vasca que aplique en la CAV la declaración institucional que fue aprobada el pasado mes de marzo en las Juntas Generales de Gipuzkoa por la que instan a las entidades financieras del territorio a "flexibilizar los estrictos requisitos del Código de Buenas Prácticas Bancarias para evitar que las familias vascas puedan caer en mora por no poder afrontar las cuotas hipotecarias y la posibilidad de una demanda de desahucio".